750 magistrados. 350 en el origen y otros 400 con el texto escrito se han unido a la iniciativa más multitudinaria desde la huelga contra Rafael Catalá. Se trata de una "queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos" porque nuestro Poder Judicial aprecia una gravísima amenaza contra su independencia "en el Reino de España".
Los firmantes, jueces importantes de todo signo, se sienten desamparados por las autoridades, también y en primer lugar por el Gobierno. "La situación persiste y se agrava incluso por nuevos titulares de prensa". Se refieren en concreto al asunto de la Manada: "Recaída recientemente la sentencia de un Tribunal en un caso notorio, se ha desatado una presión social contra dicho órgano hasta llegar al linchamiento público, con la complicidad y el aliento de políticos que ven oportunidad para mejorar sus réditos electorales. Todo sin que el Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno de la Justicia en España) haya contestado a tan preocupantes amenazas contra la separación de poderes y el buen nombre de jueces injustamente atacados".
El escrito es una mina. Detona contra los principales partidos políticos y corrientes radicales. Coordinado por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, se interpone a título individual por cada uno de los magistrados firmantes. La asociación Foro Judicial Independiente, con cientos de afiliados, ha transmitido su respaldo.
"Los jueces abajo firmantes nos encontramos completamente desprotegidos ante las interferencias del Ejecutivo y del Legislativo. Las cuatro asociaciones de jueces y entidades cívicas amparan y respaldan a los jueces, pero la gravedad y virulencia del ataque a nuestra independencia nos compele a dar un paso más y a solicitar como jueces la efectiva protección internacional. No es la primera vez que ocurre".
Presión de los grupos de opinión
Ante la sentencia de La Manada, que "no ha se ha ajustado a las previas expectativas de algunos grupos de opinión, se ha desatado una presión social contra los jueces signatarios hasta llegar al linchamiento público, con la complicidad y el aliento de políticos" oportunistas. El escrito resume el procedimiento y cómo las acusaciones calificaron los hechos de agresión sexual por entender que la víctima había sufrido violencia o intimidación por los cinco acusados, con penas de 18 años y 9 meses de prisión. "El tribunal, muy experimentado, formado por dos hombres y una mujer, absolvió a los acusados de agresión sexual, al no apreciar violencia ni intimidación, pero les condenó a 9 años de prisión como autores de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento de una situación de superioridad basada en su número (cinco frente a uno), complexión (hombres, dos con formación militar, frente a una mujer) y a su edad (de entre 24 a 27 años ellos, frente a los 18 años de la mujer).
"Creyeron los magistrados signatarios la versión de la víctima en el juicio, apreciando que había sido violentada en la libertad sexual pues no prestó consentimiento libre, sino que se obtuvo viciado por el abuso de situación de superioridad. Sin embargo, uno de los tres jueces formuló un voto particular defendiendo la absolución pues aceptó la tesis de la defensa y consideró que las relaciones sexuales podían haber sido consentidas. Entendía en esencia que el análisis de la credibilidad de la víctima ponía de manifiesto que su incriminación no era persistente y su relato no era verosímil porque no lo corroboraban diversos hechos periféricos".
La reacción fue inmediata:
• "A los 15 minutos de comenzar la publicación de la sentencia ante los medios, el secretario general del partido político Podemos, don Pablo Iglesias, con importante representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado, lanzó en su cuenta de Twitter el mensaje: "La condena a la Manada solo por abuso es una pésima noticia. ¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que, si ni te enfrentas a 5 matones que te doblan de tamaño, arriesgando la vida, no te están violando. Vergüenza y asco".
• "Asimismo, don Pedro Sánchez, líder del PSOE, difundió un tuit que decía a los pocos minutos de conocerse la sentencia: "¿Qué entendemos entonces por violación?".
• "Numerosos líderes políticos de ámbito estatal, autonómico y local se unieron a las críticas en similares términos".
