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La UCO confirma el enchufismo del PSOE en la Fundación de la Junta contra el paro

Ningún partido pide una comisión de investigación en el Parlamento andaluz.

Ningún partido pide una comisión de investigación en el Parlamento andaluz.
Susana Díaz preside una reunión del PSOe andaluz | Archivo

La Fundación Andaluza del Fondo de Formación para el Empleo (FAFFE), conocida popularmente como el "fondo de formación", era una agencia de colocación al servicio de la izquierda andaluza nucleada sobre todo en torno al PSOE andaluz y los sindicatos UGT y CCOO. Llegó a tener 1.870 empleados en 2010 y la mayoría de ellos fueron contratados de forma irregular y centenares de ellos eran exalcaldes, militantes socialistas y/o familiares de personas relacionadas con PSOE y sindicatos.

El dato no es nuevo. De hecho, Libertad Digital ha venido publicando desde 2008 diferentes informes sobre el enchufismo en la FAFFE. Por poner un solo ejemplo, el año pasado informamos de que la Junta colocó irregularmente a 8.844 personas en dos años y medio vía FAFFE.

Los datos procedían de la auditoría oficial realizada sobre la Fundación el 28 de julio de 2016 en el marco de la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz para el caso del fraude de la formación. Pero a comienzos de 2017, seis meses después, los partidos políticos andaluces de la oposición seguían sin 164 folios de los 220 del total y, al igual que ahora, si quieren estos datos tienen que ir a copiarlos a mano.

Ahora, narra ABC que es la Unidad Central Operativa (UCO) la que confirma que la FAFFE funcionó como "una agencia de colocación" para el PSOE andaluz en un atestado entregado el pasado 7 de junio al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga a la FAFFE.

El informe de 701 páginas recoge los testimonios de 56 antiguos empleados y analiza los procesos selectivos, así como una auditoría encargada por el Gobierno andaluz que reveló que habían sido contratadas irregularmente 8.844 personas entre 2009 y 2011. Del atestado oficial se dedica que la FAFFE era una Fundación para lucha contra el paro, pero, sobre todo, para aquellos que tenían relación con el PSOE y los sindicatos.

Según la UCO, su investigación "permitiría confirmar, indiciariamente, la vinculación, directa o indirecta, de más de 200 empleados con diferentes fuerzas políticas y sindicales", principalmente con el PSOE.

Es más, cuando la Fundación fue liquidada por la Junta, el personal colocado en ella no fue a las listas del paro, sino que los 1.291 trabajadores que aún quedaban fueron recolocados y/o subrogados en otra agencia pública dedicada al empleo y a la gestión de las oficinas del paro. Además, lo hizo de forma fulminante, en un solo día. El 2 de mayo de 2011 estos empleados colocados de manera irregular formaban parte de la plantilla de la FAFFE y al día siguiente ya eran empleados públicos del SAE.

A pesar de todo lo cual, ningún partido político andaluz ha formalizado una solicitud de apertura de una comisión de investigación para que desfilen testigos y enchufados por el Parlamento andaluz.

Anomalías y enchufismo generalizado

Puede resultar curioso, pero la Junta subvencionó con más de 16 millones de euros a la Fundación que acababa de liquidar y, según la Fiscalía Superior de Andalucía, la FAFFE tenía un volumen de dinero subvencionado de cerca de 50 millones de euros, dinero que no había justificado ni antes ni después de desaparecer. La Junta le dio a FAFFE nada menos que 100 millones de euros en 2009.

Mercedes Alaya instruyó el caso judicialmente y ahora hace lo propio su sucesora, la juez Núñez Bolaños que ha imputado a 23 personas. El caso más llamativo es el conocido como el de la tarjeta sex black, usada por su exdirector general, Fernando Villén, en el club de alterne Don Ángelo´s de Sevilla. Villén, además, había colocado a varios familiares directos en la estructura de la FAFFE.

La Guardia Civil ha consignado la confesión de Julio Pérez López, que en 2007 fue ascendido a jefe de la Dirección de Actividad de la FAFFE, integrado ahora en el Servicio Andaluz de Empleo, que ha reconocido el enchufe de su mujer, como auxiliar administrativa; de su hermano; de su cuñada (durante un tiempo), y de un sobrino como docente.

Recuerda el diario mencionado que el exdiputado autonómico socialista Ramón Díaz Alcaraz, imputado por, presuntamente, haber colado a un intruso ligado al PSOE de Sevilla en el ERE subvencionado por la Junta a la empresa A Novo Comlink, figuraba en la plantilla de la FAFFE. También su hijo, Ramón Díaz Elena, así como Casto Márquez y Florentina González, exdirigentes de la agrupación socialista del distrito sevillano de Alcosa, de la que este político era secretario general.

El exconcejal del PP de Camas (Sevilla) Eduardo Cabeza Rodríguez fue colocado en un centro de La Rinconada, perteneciente a la FAFFE, mes y medio después de protagonizar un episodio de transfuguismo al prestar su voto al candidato socialista, Rafael Recio, para arrebatar a IU la Alcaldía.

Alfonso Blanco, que era miembro del gabinete del consejero de Empleo, presumía de su amistad con Juan Bouza, exdelegado de Empleo en Cádiz, según un testigo confesó a la UCO. Casto del Rosario "manifestaba que era amigo del exconsejero de Empleo José Antonio Viera", acusado por el caso ERE.

