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Hasta doce años de cárcel para 20 acusados por la estafa de Fórum Filatélico

La sentencia de la Audiencia Nacional describe "el paradigma de las estafas piramidales".

La sentencia de la Audiencia Nacional describe "el paradigma de las estafas piramidales".
La oficina del Forum Filatelico en Madrid | Cordon Press

Fórum Filatélico fue el "paradigma de las estafas piramidales". La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 20 acusados a penas de entre 6 meses y 12 años y 4 meses de cárcel. Absuelve a otras siete personas.

El expresidente Francisco Briones resulta condenado a 12 años, 4 meses y 16 días de prisión por delitos de estafa agravada continuada en concurso con insolvencia punible y falseamiento de cuentas anuales continuado y por delito de blanqueo de capitales. Se le impone, además, multa de 49,7 millones de euros y responsabilidad civil por la que deberá indemnizar, junto con otro de los condenados, a los 190.022 titulares de los 269.570 contratos filatélicos reconocidos por la Administración en el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid en más de 3.700 millones de euros.

La Sala condena igualmente al exdirector general de Fórum Filatélico Antonio Merino a dos años y tres meses como cómplice de delito continuado de estafa agravada en concurso con insolvencia punible y por blanqueo y multa 15,9 millones de euros al aplicarle la atenuante de confesión. Al exdirector jurídico Juan Ramón González le impone la pena de 6 años y 3 meses e igual multa por estafa agravada y blanqueo.

El fallo también condena a los auditores José Carrera Sánchez y Rafael Ruiz Berrio como cooperadores necesarios en el falseamiento de cuentas societarias a dos y un año de cárcel, respectivamente. El resto de acusados, colaboradores en la estafa y en los delitos de blanqueo de capitales, resultan condenados a penas de prisión de entre 6 meses y 4 años y multas que llegan hasta los 63,5 millones de euros.

El Tribunal absuelve a los cuatro miembros del Consejo de Administración que fueron juzgados –Miguel Ángel Hijón, Francisco José López Gilarte, Agustín Fernandez Rodríguez y Juan Macía Mercadé- por los delitos de estafa agravada continuada, insolvencia punible y falseamiento continuado de cuentas societarias.

La resolución, con ponencia del magistrado Ramón Sáez, aplica a todos la atenuante de dilaciones indebidas simple. Se acuerda el decomiso de varias fincas y cuentas y el dinero depositado en cajas de seguridad y se ordena que los fondos obtenidos en la ejecución sean puestos a disposición de la Administración concursal para que lo distribuya de manera ordenada entre los perjudicados.

La estafa del Fórum Filatélico

Fórum Filatélico alcanzó la cima de la compraventa de sellos en España. Ofrecía altos intereses a sus clientes —en torno al 6%— usando como garantía lotes de productos filatélicos (en la mayoría sobrevalorados). Desplegaron sofisticadas estrategias para el mantenimiento del negocio durante de dos décadas. En 1998, los investigadores descubrieron que las compras de la empresa en el extranjero no cuadraban con las ventas en España, atisbando un sobrecoste de hasta un 900%.

Pablo Ruz, el juez que instruyó la causa en la Audiencia Nacional, sostuvo ya que la actividad de Fórum era "económicamente inviable desde su origen y resultaba de todo punto insostenible", puesto que los clientes pagaban por los sellos unos precios fijados por la empresa muy superiores a los que podían conseguir en el mercado de filatelia. Además, la empresa se comprometía a recomprar por un precio aún mayor.

Captación masiva de dinero de pequeños ahorradores

La sentencia explica cómo Fórum Filatélico desarrolló entre 1998 y 2006 un negocio de captación masiva de dinero de pequeños ahorradores –muchos invirtieron más de 50 mil euros–, fondos que devolvía en plazo determinado con un interés añadido superior al de las entidades financieras. El motivo que alegaban para la retribución era la inversión en valores filatélicos: series de sellos de correos del tema Europa emitidos por la Confederación Europea Postal y de Telecomunicaciones (Cept), cuyo precio fijaba la compañía en función de necesidades financieras con listas internas.

Sostenían en la publicidad que los sellos se revalorizaban de manera constante y la actividad se formalizaba en contratos-tipo de compraventa de lotes de sellos que encubrían la realidad económica de la transacción. Según la sentencia, convencían al inversor de la compra por un precio supuestamente equivalente al valor de la filatelia que le adjudicaban, asumiendo la compañía el compromiso de recompra por el que se obligaba a devolverle en un plazo el dinero aportado más la rentabilidad.

