Algunos se daban por satisfechos con que lloviera café en el campo. Pero no. Llueve dinero en una Andalucía que asiste atónita a la circulación de euros en las tarjetas black de la Fundación destinada a la formación para el empleo (FAFFE) –las otras tarjetas black de la Junta no emergen, pero haylas–, los sobres de dinero conocidos para imputados del caso ERE y minutos de abogados de los procesados del caso por el procedimiento específico que pueden llegar a los 500.000 euros.
Este mismo lunes volvió a resucitar la tarjeta black de la FAFFE porque fue usada 15 veces seguidas en unas pocas horas en el club de alterne, otra vez Don Angelo, de Sevilla, por importe de 14.737 euros. ¿Cómo se ha sabido? Porque la Junta ha contestado, por fin, a la demanda de información de la UCO de la Guardia Civil a las órdenes del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que rige la juez Núñez Bolaños. Y en la tarjeta negra de Fernando Villén, el entonces director gerente, aparece el cargo.
El Mundo destaca una coincidencia que tiene que ver con la fecha del fiestorro. Fue el 22 de marzo de 2010, horas después de que el procesado y entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, remodelase el gobierno echando al superimputado consejero de Empleo del que dependía la FAFFE, Antonio Fernández, y a otros altos cargos. La bacanal con dinero público tuvo lugar tras el cese de los altos cargos y la toma de posesión de sus sucesores, el día 24 de marzo.
Otra coincidencia, esta de caballo, es que unos días después del jolgorio, no se sabe quién, pero de la propia FAFFE acudió al club de alterne Don Angelo a anular uno a uno los 15 cargos que había hecho el director de la fundación pública con su tarjeta. La pregunta es: si los cargos se debieron a gastos consumados, ¿se pagó después con dinero lo que antes se pagó con la tarjeta? ¿Y de dónde salió ese dinero?
La consecuencia, ésta de libro, es que ni el gobierno de Susana Díaz ni el PSOE dijeron la verdad en el Parlamento andaluz ni en los medios de comunicación el pasado mes de mayo cuando afirmaron que no había más tarjetas en la Junta que la conocida de Fernando Villén y que su gasto era menor del denunciado. Había más tarjetas, además del director gerente. Y por si fuera poco, la Junta no informa sobre otras tarjetas existentes en su amplio mundo, ajeno al Derecho Administrativo, de su administración paralela.
Sobres y minutas
En la sesión de este lunes del juicio de los ERE, Celia Hernáiz, administrativa de la mediadora Vitalia entre 1989 y 2010, dejó claro que la empresa dirigida por Antonio Albarracín, confirmó los pagos al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, por transferencias de un importe de "2.999 euros", un euro menos de la cantidad por la que habrían tenido que identificar al receptor según las normas vigentes de Hacienda.
Hernáiz reveló que su jefe, Albarracín, le ordenaba llenar sobres con dinero, que a veces llegaba hasta los 25.000 euros, que tenía que llevarle a la estación de trenes de Atocha sin saberse para qué ni para quien era. Otras veces eran cantidades menores, de entre 3.000 y 4.000 euros, que iban en sobres dirigidos a J.L. Tómese nota de que JL son las iniciales de Juan Lanzas, algo que no se confirmó en la sesión de ayer. Y en un momento de claridad dijo: "No teníamos dinero para pagar a proveedores pero sí para darle 25.000 euros a Albarracín".
Finalmente está el dinero que los procesados en el juicio deberán pagar a los famosos despachos que los defienden. Entre ellos cabe destacar a los superbufetes de Pablo Jiménez de Parga, defensor de Chaves; el de José María Mohedano, que se encarga de Griñán; el de Oliva Ayala, que atiende a Magdalena Álvarez o el de Gonzalo Martínez Fresneda, que defiende al ex vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías y que ya fue defensor del exjuez Baltasar Garzón. Añádase a Víctor Moreno Catena, contratado por la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y ya se tiene la foto de los más caros. Tanto que se ha calculado una meda de 400-500.000 euros por cabeza.
Por debajo de esta cantidad, están los bufetes más modestos de Alfonso Martínez del Hoyo, Juan Carlos Alférez o el bufete Montero Aramburu, con José Manuel García Quílez y Encarnación Molinos defendiendo a dos de los acusados, a los que hay añadir los que ejercen la acusación del PP. El Mundo les asigna minutas de hasta 300.000 euros.
Hay que tener en cuenta que sólo en el juicio se han empleado 500 horas, desplazamientos y gastos aparte, y que este número de horas de puede duplicar desde el momento actual hasta el mes de diciembre.