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El caso del fraude de la formación se repolitiza con los escándalos de la FAFFE y el exconsejero Ojeda

Un caso troceado y políticamente casi neutralizado.

(Sevilla)
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A pesar de haber sido objeto de la más potente estrategia de despolitización, el caso del fraude de la formación resulta inexplicable si no se sitúa a las autoridades de la Junta de Andalucía y al PSOE en la cúspide de una pirámide de responsabilidades. Los actuales escándalos de la FAFFE y el nuevo rumbo del caso Ojeda, así lo indican.

El caso del fraude de la formación, inicialmente casi EDU que comenzó a instruir la UDEF en 2013 y cuya operación inicial fue desvelada, en exclusiva, por Libertad Digital en 2014, tuvo el primer tropiezo cuando la sustituta de Mercedes Alaya, el mismo día de tomar posesión del juzgado de instrucción de Sevilla número 6, paralizó decisiones de su antecesora.

Posteriormente vinieron el despedazamiento del caso que, al decir de Alaya, implicaba la pérdida de visión global y la reducción del caso a meras informalidades administrativas, y tuvo su máximo exponente dejudicializador cuando fiscalía y juez decidieron el archivo de la pieza política, similar en cuanto a estructura de instrucción, a la causa que se juzga ahora en la Audiencia de Sevilla sobre los ERE.

El último bombazo judicial y las extrañas maniobras orquestales en la oscuridad fue protagonizada por la Fiscalía de Huelva, que, tras haber ayudado a la instrucción del caso, ha solicitado el archivo de la pieza onubense para escándalo del propio juez del caso que veía indicios suficientes de delito. Pero la Junta ni la Fiscalía decidieron acusar y eran los únicos que podían hacerlo.

Ahora vuelven a la actualidad los casos FAFFE y Ojeda. El primero se refiere a la Fundación Andaluza del Fondo de Formación para el Empleo, nido de enchufados socialistas durante su historia que distribuyó puestos y trabajos entre amigos y afiliados. El caso de las tarjetas black o sex-black, por haber sido utilizadas en un club de alterne por sus directivos, ha elevado la consideración política del caso.

Al haberse descubierto el uso de, al menos, dos tarjetas black por directivos de la Fundación en el club D´Angelo de Sevilla, cuyos cargos fueron anulados mediante la entrega de dinero en efectivo, el caso ha llegado al Parlamento andaluz que parece inclinarse, salvo que Ciudadanos persista en no apoyarla, a una Comisión de Investigación.

Ardua tarea será porque la Junta nunca ha querido facilitar documentación sobre la FAFFE de modo que como precisa ABC se desconoce exactamente cómo se gastaron los 300 millones de euros de dinero público que llegó a gestionar. Hay muchas partidas sin justificar, informes de irregularidades y cursos que no llegaron a celebrarse.

Recuérdese que en noviembre de 2015, el Parlamento de Andalucía constituyó una Comisión de Investigación sobre los cursos de formación impartidos por la Junta desde el año 2002. Pero cuando se trató de inquirir sobre la FAFFE, la Junta, que ya había integrado al personal de la Fundación en su administración paralela, no envió toda la documentación solicitada. Se remitieron algunos expedientes pero nada que evidenciara cómo era su gestión, su funcionamiento, sus gastos, sus contrataciones.

Tampoco recibieron los parlamentarios las dos auditorías de gestión que realizaron empresas especializadas tras su liquidación, en el año 2011; tampoco tuvieron en sus manos el listado del personal contratado en la FAFFE, ni los informes que alertaban de irregularidades en el pago de las nóminas de los trabajadores por un importe de dos millones de euros, ni, claro está, los trasvases de subvenciones que concedía a empresas privadas (por ejemplo, el entramado de Ángel Ojeda) para dar cursos.

El caso Ojeda

Por otra parte, la juez Núñez Bolaños, tras las investigaciones policiales de la correspondencia electrónica del ex consejero Ojeda, ha citado a declarar, a instancias de la Fiscalía, a otras nueve personas, entre ellas el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas y la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo María Teresa Florido, en la pieza dedicada a investigar las ayudas que por importe de 52,7 millones recibieron las empresas del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, su cuñado.

Es evidente que el ascenso del caso hasta una dirección general y una viceconsejería de la Junta vuelve a restaurar los hilos de la tela de araña política que fueron eliminados por el archivo temprano de la pieza política.

