Desde el principio, el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, no se olvida de que el exalcalde asimismo de El Pedroso, en la Sierra Norte sevillana, fue considerado y señalado como uno de los famosos "cuatro golfos" que definiera el expresidente de la Junta, Manuel Chaves.
Guerrero, el Interventor General de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, y los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández aparecieron ante la opinión pública impulsados desde la Junta como los chivos expiatorios perfectos. Pero acaba de salir la sentencia del caso Gürtel y un escalofrío parece haber recurrido el horizonte penal de todos ellos. El primero en reaccionar, el mismo día de conocerse la sentencia, ha sido Francisco Javier Guerrero.
En una entrevista destinada a llegar a toda España puesto que se la concedió a la Agencia EFE el pasado viernes día 25 de mayo, Guerrero ya ha dado algunas claves de que no está dispuesto a cargar con el mochuelo de los ERE y es preciso subrayar algunas de las claves que ha introducido en dicha entrevista.
La primera es afirmar que el sistema para conceder y pagar las ayudas investigadas no lo montó él, lo hizo la Junta de Andalucía, y su "poder de decisión" era dar o no una ayuda "pero cómo darlas, no". Guerrero asume que "el que firma es el que paga" y con su firma concedió 567 millones en ayudas, pero dice que usó "el procedimiento del que nos habíamos dotado en la Junta de Andalucía", que considera "absolutamente legal y transparente".
Asegura ahora que se basaba en la orden del Ministerio de Trabajo de 1995, que nunca antes mencionó en todo el proceso judicial original ,y que el famoso convenio marco del año 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el ente público IFA –luego IDEA– era el "regulaba que existían las ayudas y cómo se iban a pagar".
Por si no quedara claro, apostilló que "el convenio tiene la firma de Viera y Fernández, pero yo no sé quién lo redacta o quién decide que se haga, yo sé que a mí se me dice un día a partir de aquí este es el modus operandi. Pues ya está, sí bwana", afirma. Sin embargo, salva a Manuel Chaves diciendo que el presidente "no es el niño de los mandados y no tiene que saber el trabajo que hacemos todos".
Sin embargo, ironiza con que "ahora nadie sabe nada" pues "que las daba la Dirección General de Trabajo y que se pagaban a través del IFA eso lo sabía todo el mundo", y el método como tal "se establece en la Consejería de Empleo o entre varias consejerías, se establece en el organigrama de los consejeros que se ven afectados por el tema" ya que las ayudas se otorgaron en sectores diversos. Pero eso Guerrero sabe que es imposible a menos que Presidencia de la Junta lo conociera. "No sé si lo sabían, lo que no quiero es responsabilizar a nadie de la gestión de una consejería", subrayó.
Más aún, con toda claridad reconoce que el nuevo sistema irregular de las ayudas fue consecuencia de los reparos de la Intervención de la Junta por usar al IFA para pagarlas y eludir la fiscalización previa. "¿El interventor es Dios?", cuestionaba Guerrero al preguntarle por los reiterados avisos sobre lo "inadecuado" del sistema, y deja claro que había que resolver situaciones urgentes de trabajadores y empresas "que tienen que depender de este sistema, no de que a usted como interventor le dé lo mismo firmarlo hoy que dentro de cuatro meses" y que "eso el interventor lo podía entender o no".
Pero Guerrero no pudo explicar con claridad por qué las ayudas públicas no fueron publicitadas para que todo el mundo que quisiera recurriera a pedirlas. Según él, las pedían "colectivos de la mano de los sindicatos, de los empresarios o gente que se había enterado individualmente". Y concluye: ""Las ayudas están ahí, que usted se entere o no es otro lío".
Destrucción de documentos por la Junta
Ante la evidencia de que faltan papeles de todo tipo que justificaran las ayudas que se dieron, el ex director general de Trabajo reitera su denuncia que ya subrayó que tras su salida de la Junta y al saltar el caso sus sucesores en la Consejería de Empleo "se acojonan" y "se ha destruido documentación" de los expedientes de las ayudas que dio.
Guerrero, al que se le piden 8 años de cárcel por crear o mantener un sistema irregular de ayudas que manejó arbitrariamente 850 millones de euros en un década –recuérdese que a Luis Bárcenas, en el caso Gürtel se le ha condenado a 33 años de prisión–, asegura que "se ha destruido documentación" pues cuando cesó sus expedientes "estaban intactos".
"Yo he sido funcionario de carrera desde los 20 años, ¿sabré cómo se conforma un expediente administrativo? ¿A mí me van a contar qué tenía que tener? Lo que yo no sé es qué ha pasado con los expedientes administrativos, tengo alguna sospecha", afirma rotundo aunque dice no saber quién, pues si lo supiera "lo diría".
No obstante, señala a la presidencia de José Antonio Griñán y sus consejeros cuando expresa: "La Dirección General y la Consejería que sucedió a Antonio Fernández se acojonan pues destruyen documentación, no tengo ninguna duda, no está la documentación que estaba en los expedientes". A Fernández le sustituyó en 2010 Manuel Recio, con Daniel Rivera como director de Trabajo –ambos fueron investigados en la causa que finalmente se archivó para ellos– y al estallar el caso, la Consejería de Empleo hizo una revisión de expedientes.
Lo que dice Guerrero sobre la destrucción de pruebas fue contradicho en el juicio por un investigador de la UCO que afirmó que no se destruyó documentación pero sí se completaron expedientes aunque admitió se "retiró información comprometida".
Como responsables de aquella manipulación de expedientes, Guerrero ha dado dos nombres: María José Rofa, exasesora que entró en la Dirección de Trabajo tras su marcha en 2008 de la mano de su sucesor Javier Márquez, y el director de Trabajo de 2010 a 2012, Daniel Rivera, de quien dice que le "parece mentira" que fuera excluido de los acusados cuando "fue uno de los autores de que se hiciera una revisión de toda la documentación".
Precisamente Rofa, que declara hoy en el juicio y que es una testigo, habló de desorden y caos en la Dirección de Trabajo cuando llegó ella en 2010, pero Guerrero se pregunta "qué hace la señora Rofa analizando expedientes del año 2003 para llevarlos al juzgado. "Yo no investigué ningún expediente de mi antecesor y esta señora por qué está investigando mis notas particulares de los expedientes", añade. Además, declara también hoy en calidad de testigo el exconsejero Manuel Recio.
Lo que hasta ahora ha dicho María José Rofa
"La mayoría de las veces", el consejero, el viceconsejero o el director general del ramo no tenían en cuenta las propuestas de pagos elaboradas por los técnicos y "decidían otras de forma discrecional o para evitar algún conflicto". Rofa también puso de manifiesto que, de una ayuda, "a veces había hasta tres expedientes distintos".
Pero la clave esencial de su testimonio y por lo que fue una casi "testigo protegida" por la juez Alaya es por haber certificado que el gobierno de Griñán, que sucedió al de Chaves, conocía perfectamente la irregularidad del procedimiento hasta tal punto que lo modificó oscuramente en 2010.
Buenaventura Aguilera, tras la llegada de José Antonio Griñán a la Presidencia de la Junta de Andalucía, fue promocionado a director general de Presupuestos y a los 45 días de su toma de posesión dictó la instrucción interna 1/2009 que hacía desaparecer del presupuesto "la partida fraudulenta" que permitió pagar subvenciones sin ningún tipo de control durante más de una década. La juez Alaya, a pesar de la obstrucción de la Junta, consiguió dicha instrucción gracias a María José Rofa. Era una de las piezas claves de caso ERE que mostraba el modus operandi del caso.