La caída del Gobierno de Mariano Rajoy inaugura una nueva etapa de inestabilidad, inseguridad e incertidumbre en Cataluña. La retirada de Rajoy coincide con el decaimiento del 155. La publicación en el Diario Oficial de la Generalidad, el Boe catalán, del nuevo "Govern", y la toma de posesión de los consejeros autonómicos, que se llevará a cabo este sábado a las once y media, suponen el fin de la intervención a cargo del Gobierno de la administración autonómica catalana. Rajoy se va con el 155, Sánchez accede al poder al mismo tiempo que se constituye en Cataluña un gobierno golpista sin la cortapisa del artículo constitucional y con indisimuladas ansias de venganza.
El control de Cataluña pasa a manos de un ejecutivo cuyos componentes no tienen cuentas judiciales, pero que están predispuestos a saltarse la ley como su antecesores presos, fugados o retirados. No hay nada en las biografías y actuaciones de los nuevos consejeros y el presidente autonómico Torra que avale un cambio de registro en la deriva del enfrentamiento social. Cierto que Torra, antes de la hecatombe de Rajoy y su Gobierno, cedió ante la negativa de Moncloa a dar carta de naturaleza legal a un ejecutivo catalán con prófugos y presidiarios, lo que le ha acarreado severas críticas por parte de la CUP, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y el expresidente Artur Mas. Pero no es menos cierto que el cambio de Gobierno en Madrid abre perspectivas inéditas para el tipo de negociación que pretenden los nacionalistas. La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, tenida por moderada, ya ha planteado un diálogo con el punto de partida de la independencia. Convergentes y ERC no han votado sí a Sánchez, sino que no a Rajoy y al PP, como se encargó de ratificar el portavoz republicano Joan Tardà.
El separatismo está de fiesta mayor. El "carcelero" ha caído y el nuevo presidente, a pesar de haber participado en el "régimen del 155" (según la terminología catalanista) ha mostrado más que evidentes indicios de negociar con quien ha llegado a calificar de "racista". Claro que fue hace mucho tiempo, a principios de esta semana. El empresariado catalán representado en el Círculo de Economía también está de enhorabuena. Consideran que Sánchez contribuirá a "desescalar" el conflicto con cesiones relativas al control de las finanzas de la Generalidad y un nuevo tratamiento fiscal de los delitos cometidos por los golpistas. Recuerdan que el jefe de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, aludió a indultos en la campaña del 21-D.
Proceso federal
El final de Rajoy es un giro del guión del proceso. El nuevo gobierno de Torra y Puigdemont se "enfrenta" a un escenario convulso en Madrid, con un Ejecutivo socialista en franca minoría y sometido a toda clase de presiones, pero con la voluntad de negociar para resistir y agotar la legislatura. El empresariado catalán ha dado el visto bueno a Sánchez y reclama un proceso constituyente que alumbre una constitución federal que atribuya a Cataluña y el País Vasco un nuevo estatus, en la línea de lo que preconiza el PSC.
El decaimiento del 155 abre una nueva etapa en Cataluña. Los Mossos d'Esquadra pasan a manos de los separatistas. El nuevo consejero, Miquel Buch, es un cualificado talibán, exalcalde de Premiá de Mar y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), dirigente del sector de exalcaldes separatistas que encarna Puigdemont. El jefe de los Mossos, Ferran López, tiene las horas contadas. Fue el segundo de Trapero, que declina la restitución en el cargo a la espera de que se juzgue su caso en la Audiencia Nacional. López asistió a la toma de posesión del fiscal general, Julián Sánchez Melgar, y a actos protagonizados por el delegado del Gobierno de Rajoy en Cataluña, Enric Millo. Está en la picota de los separatistas, como casi todos los funcionarios que han servido a las "órdenes" del 155. El todavía secretario general técnico del Ministerio de Interior, Juan Antonio Puigserver, huyó precipitadamente de Cataluña sin dar explicaciones hace una semana. Era el "jefe" de los Mossos.
Artadi y Aragonés, del 155 al 'Govern'
Algunos otros altos cargos de la Generalidad han saltado directamente del "régimen del 155" al nuevo gobierno de la Generalidad. Es el caso del equipo de comunicación de Puigdemont y Torra, de Elsa Artadi, consejera portavoz, y del mismo vicepresidente, Pere Aragones, delegado de Junqueras en ERC y en el Govern y que hasta hoy cobra como secretario de Economía de la Generalidad. Curiosamente sus números dos y tres, Lluís Salvadó y Josep Maria Jové, son investigados por la participación clave del departamento en la financiación y organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
El más que previsible relevo en el mando de los Mossos abre algunas incógnitas. Desde la entrada en vigor del 155 y hasta el presente, el cuerpo policial autonómico ha mantenido una cierta equidistancia ante los enfrentamientos entre los CDR (Comités de Defensa de la República) y los GDR (Grupos de Defensa y Resistencia) y muchos de sus mandos estaban bajo la lupa del departamento de "asuntos internos" por su inacción durante los meses de septiembre y octubre del año pasado.
Purga en los Mossos
La tortilla ha dado la vuelta y por los antecedentes del nuevo consejero Buch, cabe esperar una severa purga y una vuelta a las políticas previas al 1-O. Buch es el espolón de la segunda generación de "catalibanes", los jóvenes crecidos al calor de Artur Mas, Oriol Pujol, Jordi Turull, Josep Rull y Francesc Homs.
Los separatistas bromean con el futuro de Enric Millo. La hecatombe de Rajoy deja a cientos de funcionarios y altos cargos del Estado en Cataluña al albur de las nuevas disposiciones de Puigdemont, Torra, el "conseller" Buch y si acaso Sánchez y quien sea el nuevo ministro de Interior.