Resulta especialmente llamativo el caso de María Teresa Florido, que ha negado sistemáticamente relaciones con su cuñado en este caso y que ha negado haberlo favorecido. De hecho, incluso ha llevado a los tribunales, con escaso éxito, a diputadas del PP como Ana Mestre por referirse a su presencia en el caso. Pero el descubrimiento de los correos electrónicos de Ojeda parece haber dejado claro que su presencia entre los imputados está justificada.

La instructora ha citado a declarar para el 21 de marzo de 2019 a Justo Mañas, Teresa Florido, y otros y el resto de las declaraciones se producirán para el 11 de abril de 2019. Esto quiere decir que. de no convocarse elecciones anticipadas en Andalucía, el caso del fraude de la formación, además del de los ERE, pesará como nunca en la convocatoria ordinaria que tendrá que ser forzosamente por tales fechas.

Tras años de pesquisas y búsquedas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), logró examinar los correos electrónicos intervenidos en un disco duro de la sede del grupo de empresas de Ángel Ojeda (Prescal). Tras su examen, la conclusión, que ha admitido la Fiscalía, es que "puede afirmarse la existencia de indicios de comisión de delitos, indiciariamente de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y fraude y exacciones ilegales".

Tras el archivo de la pieza política que instruyó la juez Alaya, ahora la Fiscalía considera que Ángel Ojeda se habrían aprovechado de las "buenas relaciones" que mantienen tanto con funcionarios tanto de la dirección general como de distintas delegaciones del Servicio Andaluz de Empleo, para "obtener favores, información privilegiada e incluso influyendo en autoridades con el objetivo de acomodar normas jurídicas a sus intereses".

Pero la UDEF llega más lejos y le considera en su atestado como , la "cúspide" de una organización criminal para la consecución de los cursos y el personal de su esfera.

Se considera probado que entre el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas y Ángel Ojeda había intensas relaciones. En uno de los correos ponen en común la información de que que "el SAE y la FAFFE realizarán en noviembre un acuerdo con la Forpe para que ésta realice, mediante adjudicación o subcontratación, los cursos de aeronáutica que se tengan que impartir y los cursos de formación del plan Proteja".

Jugoso es el contenido de los correos electrónicos cursados entre Ojeda y su cuñada, María Teresa Florido, en los que el empresario, dice el atestado, está "tratando de influenciar a su cuñada para el establecimiento de unos criterios uniformes de baremación que beneficiasen a su grupo empresarial". Florido era directora general para la Formación Profesional de la Junta.

Cumbre resulta el correo en que Florido le advierte a Ojeda que "no le envíe nada a su correo oficial", y añade Diario de Sevilla que su cuñado "parece tratar de protegerla, pues no se ha recogido ningún correo remitido directamente por la misma, lo cual carece de sentido según la lectura de las cadenas" de correos, a no ser que "hayan sido eliminados" con anterioridad a la intervención de los discos duros en la sede de Prescal.

Así que María Teresa Florido –que en su día fue imputada en la pieza política de los cursos, que fue archivada en 2016– , Justo Mañas, Pedro Legeren, ex jefe de servicio de Programas para el Empleo; José Manuel Fuentes Doblado, ex director general de Formación Profesional Ocupacional desde 2003 y luego coordinador general de la Viceconsejería; Alonso Solís Franco, jefe de servicio en la dirección general de Formación; Noelia Ruiz Martel, técnico de formación en el SAE; Raúl Perales Acedo, ex director del Instituto Andaluz de la Juventud; Jorge Carbajal Orduña, que fue miembro del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales; y Antonio Ortega Ordóñez, director de comunicación de Prescal, han sido declarados investigados en el caso.

Llamativo es el caso de Raúl Perales, ex director del Instituto Andaluz de la Juventud y miembro destacado del clan de Alcalá de los Gazules, que envió su propio currículum para incluirlo "en los próximos procesos de selección" desde el correo oficial del Instituto Andaluz de la Juventud que dirigía. Ya anteriormente se hizo famoso con la historia del traslado de un váter, de la que informó en exclusiva Libertad Digital.

No hay otro remedio que recordar que Raúl Perales Acedo, ex director general del Instituto Andaluz de la Juventud, militante de Juventudes Socialistas desde 1995, es hijo del que también fuera imputado en el caso Bahía Competitiva, Antonio Perales Pizarro y sobrino del histórico socialista fundador del clan socialista de Alcalá de los Gazules, Alfonso Perales, ya fallecido. Ambos últimos son primos hermanos de Luis Pizarro, que fue vicesecretario general del PSOE andaluz y ex consejero de Gobernación y Justicia.

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