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Se consuma el escándalo judicial del caso EDU del fraude de la formación en Huelva

Fiscalía y Junta dejan de acusar y obligan al archivo de la causa a pesar de haber indicios de delito.

Pedro de Tena (Sevilla)
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Susana Díaz con su vicepresidente, Jiménez Barrios | EFE

El escándalo estaba servido por cuanto un fiscal, Luis Fernández Arévalo, que había permitido instruir el caso del fraude de la formación en Huelva con imputación de varias personalidades políticas relacionadas con el PSOE, a principios de abril de este año decidía retirar las acusaciones y solicitar el archivo del caso, para sorpresa y cabreo del titular del juzgado de Instrucción número 5 de Huelva después de que la propia Fiscalía confirmase en auto los indicios de delito existentes en el caso.

Ahora, ni la Junta ni la Fiscalía, únicas partes que podían acusar, han querido seguir adelante con el procedimiento por lo que el juez Javier Romero Jiménez no tiene más opciones que archivar a pesar de los indicios de delito que se han comprobado en el caso. Era la última pieza que seguía en pie en la provincia de Huelva por el fraude de los cursos de formación.

En esta pieza estaban imputados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos el exdelegado provincial de Empleo de la Junta, Eduardo Muñoz, y otros seis cargos de este mismo departamento, muchos de ellos bien próximos al nuero 3 de Susana Díaz, su portavoz parlamentario, Mario Jiménez. Pero el juez ha tenido que firmar el sobreseimiento y archivo de esta pieza decisiva y de otras diez causas paralelas.

Destaca ABC la discrepancia del juez acerca de este archivo. De hecho, ya lo hizo cuando tuvo noticia de las intenciones del fiscal Fernández Arévalo, estrecha y familiarmente ligado a altos cargos del PSOE andaluz, elevando un auto a la Fiscalía Superior para que certificase la conducta del fiscal onubense, algo sobre lo que informó cumplidamente Libertad Digital.

Ahora, 21 folios de auto del instructor denuncian la actuación en la causa tanto de la Junta de Andalucía como de la Fiscalía onubense en la instrucción del caso. El "cambiazo" de la Fiscalía, que de aportar indicios de delito pasó a no apreciar pruebas suficientes, fue escandaloso incluso para el juez.

Pero el de la Junta no fue menos escandaloso porque, en la práctica, la gran perjudicada era precisamente la administración andaluza a la que se habían sustraído recursos y sobre la que habían recaído irregularidades. Curiosamente, primero la Junta peleó porque se reconociera su calidad de "víctima" para ejercer la acusación particular y cuando la obtuvo, solicitase el sobreseimiento renunciando a recuperar dinero y a resarcirse de los perjuicios causados por los presuntos delitos cometidos.

Según la Junta, y contra el criterio inicial de la Fiscalía, no se habían cometido irregularidades en la concesión y gestión de las subvenciones de los cursos y, naturalmente, tampoco habían existido "los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos". O sea, que considera normal, según el juez, que se otorguen subvenciones a empresas y personas que no cumplen los requisitos legales sin comprobación de nada.

En su auto, el juez remacha decisivamente que en el caso «concurre el elemento subjetivo necesario para la conformación del tipo penal de prevaricación y afirma que "existen suficientes indicios de delito en la actuación del personal perteneciente a la Delegación de Empleo de Huelva, que ha permitido, por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente, de personas desempleadas".

Ya sólo queda una sola causa desgajada de la principal, que inició la juez Alaya y archivó la juez Núñez. Es la que se sigue contra el ex alcalde de Punta Umbría y amigo de Mario Jiménez, Gonzalo Rodríguez Nevado, y dos de sus sobrinos. Pero ya es imprescindible archivar lo relativo al fraude de subvenciones aunque sigue una acusación menor por falsedad documental contra uno de los sobrinos del exregidor.

Con estas decisiones de Fiscalía y Junta, en el caso de convocatoria electoral anticipada en Andalucía en el próximo otoño, ya sólo quedaría vivo el caso de los ERE, juzgado actualmente en Sevilla, mientras el tan grave o más caso de la formación, quedaría casi totalmente eliminado de la escena política.

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