Mercado cerrado ajeno al coleccionismo

De esa manera, Fórum Filatélico había construido un mercado cerrado, ajeno al del coleccionismo de sellos, bajo la apariencia de compraventa de valores filatélicos, en el que llegaron a integrar -el 9 mayo de 2006, momento de la intervención judicial- a 268.804 clientes, titulares de 393.754 contratos, que habían confiado a la empresa más de tres mil millones de euros.

"Los clientes invertían sus ahorros por la alta rentabilidad que ofrecía el producto, que era ajena al valor del sello y a cualquier hipotética revalorización, de ahí que siempre optaran por revender la filatelia y percibir el interés pactado, que hasta la intervención judicial la empresa abonó puntualmente", señala la Audiencia.

Fórum adquirió así más de 121 millones de sellos, un patrimonio que tenía escaso valor en el mercado, argumenta la Sala, porque no había demanda que lo absorbiera y como el mercado era el único espacio donde los sellos –el activo casi exclusivo– podían lograr liquidez, "era ficticia la idea de que soportaban económicamente la inversión del cliente más la retribución garantizada, cuando en realidad la filatelia acumulada en grandes masas por la entidad, hasta el punto de haber desecho el mercado, estaba sobreestimada de manera espectacular y tenía un escaso valor".

Consecuencia de ello, el negocio producía pérdidas constantes fruto del compromiso de recompra con intereses y a que la única fuente de ingresos era el dinero de los inversores. Por ello, Fórum solo era capaz de mantener la actividad reteniendo a los inversores para que renovaran contratos y captando nuevos clientes que aportaran.

Los grandes costes de producción, organización y distribución para el mantenimiento de la red comercial y la compra masiva de sellos, más la tesorería que requería la devolución del dinero a inversores y el abono de intereses convenidos, incrementaba de modo progresivo la situación de insolvencia: el activo no hacía frente a las deudas.

Para presentar una imagen de solidez del negocio y aparentar beneficios, relata la Sala, Fórum elaboraba sus cuentas anuales ocultando las obligaciones de recompra con los clientes, que no se reflejaban en el pasivo.

Estructura visible y estructura clandestina

Fórum tenía una estructura visible, con su administración, propiedad, red comercial y sus locales abiertos al público, y otra clandestina, que operaba en secreto, detrás de personas jurídicas que se ocultaban unas a otras aprovechando paraísos fiscales. Diseñaron una compleja red de sociedades radicadas en diversos países que se interponían en cascada entre el proveedor de los sellos y Fórum Filatélico, con la finalidad de incrementar artificialmente el precio de adquisición y desviar dinero de los inversores, lo que causó un perjuicio a la empresa de más de 56 millones.

Con la misma finalidad de disponer de fondos de los inversores, idearon otro circuito de valores filatélicos, que salían clandestinamente de los almacenes de Fórum y se introducían en la red de proveedores ficticios, por el cual la empresa volvía a pagar una y otra vez por los mismos sellos, una vía con la que detrajeron más de 213 millones de euros desde mayo de 2000.

El dinero así desviado de Fórum fue introducido en el sistema financiero mediante complicados flujos de dinero, con transferencias sucesivas en cuentas de bancos extranjeros, cuyos titulares eran sociedades que se acoplaban unas sobre otras, y, en parte, transformado en activos inmobiliarios mediante compraventas ejecutadas por sociedades instrumentales creadas y gestionadas por agentes fiduciarios, todo ello con la finalidad de ocultar el origen y el destino de los activos.

Estrategia de confusión y engaño

Para la Sala, las premisas sobre las que se levantaba el negocio "son tan cuestionables y débiles que ponen de manifiesto su maleabilidad al servicio de una estrategia de confusión y engaño, dirigida a clientes no advertidos y poco informados". "El precio de la lista y de adjudicación al cliente era una ficción, que no se sostenía en el mercado externo. Una sobrevaloración que el cliente aceptaba en la medida que se le prometía, y la empresa venía cumpliendo con rigor, la devolución del capital incrementado con un interés sin competencia; como sabemos, era posible gracias a la incorporación de nuevos clientes y al ingreso de capitales", señala.

Además, agrega, "exigía una huida permanente hacia adelante, sin solución, ya que no lograban, ni lo pretendían, rentabilizar de alguna manera aquellos fondos prestados".

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