Pero no queda ahí. Se constató desde 2012 que dos sobrinas de Gaspar Zarrías y cuatro del condenado en el caso Mercasevilla, Antonio Rivas, exdelegado de la Junta en Sevilla, encontraron trabajo en la Fundación, ahora Servicio Andaluz de Empleo.

Además, hubo un sobrino de Luis Pizarro, exconsejero de la Junta y ex número 2 del PSOE-A, integrante destacado del clan socialista de Alcalá de los Gazules. Se llama Jairo Pizarro. Eugenio Pizarro Moreno, otro sobrino de Luis Pizarro también encontró trabajo en el Fondo Formación. Libertad Digital ya publicó la espesa red tejida por Los Pizarro en las instituciones.

Otro sobrino de José Luis Blanco, un histórico del PSOE en Cádiz que, entre otros cargos, fue consejero de Medio Ambiente, y pertenece también al clan de Alcalá, también tuvo acomodo en el ente. También hubo dos familiares del exconsejero de la Junta y exmiembro de la Ejecutiva Federal del PSOE Alfonso Perales, fallecido en 2006.

Una hija de Manuel Brenes, que fue alcalde de Arcos y pasó a ocupar cargos en la Junta, como el del delegado provincial de Educación, igualmente tiene trabajo en dicho entramado.

Además, trabajó en la agencia del SAE procedente de la Faffe un hijo de Petronila Guerrero, senadora del PSOE y ex presidenta de la Diputación de Huelva También una hermana de Juan Antonio Martínez Troncoso, exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla.

Del PSOE de Granada, por ejemplo, está la hija del actual alcalde de Freila, Abelardo Vico (PSOE), y la hermana de Francisco Javier Aragón Ariza, ex alcalde de Las Gabias hasta 2007, exdelegado provincial de Medio Ambiente (2008-2012) y diputado andaluz del PSOE por Granada. Además, en el mismo Servicio trabaja el hijo de Ramón Díaz, exparlamentario andaluz, así como el hermano del presidente de la Diputación de Jaén y secretario provincial del PSOE jiennense, Francisco Reyes.

Y sigue la lista

Por ejemplo, Carmen Ibanco García, colocada en la FAFFE, era la esposa del exconsejero de Vivienda de la Junta y actual alcalde de Sevilla, Juan Espada. Isabel Torralbo fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento del municipio cordobés de Adamuz y trabajó también en la antigua FAFFE desde que se constituyó.

También trabaja en el SAE subrogada de la antigua FAFFE la exconcejala socialista en el Ayuntamiento jiennense de Andújar Leonor Lázaro Benavente, que ocupó un asiento en la oposición iliturgitana en la legislatura 2003-2007. Francisco Álvarez Martínez fue concejal entre 2007 y 2011 del Ayuntamiento de Guadix por el PSOE y trabaja en la Agencia del SAE procedente de FAFFE.

José Antonio Montesinos, del municipio cordobés de Aguilar de la Frontera; Natividad Isabel García, teniente de alcalde en el municipio cordobés de Palma del Río; y José Francisco Tapia, de la localidad almeriense de Macael, que es además líder local de Juventudes Socialistas desde 2010 son asimismo colocados de la FAFFE.

Otras tres empleadas de la antigua FAFFE, que siguen en el SAE, formaron parte de listas electorales del PSOE: Ana Isabel Lozano en la candidatura de Córdoba; Pilar Benítez en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra en las últimas municipales; y María del Rosario Sotillo en la localidad sevillana de Camas.

Entre los dirigentes socialistas está Manuel Aguilar, que ha sido coordinador regional de la secretaría de empleo del PSOE de Andalucía, secretario de empleo del PSOE de Córdoba y actualmente coordinador del área de Economía y Empleo en Córdoba, según la web socialista.

También Rosa Alcaide, del PSOE del municipio cordobés de Almodóvar del Río, y María Isabel Crespo, del PSOE de la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor.

Igualmente, hay dos trabajadores procedentes de la antigua FAFFE ahora integrados en el SAE con puestos relevantes en la agrupación del PSOE Julián Besteiro de Sevilla: Natalia Buzón y Mustapha El Karkri.

Además, hay tres miembros de la Agrupación del PSOE Sevilla Este, Torreblanca y Alcosa: Florentina González, Casto Márquez y María Dolores Mateos.

Otra ex dirigente del PSOE que trabaja en el SAE es Verónica García Rodríguez, que sigue ligada activamente al partido, aunque ya no es secretaria de turismo y deportes de la comisión ejecutiva de Almería.

Y exalcaldes socialistas

En cuanto a exalcaldes del PSOE se encontraban en el listado de la antigua FAFFE. Los cuatro exalcaldes socialistas son Antonio Torres, de la localidad sevillana de Lebrija; Manuela Romero, de Coria del Río, también en Sevilla; Francisco Aguilera, exregidor del municipio sevillano de Montellano; y Santiago Jesús Castro, exalcalde de la localidad cordobesa de Espejo.

La FAFFE sirvió hasta para "pagar" a un tránsfuga del PP

El caso de Eduardo Cabeza, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Camas, símbolo del poder socialista en la periferia sevillana, es llamativo. Su contribución a que el PSOE recuperara la alcaldía fue retribuida con un puesto en la FAFFE.

En el sumario del caso que instruye el Juzgado 6 de Sevilla, cuenta El Mundo que hay indicios suficientes para concluir que la Fundación fue utilizada para el pago de favores políticos, como fue el caso mencionado.

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