Los expresidentes de la Generalidad disfrutan de una magnífica cobertura a cargo de los presupuestos autonómicos. Tienen derecho a cobrar el 80% del sueldo como mínimo durante una legislatura y el 60% a partir de la jubilación. Disponen además de un despacho de representación con personal administrativo, coche con chófer y guardaespaldas de los Mossos. Fue Pujol, un año antes de dejar la presidencia de la Generalidad, quien impulsó una ley para fijar tan suculentas condiciones y Puigdemont, como expresidente que es, no está dispuesto a renunciar a gran parte de esas ventajas.
El político fugado se hace llamar president y en los medios públicos y subvencionados del nacionalismo se le trata como tal sobre la base de una supuesta legitimidad. Sin embargo, no considera que eso sea un obstáculo para acceder a las regalías que esperan a los expresidentes. Ni tampoco su situación judicial. Puigdemont no podrá cobrar el sueldo de expresidente porque es incompatible con los ingresos como diputado, pero quiere el despacho, los funcionarios, el coche, el chófer y los escoltas y así se lo ha hecho saber al gobierno de su patrocinado Quim Torra.
ERC, de acuerdo
A pesar de las fuertes discrepancias entre Junts per Catalunya y ERC, el vicepresidente del ejecutivo catalán, Pere Aragonés, delegado en el govern de Oriol Junqueras, no se opone en principio a que los deseos de Puigdemont sean satisfechos e incluso considera que no hay problema en habilitarle una oficina de expresidente en el extranjero. Se abre la vía para que la Generalidad sufrague la "casa de la república" de Waterloo y los ayudas de cámara del evadido.
El consenso entre el separatismo y los podemitas en la materia es total, al punto de que hace unos días Junts per Catalunya, ERC, Podemos y la CUP rechazaron una moción del PP para eliminar los privilegios de los expresidentes que resulten condenados en procesos judiciales. La medida no sólo hubiera afectado a Puigdemont, sino también a Mas, que goza de todas las ventajas referidas, incluido el 80% del sueldo de presidente, a pesar de su inhabilitación. Cabe recordar que la nómina del cargo asciende a 140.000 euros anuales.