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La Guardia Civil embarga a 50 etarras para pagar los daños que causaron sus atentados

Idoia López Riaño, conocida como la Tigresa, es una de las veteranas terroristas que tenía ingresos y no estaba saldando sus deudas con el Estado.

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Agentes de la Guardia Civil. | EFE

Agentes de la Guardia Civil están desarrollando este jueves una operación policial contra 50 etarras condenados por diferentes actos y que hasta ahora no habían hecho frente a la responsabilidad económica de sus delitos, que fue adelantada a las víctimas por el Estado pero que deberían haber empezado a resarcir a la Hacienda Pública en cuanto abandonaron el centro penitenciario en el que cumplían condena y empezaron a trabajar.

Fuentes policiales consultadas Libertad Digital han explicado que entre los etarras embargados hay veteranos pistoleros de ETA con múltiples asesinatos a sus espaldas, como Idoia López Riaño, conocida como la Trigresa, o Mercedes Galdós Arsuaga, conocida como Bitori.

Las pesquisas de los investigadores les permitió comprobar cómo numerosos miembros de ETA y su entorno, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas y que según fuentes policiales suman más de ocho millones de euros, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer las referidas obligaciones.

Ante estos hechos, se ha procedido al bloqueo y embargo de más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras y se ha actuado contra la nómina de una treintena de etarras, que han resultado ser asalariados. Para ello, se ha notificado a las empresas en las que trabajan a fin de que se les retenga la parte de la nómina que supere el salario mínimo interprofesional.

También se han identificado 14 propiedades inmobiliarias, entre las que figuran viviendas en propiedad de los etarras, locales comerciales y plazas de aparcamiento ubicadas en País Vasco, Navarra y La Rioja. El Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si no se ha pagado la deuda.

Por último, se han retirado con grúa de la vía pública cuatro vehículos, entre los que se encuentra una autocaravana.

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