• "Ese mismo día se promovió por las redes sociales la firma en la cuenta pública digital "Change. Org" un documento dirigido a pedir la inhabilitación de los tres jueces. Se enviaron mensajes tipo por la aplicación whatsApp que invitaban a rodear sedes judiciales de toda España o a congregarse frente a ellas bajo el lema "esta justicia no nos representa" o "la Manada somos nosotras". Asimismo, se pegaron pasquines y se envió por el sistema de mensajería telefónica whatsApp y otras redes sociales una comunicación con la fotografía y el nombre y primer apellido del magistrado discrepante al que se le tildaba de "escoria humana" y se invitaba al receptor del mensaje a difundir su cara para que todo el mundo supiera quién era.
• "Personas congregadas ante el palacio de justicia de Pamplona intentaron entrar y se tuvo que reforzar el perímetro de protección por la Policía. Simultáneamente, se celebraban concentraciones en la mayoría de las capitales de España ante las sedes judiciales: en Madrid bajo el lema "la Manada somos nosotras" 10.000 personas se congregaron ante el Ministerio de Justicia; 6.000 en Barcelona bajo el lema "hermana yo te creo"; en Sevilla, en Bilbao, Alicante, Valencia, Huesca etc".
• El viernes día 27 se volvió a producir una concentración numerosa ante el palacio de justicia de Pamplona en la que se gritaron consignas como "esta justicia es una mierda", "la Manada no son 5 la Manada es el sistema", "no es no".
• El movimiento social se promovía y convocaba en torno a la idea de que los jueces habían cometido un acto de "machismo jurídico" y "justicia patriarcal" por entender que toda mujer que no da su consentimiento a mantener relaciones sexuales es una mujer violada.
• El entonces ministro de Justicia, don Rafael Catalá, el sábado 27 de abril en una entrevista radiofónica en el programa radiofónico "Hora 25" de la cadena SER sugirió que el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces españoles, debía revisar el voto particular, porque "son los vocales del Consejo los que valoran el comportamiento de los jueces y cuando hay algún voto particular singular, como puede ser este, lo tendrán que valorar y le podrán dar audiencia, pedir explicaciones y calificar si se ha producido un comportamiento normal o no tanto en este caso".
• El día 28 varios periódicos de tirada nacional publicaron información precisa y detallada sobre los expedientes personales del juez cuya custodia corresponde al CGPJ.
• El entonces Ministro de Justicia el lunes 30 de abril a las 12:45 horas, en una entrevista radiada en la cadena Cope con el periodista don Carlos Herrera, dijo que el magistrado del voto particular tenía un problema "singular" y que "todos lo sabían", señalando que el CGPJ tenía que haber ejercido su potestad disciplinaria contra él "porque la labor del CGPJ es ver si un magistrado está en plenas facultades", dando a entender que el juez tenía un problema de índole mental.
• Dña. Margarita Robles, entonces portavoz en el Congreso de los Diputados del partido PSOE, el lunes 30 de abril declaró que las manifestaciones del ministro "las ha hecho con conocimiento de causa" y que "el CGPJ tendrá que dar explicaciones de por qué no se ha hecho un seguimiento al juez".
La libertad de expresión, los límites
Las personas que han ejercido las críticas antes expuestas manifiestan basarse en el derecho a la libertad de expresión y a cuestionar las resoluciones judiciales en una sociedad democrática. "Indudablemente, son incuestionables y los jueces españoles estamos acostumbrados y toleramos las críticas a nuestras resoluciones; pero el derecho a criticar las resoluciones judiciales tiene unos límites. Estos límites se han trasgredido en el momento en el que se insulta a los magistrados integrantes del tribunal y se ataca personalmente poniendo en duda su capacitación profesional".
En las redes sociales, el movimiento denota una estructura planeada y articulada según una acción premeditada, lo que lleva a pensar racionalmente que puedan estar alentadas por activistas próximos a formaciones políticas, como se desprende de las noticias publicadas y que adjuntamos.
"No obstante, lo más grave son las declaraciones del máximo representante del Poder ejecutivo en materia de Justicia –Rafael Catalá" poniendo en cuestión ante la ciudadanía la capacitación del juez discrepante y sembrando en los ciudadanos la duda sobre la eficacia de la vigilancia que despliega el CGPJ sobre la salud mental y preparación jurídica de los jueces y magistrados. Declaraciones alentadas por la Sra. Margarita Robles, portavoz del principal partido de la oposición y magistrada del TS hasta hace menos de dos años, así como exvocal del CGPJ".
