En un atestado de la Guardia Civil aparece la referencia a la indicación verbal de la juez del caso del fraude de la formación, María Núñez Bolaños, que dijo a los agentes que no investigaran a seis empresas que había recibido ayuda mediante el procedimiento específico utilizado en el caso ERE porque los hechos habrían prescrito presumiblemente.
La referencia aparece en el atestado en el que la UCO hace una relación de todas las empresas sobre las que están elaborando informes en estos momentos incluyendo el párrafo "sorprendente", según ABC, acerca de las seis que se han excluido.
Dice la UCO en su informe que "siguiendo instrucciones verbales de ese juzgado, relacionados con los posibles plazos de prescripción, se ha descartado el estudio de los siguientes expedientes que habían sido encomendados a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada".
Las empresas son Cofrutex, Below Marko, Azahara Textil, Rotiner Comercial, Fábrica de Muebles de la Sierra Norte y Autopistas Aumar. Todas ellas son sevillanas, salvo Azahara Textil, que tiene su sede en Córdoba, y la mayoría ha quebrado, algo en absoluto inhabitual, ya a pesar de las ayudas recibidas en su momento por la Junta de Andalucía.
Sigue exponiendo ABC que algunos de sus administradores ya fueron investigados por la juez Alaya, pero Núñez levantó los cargos contra ellos por prescripción. Esas resoluciones sí se produjeron por escrito.
De las seis ayudas que no van a ser investigadas, dos están ya prescritas, las concedidas a Below Marko (447.754 euros) y Azahara Textil (120.202,42 euros), porque el último pago se realizó en 2004 y 2001, respectivamente. Ambas se abonaron hace más de diez años, el plazo de prescripción para perseguir delitos de prevaricación y malversación en el caso de las ayudas inferiores a los 450.000 euros, según el criterio establecido por la Fiscalía y avalado por la Audiencia de Sevilla.
Hay que decir que Below Marko estuvo apoderada por el hermano de Felipe González, Juan María González Márquez que participaba en empresas relacionadas. Esta empresa intentó fraguar un lobby televisivo para blindar el poder prosocialista en el negocio audiovisual cuando se creía, en 2010, que el ascenso del PP andaluz era imparable.
Es más, la Guardia Civil y la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, decidieron investigar la concesión de una ayuda con cargo al fondo de reptiles a una empresa -Below Marko SL-, donde apoderaba también un hijo de Amparo Rubiales, expresidenta del PSOE andaluz, que también se benefició de los fondos Jeremie investigada por la UDEF.
Sépase que a Consejería de Empleó otorgó una ayuda directa de 447.754 euros a Below Marko SL. Además, Below Marko también recibió dos préstamos –uno participativo de 1,5 millones y otro ordinario de 500.000 euros– a través de los fondos Jeremie, un fondo de 235 millones de euros y gestionado, de nuevo y cómo no, por la Agencia de Innovación y Desarrollo, fondo investigado por la UDEF.
En el caso aparece Juan María González Mejías, expresidente de Invercaria y sobrino de Felipe González, que fue también y precisamente administrador único de Below Marko. Y, por si fuera poco, entre las ayudas concedidas por estos fondos denunciados por el PP, estaba la de 10 millones de euros del préstamo exprés concedido por la Junta a Bogaris, empresa a la que asesoraba el "comisionista" Iván Chaves.
Pero las ayudas a Cofrutex (440.000 euros) y Autopistas Aumar (75.704,92) aún no han prescrito aunque lo harán este año y quedan uno y dos años para que caduque el supuesto delito de malversación en el caso de Fábrica de Muebles, que recibió 100.000 euros en 2009, y Rotiner Comercial (150.000), a la que pagaron 112.500 en el año 2010.
Bolaños no informó a las partes de su decisión
El poco habitual procedimiento de la magistrada quedó fuera del conocimiento de las partes personadas hasta que la UCO reflejó en este atestado su indicación de no investigar por posible prescripción. Ahora, acusaciones y defensas deberán pronunciarse al respecto.
Si es inusual que en un caso tan grave se den indicaciones verbales que no constan a los agentes encargados de la investigación, igualmente es poco frecuente la reacción de la UCO que decidió dejar constancia escrita de conversaciones mantenidas con la magistrada para evitar cualquier responsabilidad al respecto.
Prosigue ABC recordando que el archivo de numerosas piezas de la investigación ha sido una constante desde que Núñez Bolaños llegó al juzgado. Muchos de los hechos del sumario han prescrito ante la magnitud del caso y la falta de medios para investigar todas sus ramificaciones. Sin embargo, muchas de estas decisiones han sido cuestionadas por algunas de las partes, que entienden que hay hechos que están prescribiendo por la inacción del propio juzgado.
Sin embargo, ni el poder judicial ni la fiscalía parecen estar interesadas en el esclarecimiento de hechos como los ocurridos.
La juez quería archivar el caso Velasco
Y lo ha hecho rechazando el archivo y la inhibición de Núñez en la causa contra el exnúmero dos del PSOE-A, de modo que no podrá dejar de investigar el caso como era su intención. Se trata de las subvenciones para cursos de formación concedidas a Aulacen Cinco, la academia de la mujer del que fuera vicesecretario general del PSOE andaluz Rafael Velasco.
ABC recuerda que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha obligado a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a que siga con la instrucción de esta causa que quería delegar en parte en otro juez de Córdoba sin esperar a que se resolviera un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla interpuesto por el PP, acusación popular.
El 13 de octubre pasado, la magistrada archivó la investigación de cuatro ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a la empresa vinculada al ex número dos del PSOE-A y se inhibió en favor de los juzgados de Córdoba para que sean los que indaguen en otras nueve subvenciones que fueron a parar a las entidades Faasa Aviación SA, implicada en el caso del cártel de fuego, y Aulacen Cinco.
El auto dictado el 2 de mayo ha concluido que el juzgado de Núñez «es, por ahora, el competente» para investigar los hechos "en tanto se determine la firmeza del auto de sobreseimiento e inhibición". De este modo se resuelve la petición del juez de Instrucción número 2 de Córdoba, Arturo Vicente Rueda, que adujo conflicto de competencias.
El TSJA recuerda que el archivo del caso no es firme. Entre las ayudas sobreseídas por Núñez está una de 41.296,50 euros para un curso de formación que la Junta le dio a Velasco en 2007. Entre los gastos endosados a la ayuda estaba una factura de la luz cuyo punto de suministro coincidía con el domicilio familiar que el político tiene en La Carlota (Córdoba).