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Cataluña, los ERE y Gürtel, en el aire: habrá cambio de fiscal general del Estado

La caída de Rajoy arrastra a Julián Sánchez Melgar. Pedro Sánchez elegirá al sustituto, encargado por ejemplo del desafío separatista.

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El todavía fiscal Sánchez Melgar | Ical

El cese Mariano Rajoy como presidente del Gobierno supone la salida automática de Julián Sánchez Melgar como fiscal general del Estado. Este magistrado, propuesto por el líder del Partido Popular el 24 de noviembre de 2017, una semana después del fallecimiento en Argentina de José Manuel Maza, y nombrado el 7 de diciembre para dirigir el Ministerio Público, dará paso a otro seleccionado por Pedro Sánchez.

Así lo dispone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, según el cual el fiscal general cesa "cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto", aunque no haya terminado el mandato ordinario de cuatro años que el estatuto establece. Es una norma muy discutida entre los miembros de la judicatura pero que ha conservado el legislador.

El nuevo fiscal revisará el rumbo de la institución, por ejemplo, en la causa contra el proceso separatista –en la que hasta ahora ha apoyado la prisión incondicional de los principales responsables–, el juicio de los ERE o las piezas separadas del caso Gürtel pendientes todavía de procesamiento y juicio como los papeles de Bárcenas, esos supuestos sobresueldos en la cúpula de la formación.

La ley prevé la posible renovación del fiscal general cuando haya ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años, como es el caso de Sánchez Melgar. Aunque, en este escenario, lo más probable es que el nuevo Gobierno socialista, sostenido por Podemos y, sobre todo, por los separatistas catalanes y los nacionalistas vascos, elija un miembro de la judicatura más laxo con los intereses de sus socios.

Este viraje podría provocar problemas en el seno del Ministerio Público. Sin ir más lejos, los cuatro fiscales de Sala del Supremo han manifestado desde el inicio de la causa contra Carles Puigdemont y los perpetradores del golpe que aprecian indicios del delito de rebelión, discutido por el Poder Judicial de Alemania, Bélgica o Suiza.

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