Ha sido la presentación de Dolores Delgado como ministra de Justicia. Quien fuera fiscal coordinadora de la lucha contra el terrorismo en la Audiencia Nacional, amiga íntima del juez inhabilitado Baltasar Garzón, ha desgranado las líneas principales de su programa en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Aunque sabe que la legislatura será corta, aspira a que su actuación destaque por "el diálogo que redunda en el beneficio de nuestra sociedad".
A su juicio, la Justicia "debe recuperar la credibilidad. Debemos renovar el pacto de la Constitución que nos ha permitido la mejor convivencia de nuestra historia". En esa línea, "la realidad plural de nuestro territorio nos exige buscar nuevos horizontes para dar respuesta a los desafíos". En definitiva, para Delgado "se trata de la Justicia que no puede ser vista como un privilegio para unos pocos. No podemos mantener esa situación de descrédito. Nuestra prioridad es hacer que la Justicia no sea solo un valor del ordenamiento jurídico, sino un derecho adquirido de la ciudadanía".
Ha anunciado un conjunto de medidas articuladas en torno a siete ejes:
- Necesidad de transparencia. "Es indudable que la sospecha de injerencia política, la falta de transparencia en la elección de los vocales del CGPJ y la relación entre el Gobierno y el Fiscal General del Estado ha mermado la confianza del ciudadano. Ha suscitado criticas internacionales. Este estado de cosas debe terminar de inmediato, porque es insoportable para una democracia ese mercadeo".
La ministra ha incidido en la necesaria reforma del CGPJ "con seriedad". "No voy a modificar los sistemas de elección de los vocales ni del FGE, sí me gustaría dotar de transparencia, seguridad y participación en el proceso, pero no en el sistema. Se establecerán mecanismos de valoración efectiva de méritos".
Sobre la reforma del modelo de funcionamiento interno del CGPJ, se inclina por la recuperación de "su forma de órgano colegiado, con jueces dedicados en exclusiva a esas tareas. El Gobierno va a ser absolutamente escrupuloso en el respeto de la autonomía del Ministerio Fiscal. En la política criminal, competencia del Gobierno, es fundamental el rol de la Fiscalía, de forma que es fundamental la transparencia en las relaciones y respecto del sistema de designación de los responsables".
- Modernización de nuestro sistema de Justicia. "La falta de medios es evidente, pero lo más alarmante es la ausencia de un modelo. Racionalizar, determinar las cargas y replantear el uso de la tecnología son retos ineludibles. Falta diálogo efectivo con quienes día a día trabajan en la administración de Justicia".
- Relación con los operadores jurídicos desde el ministerio de Justicia. "La insatisfacción se extiende también a los profesionales que reclaman cambios. Es necesaria una radiografía, como una cuestión de Estado. Existe convergencia en los problemas que acucian a la Justicia. Faltan soluciones y es indispensable el diálogo entre el Gobierno, las asociaciones, los sindicatos y los colectivos afectados. Tengo la certeza de que, si lo hacemos bien, todos ganaremos. Actualización del Reglamento del Ministerio Fiscal. Llevaré al Consejo de Ministros el Real Decreto que releve al reglamento de 1969, que es preconstitucional".
- Incorporación de la perspectiva de género. "Necesidad de integrar el principio de igualdad que vincula a todos los poderes públicos, incluido el judicial. La legislación española contempla la formación en esta materia, aunque son poco conocidas y poco estudiadas. Me propongo a dar cumplimiento al mandato que salió de estas mismas Cortes. No hacerlo es seguir impartiendo una justicia desigual. Todos los operadores jurídicos deben poder contar con la formación para identificar los estereotipos que pueden hacer caer en la trampa contra un análisis equitativo.
"Recientes sentencias han provocado una reacción social importante que no puede pasar desapercibida. Una sociedad que recibe el grito de más de la mitad de sus integrantes debe de ponerse en terapia inmediatamente. Hemos planteado al Consejo General de la Abogacía la creación de programas en esta materia".
"Analizaremos la reforma del Código Penal respecto de los delitos contra la libertad sexual y otras normas. Hacer mención específica a los Juzgados de Violencia de Género. Me esforzaré en el cambio de las estructuras mentales que no han comprendido la dimensión de la realidad de las mujeres agredidas sexualmente".
- Memoria histórica. "Forma parte indeleble de nosotros mismos. España no puede seguir siendo un país que se identifica en foros internaciones como uno de los países que más incumplen el derecho a la verdad y las garantías a la no repetición. Es inaceptable que España siga siendo el número dos en desaparecidos después de Camboya. Hay que garantizar el derecho de reparación a las víctimas del franquismo. Buscaremos a los desaparecidos de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. No puede ser que personas de más de 90 años se desesperen en la búsqueda de sus familiares. Seguimos dando vueltas a las mismas cuestiones sin que seamos capaces de definir la hoja de ruta contra esta indefensión que nos humilla. Es intención de este Gobierno una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica: impulsar desde lo público las exhumaciones, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura y reforzar el acceso a los archivos, además de resignificar el Valle de los Caídos".
- Jurisdicción universal. "A diferencia de otros principios, ha levantado polémicas porque el enfoque ha sido más político o económico. Herramienta que contribuye a evitar espacios de impunidad. Se ha mostrado eficaz en la defensa de las víctimas de horrendos crímenes".
- Protección a las víctimas, en especial a los más vulnerables.