Más de una hora y media de interrogatorio a José Manuel Villarejo por las cintas de Corinna. El excomisario ha respondido únicamente a las preguntas de su abogado y a las del juez Diego de Egea en la Audiencia Nacional, pese a que había solicitado el sistema de videoconferencia por una dolencia en la espalda. En prisión incondicional desde noviembre, ha sido trasladado en ambulancia desde la cárcel de Estremera, ida y vuelta.
Según fuentes jurídicas, Villarejo ha asegurado que acudió a la reunión con Corinna en calidad de "enviado de Estado" en busca de una solución a los "problemas" que ella tenía entonces con el exjefe del Estado. Ha negado que durante el encuentro hablaran de "proyectos concretos".
La investigación atribuye a Villarejo el papel protagonista en la Operación Tándem. Se trata de una red que se habría dedicado al blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios. Además, se habría enriquecido con informes especializados de inteligencia contra personas o sociedades concretas y con la entrada ilegal de ciudadanos en España.
El juez apreció en un primer momento indicios de blanqueo, organización criminal, cohecho y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Sin embargo, la lista aumentará previsiblemente a la vista de las nuevas piezas separadas. Villarejo comparece este jueves por dos de ellas. La primera, sobre la supuesta participación de su homólogo Enrique García Castaño en la Operación Tándem. De Egea ordenó la semana pasada su detención y posteriormente su puesta en libertad provisional con medidas cautelares menores en contra del criterio de la Fiscalía.
El magistrado interrogará inmediatamente después a Villarejo sobre las cintas de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. En unas grabaciones publicadas por varios medios de comunicación –que ha solicitado ya De Egea e incorporará a este sumario– la amiga íntima del Rey emérito asegura que Juan Carlos de Borbón intermedió en el amaño de contratos concedidos en el extranjero a empresas españolas y cobró comisiones a cambio, que posee cuentas bancarias en Suiza y que la utilizó como testaferro.
La confesión se habría producido en 2015 en un encuentro entre Corinna y Villarejo en Londres al que también acudió el expresidente de Telefónica Juan Villalonga. La empresaria alemana, asesora de Alberto de Mónaco, relató también las supuestas presiones del CNI para que no desvelara los entresijos del Rey, que conservaría el patrimonio de origen ilícito. En este sentido, el máximo responsable de los servicios de inteligencia Félix Sanz Roldán admitió la identidad de la amiga del Rey y que poseían una copia de la conversación. No obstante, explicó este miércoles en el Congreso de los Diputados que el excomisario obtuvo la grabación bajo amenazas.
La versión de Villarejo es que halló las cintas en la casa de su exsocio, el abogado de Andorra Rafael Redondo, que está en prisión provisional junto al excomisario. En el marco de esta investigación, De Egea, renovado por el Consejo General del Poder Judicial como magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional hasta el 31 de diciembre, ha declarado la pieza secreta.
Corinna ha denunciado "una campaña de descrédito con motivación política" contra ella basada en "un sinfín de información falsa". El juez investiga el alcance de las cintas o si el movimiento forma parte del mercadeo que habría desarrollado Villarejo al frente de la supuesta organización criminal valiéndose de su condición de policía.
Futuro de Juan Carlos I
La detención de Villarejo ha facilitado a los investigadores una cantidad ingente de grabaciones que la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional rastrean desde hace tiempo. Según fuentes del Ministerio Público, están ya en el sumario algunas que salpicarían indiciariamente al Rey Emérito. Existen internamente una corriente que cree que Juan Carlos de Borbón no responderá ante la Justicia porque su figura en el momento de los hechos gozaba de la inviolabilidad inherente a la Corona.
Lo cierto es que, desde el momento de la abdicación, Juan Carlos I carece de dicho privilegio. El Rey emérito está ahora aforado en el Tribunal Supremo, el único órgano con competencia para investigar y, en todo caso, juzgar su comportamiento.
La Fiscalía General del Estado entiende que los siguientes pasos en la investigación corresponden al juez De Diego de Egea en función de las novedades que recopile en esta pieza separada. Los esfuerzos se centran en otras vertientes más avanzadas.