Medidas cautelares menores neutralizan el riesgo de fuga de otros 13 condenados por la Época Primera de la Gürtel. La más controlada, la mujer Luis Bárcenas, sobre la que pesan 15 años de cárcel. Los magistrados han acordado para Rosalía Iglesias prisión eludible con el pago de una fianza de 200.000 euros. En el caso de Jesús Sepúlveda (14 años y cuatro meses), quien fuera alcalde de Pozuelo y entonces marido de la exministra Ana Mato, deberá depositar 100.000 euros en los mismos términos. Han ingresado en Soto del Real hasta que reúnan la cantidad –la Justicia mantiene las cuentas de Iglesias y de su marido embargadas, por lo que previsiblemente necesitará ayuda de algún familiar–.
El Tribunal explica en el auto particular de medidas contra la mujer de Bárcenas que "no podemos obviar la importante cantidad de recursos económicos que el matrimonio llegó a acopiar con la ilícita actividad delictiva desplegada por ambos cónyuges de los que, al menos en parte, tenía capacidad de disposición Iglesias".
Si depositan la fianza, quedarán sujetos, como el resto de los comparecientes a la retirada de pasaporte con prohibición de salida España y presencias quincenales en el Juzgado. Ninguno más ingresará a priori en prisión, al menos hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos y haga firme la sentencia. Son también el exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno (que fue condenado a 15 años y dos meses de cárcel), la exmujer de Francisco Correa María del Carmen Rodríguez Quijano (14 años y ocho meses), el excontable de las empresas de Correa José Luis Izquierdo (17 años y siete meses), los testaferros Antonio Villaverde (ocho años y dos meses) e Iván Yáñez (tres años), el exconcejal del PP en Estepona Ricardo Galeote (7 años y diez meses), la esposa y el exasesor de Alberto López Viejo, Teresa Gabarra (cuatro años) y Pedro Rodríguez (tres años), respectivamente y a Jesús Merino (tres años y siete meses), exdiputado del PP en Segovia y uno de los hombres fuertes en Castilla y León
Renglón aparte sobre Carlos Clemente (cinco años y nueve meses), el exconsejero madrileño que "reside en Colombia, aunque nunca ha dado muestra de eludir los llamamientos del Tribunal" En este caso, la Sala le obliga a designar una persona con domicilio en España a través de la cual reciba las notificaciones, presentación cada quince días en el Consultado Español en Bogotá y justificación de cada uno de los viajes que "regularmente viene haciendo a nuestro país por razones familiares".
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sí apreció ese peligro insalvable en el extesorero del Partido Popular (33 años y cuatro meses de cárcel), el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (38 años y tres meses) y el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, una huida facilitada por el dinero negro que estos tres condenados ocultarían todavía en cuentas bancarias extranjeras.
Peticiones de la Fiscalía
La Fiscalía había solicitado la medida más grave, la prisión incondicional comunicada y sin fianza, para todos los comparecientes, con cuatro excepciones. Pedía la retirada del pasaporte a Jesús Merino, Teresa Gabarra, Pedro Rodríguez e Iván Yáñez por ser los condenados con las penas más bajas impuestas por el Tribunal.
Con los detalles particulares de cada historia, todos desmintieron el riesgo de fuga por la atención que han demostrado a las llamadas de la Audiencia Nacional y el arraigo en España. Izquierdo lamentó: "No tengo ningún medio, solo tengo mi casa y mi mujer depende de mi porque prácticamente no se puede mover". El abogado de Ortega: "el único elemento que se tiene en cuenta por la acusación para la petición de ingreso en prisión es la gravedad de las condenas. Estamos asistiendo a la automatización del procedimiento –y esto no se puede admitir"–. Villaverde explicó que es "el único de los hermanos jubilado" y se ocupa de su madre "de 94 años que está totalmente inválida". Por último, Rodríguez Quijano, entre lágrimas: "Tengo una hija menor y no me pienso ir a ningún sitio ahora".
José Ricardo de Prada, fuera del Tribunal
Uno de los tres magistrados que han compuesto el Tribunal no trabaja actualmente en la Audiencia Nacional. Se trata de José Ricardo de Prada de perfil marcadamente progresista. Crespo pidió su recusación por la amistad que mantiene con el primer instructor del caso, el exjuez Baltasar Garzón inhabilitado por las escuchas.
De Prada solicitó al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, que autorizara expresamente su presencia en esta vista. Sucede que la Comisión Permanente del mismo ente habilitó al magistrado únicamente hasta la redacción y firma de la sentencia del caso Gürtel porque se encuentra de servicios especiales indefinidamente ocupándose de un caso como juez de Naciones Unidas en La Haya.
El CGPJ rechazó la petición, de forma que el Tribunal ha estado compuesto por sus dos compañeros para la redacción de la sentencia – Ángel Hurtado y Julio de Diego– y la presienta de la Sección Segunda de lo Penal a la que pertenece María José Rodríguez Dupla. El acuerdo se adoptó con cuatro votos en contra – los vocales Fernando Grande-Marlaska, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda– y cuatro a favor – Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José María Macías y Carlos Lesmes. Se impuso el voto de calidad de este último, presidente del órgano de autogobierno de los jueces y del Tribunal Supremo propuesto por el Gobierno.
Entendieron los cuatro magistrados que han impedido la incorporación del juez De Prada que si autorizaran su presencia estaría participando en un acto para el que carece de jurisdicción que podría acarrear la nulidad de las decisiones.