El riesgo de fuga –agravado por el dinero negro que conservarían oculto– adelanta la entrada en prisión de Luis Bárcenas, Guillermo Ortega y Alberto López Viejo. Son los condenados a las penas más altas: 33 años y cuatro meses de cárcel para el extesorero del Partido Popular, 38 años y tres meses para el exalcalde de Majadahonda y 31 años y 9 meses para el exconsejero madrileño. La Sección Segunda de la Sala Penal cita para el próximo miércoles a las otras doce personas que han comparecido para notificarles la resolución que hayan adoptado. Se esperan para ellos, entre otros la mujer de Bárcenas, cautelares menos gravosas.
El Tribunal del caso Gürtel decidía si los condenados por la Época Primera de la trama ingresan en prisión de forma preventiva, antes de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos y haga firme la sentencia. La Sección Segunda de la Sala Penal ha citado a 15 de las 29 personas señaladas como responsables de la red de corrupción. Ha practicado desde las 10:30H, atendiendo la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Lecrim en relación a las medidas cautelares. Eran 16 los llamados en principio, pero el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha ordenado la entrada en la cárcel de Isabel Jordán por el caso Fitur.
La Fiscalía había solicitado la medida más grave, la prisión incondicional comunicada y sin fianza, para todos los comparecientes, con tres excepciones. Pedía la retirada del pasaporte a Jesús Merino (tres años y siete meses), exdiputado del Partido Popular en Segovia y uno de los hombres fuertes del grupo en Castilla y León; a la esposa y el exasesor de Alberto López Viejo, Teresa Gabarra (cuatro años) y Pedro Rodríguez (tres años), respectivamente; y al testaferro de Bárcenas Iván Yáñez (tres años) por ser los condenados con las penas más bajas impuestas por el Tribunal.
El Ministerio Público reclamaba el ingreso inmediato en la cárcel, en todos los casos por riesgo de fuga derivado de las altas penas –y en alguno, por la posible ocultación de dinero en el extranjero– del exconcejal del PP en Estepona Ricardo Galeote (7 años y diez meses), el excontable del Grupo Correa José Luis Izquierdo (17 años y 7 meses), el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (38 años y tres meses), la exmujer de Francisco Correa María del Carmen Rodríguez Quijano (14 años y ocho meses), el testaferro Antonio Villaverde (ocho años y dos meses), el exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno (15 años y dos meses), el extesorero Luis Bárcenas (33 años y 4 meses) y su mujer Rosalía Iglesias (15 años) el exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato Jesús Sepúlveda (14 años y 4 meses), el exconsejero madrileño y exmiembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP Alberto López Viejo (31 años y nueve meses) y el también exconsejero madrileño Carlos Clemente (cinco años y nueve meses).
Con los detalles particulares de cada historia, todos han desmentido el riesgo de fuga por la atención que han demostrado a las llamadas de la Audiencia Nacional y el arraigo en España. Izquierdo ha lamentado: "No tengo ningún medio, solo tengo mi casa y mi mujer depende de mi porque prácticamente no se puede mover". El abogado de Ortega: "el único elemento que se tiene en cuenta por la acusación para la petición de ingreso en prisión es la gravedad de las condenas. Estamos asistiendo a la automatización del procedimiento –y esto no se puede admitir"–. Villaverde ha explicado que es "el único de los hermanos jubilado" y se ocupa de su madre "de 94 años que está totalmente inválida". Por último, Rodríguez Quijano, entre lágrimas: "Tengo una hija menor y no me pienso ir a ningún sitio ahora".
A puerta cerrada por el show de La Sexta
El Tribunal que decide sobre las medidas cautelares había acordado esta mañana la celebración de las mismas en audiencia pública. Ha practicado así las primeras seis comparecencias, hasta el turno de Bárcenas. Los magistrados han accedido –a diferencia de lo ocurrido con los planteamientos de las anteriores defensas, que también se habían opuesto a la emisión– al postulado del abogado del extesorero del PP, Joaquín Ruiz de Infante. El letrado ha advertido de que La Sexta lo estaba retransmitiendo en directo con el denunciante condenado como comentarista, un José Luis Peñas (4 años y 9) para el que, por cierto, la Fiscalía ha apoyado el indulto.
La Sección Segunda ha celebrado desde ese momento vistillas a puerta cerrada.
José Ricardo de Prada, fuera del Tribunal
Uno de los tres magistrados que han compuesto el Tribunal no trabaja actualmente en la Audiencia Nacional. Se trata de José Ricardo de Prada que, con perfil marcadamente progresista, fue objeto de críticas por parte de las víctimas de ETA, por ejemplo, por denunciar las torturas sufridas, a su juicio, por los terroristas. Crespo pidió su recusación por la amistad que mantiene con el primer instructor del caso, el exjuez Baltasar Garzón inhabilitado por el caso de las escuchas, y por los vínculos de su hija con el abogado de una acusación. Justificó el "chivatazo" que alertó en 2006 a ETA de la operación contra su red de extorsión en el bar Faisán de Irún como parte "de un proceso de negociación política".
De Prada solicitó al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, que autorizara expresamente su presencia en esta vista. Sucede que la Comisión Permanente del mismo ente habilitó al magistrado únicamente hasta la redacción y firma de la sentencia del caso Gürtel porque se encuentra de servicios especiales indefinidamente ocupándose de un caso como juez de Naciones Unidas en La Haya.
El CGPJ ha rechazado la petición, de forma que el Tribunal estará compuesto por sus dos compañeros para la redacción de la sentencia – Ángel Hurtado y Julio de Diego– y la presienta de la Sección Segunda de lo Penal a la que pertenece María José Rodríguez Dupla. El acuerdo se ha adoptado con cuatro votos en contra – los vocales Fernando Grande-Marlaska, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda– y cuatro a favor – Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José María Macías y Carlos Lesmes. Se ha impuesto el voto de calidad de este último, presidente del órgano de autogobierno de los jueces y del Tribunal Supremo elegido por el Gobierno.
Entienden los cuatro magistrados que han impedido la incorporación del juez De Prada que si autorizaran su presencia estaría participando en un acto para el que carece de jurisdicción que podría acarrear la nulidad de las decisiones.