Primero fue con RTVE, ahora el chantaje de los independentistas al Gobierno se extiende a los Presupuestos Generales del Estado. Un día después de su reunión, primero con la vicepresidenta Carmen Calvo, y después con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el vicepresidente de la Generalidad, Pere Aragonès, fue muy explícito este viernes en torno a sus exigencias.
"Ayer me dijeron que necesitaban margen para hacer los presupuestos del Estado y yo lo que les expliqué es la situación política que tenemos aquí y en la que también tenemos que trabajar. La situación política es que vamos a un otoño en el que previsiblemente tendremos un juicio, en el que el Estado puede actuar de muchas maneras. Y si quieren solucionarlo ya saben qué hacer".
Sus palabras, en una entrevista a Rac1, han sido respondidas desde el Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Precisamente quien fuera su interlocutora en la jornada de este jueves, la titular de Hacienda, ha dicho al ser preguntada por la cuestión: "No me consta que lo haya hecho así, al menos en las reuniones formales". Un medio desmentido de Montero al que ha seguido otra declaración: "No ha comenzado la negociación de los presupuestos de 2019".
Aragonés también ha asegurado que en la cita de este jueves con la ministra de Hacienda se habló de la supuesta deuda que tiene pendiente el Estado con la Generalidad y que el vicepresidente separatista cifra en 7.600 millones de euros, en concreto, 1.600 millones más que la cifra que dio en su primera comparecencia en el Parlamento tras configurarse el nuevo Gobierno de Quim Torra. Según él, porque incluye antiguas deudas relacionadas con la Ley de dependencia. Aragonès ha afirmado que aquí si hubo un compromiso del Gobierno.
"Antes de hacer un nuevo contrato tenemos que saber si es para que sean dos casas separadas o para seguir dentro de una habitación de la casa de otro. Antes de hacer un nuevo contrato tenemos que hacer cumplir el que está vigente. El gobierno de España lo que nos dice es que es mucho dinero pero que tienen la voluntad de desbloquear algunos conceptos". Un importante paso para el independentismo antes de comenzar una "auténtica negociación de fondo".
No a la suspensión de Schengen
En clave catalana, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, no ha querido entrar a valorar las preguntas que se le han formulado sobre la decisión de la justicia alemana de extraditar a Carles Puigdemont por un delito de rebelión y se ha limitado a manifestar "el respeto más absoluto a todas las decisiones judiciales".
Tampoco quiso poner en cuestión la euroorden pese a que el sistema de confianza mutua entre estados miembros de la UE ha quedado, según algunos, en cuestión porque un tribunal regional alemán ha enmendado la plana al Tribunal Supremo de España: "No comparto las dudas sobre la euroorden", dijo Celaá.
Preguntada por la petición de algunos dirigentes del PP de suspender el control de fronteras, el llamado espacio Schengen en señal de protesta por la decisión de la justicia alemana, Celaá rechazó rotundamente este extremo: "Defendemos Schengen en todos los sentidos. Europa se fundamenta en la libre circulación de servicios pero sobre todos de personas. Sería alinearse con algunas posiciones que no compartimos" en clave europea y añadió: "Afecta a millones de personas y jóvenes . Schengen es un extraordinario elemento de la Unión Europea".