Mientras Antonio Jesús Mena Calvente, exdirector del Área de Planificación y Seguimiento en la Consejería de Presidencia entre los años 2003 y 2008, negó el martes que desde el gabinete de Presidencia de Manuel Chaves se pidiera "arreglar" el caso de la empresa Bilore, de Lucena, la trabajadora de la empresa Surcolor Manuela Hurtado Navarro testificó que Griñán lo sabía todo porque ella le mandó tres cartas con explicaciones detalladas.
El primero, a instancias de la Fiscalía, dijo que el fax lo remitió el 12 de febrero de 2004 al jefe de gabinete de la Consejería de Empleo, Carlos Márquez. Además de adjuntar una carta de los trabajadores de la empresa Bilore, el fax advertía que "en fecha próxima se visitará -por Chaves- la ciudad de Lucena, por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada para evitar encontrarnos ante la situación de ayer"(se refiere a un altercado ocurrido en Osuna ciudad a la que se desplazaron los trabajadores de la empresa afectada).
Mena ya declaró ante la Guardia Civil en 2012 que el fax no era una orden que equivaliera a un "haga usted esto", sino que es "una expresión genérica", como la "coletilla" usada en otros documentos de "por indicación del Excelentísimo Señor Presidente...".
El exdirector general Francisco Javier Guerrero, sin embargo, declaró que él había interpretado el fax como un escrito del "gabinete de la presidencia de Manuel Chaves" donde se le conminaba a resolver el problema. Lo dijo de este modo: el fax fue un mensaje para que "solucionara sí o sí lo de Bilore, porque al día siguiente Chaves iba a un acto político".
Mena Calvente añadió que en la carta que los trabajadores de Bilore le entregaron a Chaves se apuntaba que Guerrero había tenido varias reuniones con la empresa y que querían que el exdirector general de Trabajo le explicará el contenido de las mismas, pidiendo al expresidente andaluz que intermediara.
Este miércoles declararon los trabajadores de Bilore que, tras intentar reflotar la empresa, decidieron pedir ayuda a la Junta. Se lo pidieron a Chaves, cuando visitó Lucena acompañado de José Antonio Griñán y el exconsejero Fernández, y a Guerrero.
El exdirectivo de la mediadora Vitalia Jesús Bordallo, testificaron, "nos llevó todos los papeles a Lucena" para que nosotros firmáramos. "Vino de parte de Guerrero" que ha señalado que recibía, tras la prejubilación, una cantidad mensual, así como ellos "no" eligieron la compañía de seguro con la que suscribieron la póliza para el cobro de la prejubilación. Todo fue consecuencia de un plan de prejubilación que "movió el sindicato UGT" para diez trabajadores, con el requisito de devolver el dinero recibido desde el Fondo de Garantía Salarial.
Griñán lo sabía todo
También se produjo este miércoles la declaración como testigo de Manuela Hurtado Navarro, extrabajadora de Surcolor e incluida en un ERE, quien ya prestó declaración en fase de instrucción y aportó documentación de los escritos que había enviado trasladando su situación a la Junta o al Defensor del Pueblo, así como las respuestas recibidas.
Cuando compró la empresa Antonio Manuel Bustamante León, a ella y a 23 compañeros decidieron despedirlos. En 2006 salió de la empresa en un ERE, reconociendo posteriormente el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) que los despidos eran "improcedentes".
Tras esto, firmó una "póliza" para el pago de indemnizaciones por el despido, por la que se le reconoce 56.000 euros, unos 52.000 euros de la póliza y unos 1.600 del finiquito. En este sentido, ha señalado que en el "proceso de su jubilación" participó el nuevo dueño de la empresa, el exdirectivo de Vitalia Jesús Bordallo y un representante de CCOO.
Nunca supo que el dinero de la póliza la pagaría la Junta, sino que se entera de "todo" cuando se pone en contacto con Juan Ignacio Zoido, por entonces en el Ayuntamiento de Sevilla, por los impagos que sufre y en la respuesta le explican la situación en la que está inmersa.
Lo curioso de su declaración es que Hurtado Navarro se puso en contacto en 2010 con el entonces presidente de la Junta, Griñán, con el exdirigente de IU Diego Valderas, con el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, con Susana Díaz y con el Defensor del Pueblo Andaluz, quien le contestó que "era un problema de extrabajadores".
Griñán, según la testigo, le respondió que "tenía la agenda muy apretada y no nos podía atender", pero, dejó caer que el expresidente "lo sabía todo, todo, todo". Y añadió que "la palabra "Junta" era "prohibida" para los sindicatos, que me crucificaron por moverme y porque no les interesaba que denunciara", ha añadido.