"Toda esta reacción en su conjunto tiene la fuerza e intensidad suficientes para influir y condicionar el ánimo de los jueces a la hora de decidir en lo sucesivo en asuntos semejantes y, en particular, en el TSJ Navarra en apelación y en el TS en casación cuando deban revisar la citada condena".
La utilización política de una decisión judicial es siempre inadmisible pero, que los representantes se presten a criticar una sentencia antes de haber tenido tiempo de leerla (son unos 300 folios) y que en general lo hagan, no con la pretensión de rebatir racionalmente su contenido, sino con la de imponer un relato popular de los hechos basado en el conocimiento fragmentario, mínimo y mediato (cuando no, tendencioso) de los elementos de convicción, rebasa la frivolidad y entra de lleno en la deslealtad institucional, por cuanto invita al ciudadano a cuestionar a todos los jueces y, relativizando el Estado de Derecho, reemplazar sus recursos por una pseudojusticia extrapocesal sin las garantías propias de un Estado democrático.
La alternativa que se plantea desemboca en el linchamiento profesional y moral de los jueces que no se doblegan ante un veredicto social que, antes de conocer el resultado de la sentencia, se había emitido previamente en los medios sociales merced a un juicio paralelo, movido o promovido por el poder ejecutivo y legislativo.
Inacción del CGPJ
En España, el CGPJ es el órgano encargado por la Constitución de velar por la independencia de los jueces y tribunales, así como de ejercer la potestad sancionadora e inspectora de los jueces y el competente para designar a los altos cargos de la magistratura. Sus veinte vocales son elegidos íntegramente por el parlamento y el presidente se escoge por votación posterior entre ellos. A pesar de estas altas funciones, su actuación ha sido manifiestamente insuficiente en la grave crisis desencadenada, pues se ha limitado a emitir dos comunicados:
Uno de ellos, por boca de su Presidente, emitido el día 27 de Abril, en el que entre otros aspectos dice "cuando las críticas consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas, se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos, debiendo recordarse que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales."
El otro, de la Comisión Permanente formada por seis vocales el día 30 de abril, en el que se recuerda el anterior y se apela a la "prudencia, mesura y moderación y a la responsabilidad institucional".
Cuando se pone incluso en juego la integridad física de los magistrados por la reacción popular alentada desde el ámbito político, la emisión de dos comunicados escritos constituye una medida de protección de la independencia del poder judicial claramente insuficiente. No obstante, es difícil pretender que el CGPJ elegido por el parlamento defienda a los jueces frente a los ataques de algunos destacados parlamentarios y miembros del ejecutivo.
Además, omitió toda reacción ante la indicación del ministro relativa a que el magistrado redactor del voto particular pudiera tener problemas que le incapacitan para dictar sentencias, pues alimenta el descrédito personal del magistrado y la desconfianza en los jueces, pese a que el CGPJ sabe que el Ministro y la portavoz de la oposición han suministrado una información que no se ajusta a la realidad.
No adoptaron medidas sobre la comunicación pública del fallo. A pesar de que se conocía el juicio paralelo al que fueron sometidos los acusados y se conocía que los magistrados tardaron cinco meses en dictar sentencia, el CGPJ no dispuso de ningún sistema o servicio para comunicar a la sociedad de forma eficaz y didáctica el fallo; explicar el funcionamiento del sistema de recursos, aclarar todas las dudas que pudiera suscitar la calificación y condena y resaltar que entre el delito por el que han sido condenados los acusados y el delito por el que pedían condena las acusaciones únicamente existe una diferencia de dos años de prisión en el Código Penal.
Por último, y no menos importante, adviértase que se ha filtrado a los medios de comunicación el expediente profesional del magistrado que ha emitido el voto particular. Dado que se trata de una documentación de carácter reservado que afecta al núcleo de su privacidad, queda inerme ante los ataques de redes sociales y medios que lo han venido linchando ante la opinión pública. Por acción o omisión, el CGPJ deberá responder ante la gravísima indefensión a que ha sido sometido uno de los jueces cuya protección tiene constitucionalmente encomendada.