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El Gobierno de Sánchez apoya la inmersión lingüística de Cataluña: es un modelo de "cohesión"

Según la ministra de Educación, "los datos avalan que cumple con la cooficialidad de las lenguas en cuanto al conocimiento de los alumnos".

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Isabel Celáa este miércoles en el Congreso | EFE

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha defendido el modelo de inmersión lingüística de Cataluña ya que es, según ella, un modelo de "cohesión e inmersión lingüística". La competencia en lengua castellana de los alumnos catalanes, según los datos de 2017 de las pruebas de acceso a la universidad, "es equivalente a la media del Estado", ha afirmado Celaá. Los alumnos de esta comunidad autónoma sacaron de media un 6,41 de nota, solo ligeramente por debajo del 6,45 de la media nacional. "Los datos avalan que la comunidad autónoma catalana cumple con la cooficialidad de las lenguas en cuanto al conocimiento de los alumnos", ha afirmado.

No obstante, esta tesis sostenida también por la Generalidad ha sido rebatida en distintos informes recopilados por Convivencia Cívica Catalana. ¿Cómo es posible que los alumnos catalanes con sólo dos horas de castellano tengan el mismo nivel que los estudiantes del resto de España con 25 horas semanales?

De hecho, la Selectividad es otra de las pruebas a la que han recurrido los defensores de la inmersión lingüística catalanes para defender su sistema, y ahora el Gobierno de España. "Sin embargo -señaló la entidad presidida por Francisco Caja- se trata de un argumento difícilmente aceptable, dado que estos exámenes no son homologables: cada comunidad autónoma los hace por separado y no son comparables".

Celáa, siguiendo la estela de otros miembros del PSOE, advirtió: "La excesiva ideologización de unos y de otros debe ser abandonada a las puertas de la escuela".

El PP tampoco ha hecho nada en los casi siete años que ha estado en la Moncloa, los cuatro primeros con mayoría absoluta. El exministro Íñigo Méndez de Vigo aseguró que el Ejecutivo garantizaría que los alumnos en Cataluña pudiesen estudiar el 25% del currículo en castellano. Nunca cumplió su promesa, ni siquiera en virtud de la aplicación del artículo 155 acató las sentencias judiciales al respecto.

Méndez de Vigo también encargó un informe a la Alta Inspección Educativa sobre el adoctrinamiento en libros de texto. Preguntada por la portavoz educativa de Ciudadanos, Marta Martín, sobre el resultado de dicho análisis, que el exministro nunca dio a conocer, Celaá ha contestado: "Desgraciadamente, no estaban encima de la mesa. No los conocemos, pero los vamos a buscar".

A la ministra le han preguntado también por los ocho de los nueve docentes del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) denunciados por la Fiscalía por humillar a hijos de guardias civiles después de las cargas policiales del 1 de octubre que han pedido el traslado de centro. Celaá considera que son los centros educativos los que deben garantizar la convivencia y ha afirmado que en el Ministerio "no obra nada al respecto" y la información que tiene sobre el tema la ha recibido a través de la prensa, según recoge El País.

Más peso a la pública y sin Religión

En su primera comparecencia a petición propia en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados, la ministra ha confirmado además que el Gobierno derogará de forma "urgente" varios artículos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada por el Partido Popular, y también que la asignatura de Religión dejará de ser "computable con efectos académicos", tal y como recoge Europa Press. Tampoco tendrá ninguna alternativa en forma de "asignatura espejo". Y es que la asignatura Valores Éticos y Cívicos pasará a ser una asignatura obligatoria.

"La educación es la prioridad más sustantiva y central", ha afirmado Celaá defendiendo la escuela pública como "eje vertebrador del sistema" para anunciar la derogación del artículo 109.2 de la LOMCE, "un eufemismo", según la ministra, "que puede propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada". En concreto, el artículo 109.2 permite que la programación de la oferta de plazas escolares se establezca por "demanda social", algo que ha permitido, apuntan desde el Ministerio, a que en algunos casos la escuela concertada haya tenido preeminencia sobre la pública, como en los nuevos desarrollos urbanísticos de las ciudades. "La concertada será complementaria de las necesidades de escolarización", ha detallado Celaá.

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