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La defensa de Puigdemont pide "desactivar" a Vox: "El Gobierno tiene mecanismos para hacerlo"

El secretario general de la formación contesta en esRadio a las presiones desde el separatismo recibidas por el partido y también por la Fiscalía.

Libertad Digital/esRadio
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Entrevista a Javier Ortega Es la Tarde de Dieter

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Javier Ortega en esRadio | David Alonso Rincón

En medio de la euforia separatista desatada por la decisión del tribunal alemán de extraditar a Puigdemont sólo por malversación, el abogado del ex presidente catalán hizo esta afirmación sobre Vox, que ejerce la acusación popular en el proceso: "El Gobierno tiene mecanismos" para "desactivarlo". En una entrevista en RAC 1, Alonso Cuevillas hizo su propia sugerencia para dicha "desactivación": "Desde el convencimiento es difícil", pero "se podría investigar, ¿no?"

El presidente del partido, Santiago Abascal, ha denunciado "la extraordinaria gravedad" de la petición de Cuevillas, que se une a las presiones sufridas por el partido durante el procedimiento y que ha relatado el abogado Javier Ortega en Es la Tarde de Dieter, de esRadio. El también secretario general de Vox ha confirmado que han sido presionados "de forma directa e indirecta" en todo este tiempo hasta el punto de que ahora se diga sin tapujos y en público, y que también han sufrido presiones fiscales y abogados. En el caso de Vox, ha avisado, el separatismo se topa "frente a un muro": "No damos un paso atrás ni para coger impulso".

En esRadio, Ortega ha hablado de la Fiscalía, que "no ha cedido ni un milímetro", y del instuctor Pablo Llarena: "Confío en la fortaleza del magistrado". El juicio, ha relatado, podría arrancar en torno a noviembre y prolongarse durante dos o tres meses.

El abogado y dirigente de Vox se ha referido, además, a la decisión del tribunal alemán de pedir que se juzgue a Puigdemont sólo por malversación. Según ha dicho, Vox ha presentado un escrito en el que pide la retirada de la euroorden si no se cumple en los términos en que está redactada, es decir, si Puigdemont no es entregado para ser juzgado de todos los delitos de los que se le acusa. Aceptar su entrega sólo por malversación socava, a su juicio, la "soberanía judicial" y "provocaría la impunidad de los delitos más graves". También "crearía un efecto cascada con respecto" a otros golpistas en prisión: "Si al máximo dirigente sólo se le puede imputar malversación, a todos los que siguen en la cadena de mando no se les podría imputar más que delitos de igual rango o inferior".

Ortega ha manifestado su confianza en que la euroorden decaiga tras el primer paso dado por Llarena, que apunta en ese sentido.

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