El separatismo acusa a Inés Arrimadas de fomentar la violencia de "extrema derecha" el día que el secretario de Sociedad Civil Catalana en Lérida ha sido abofeteado y amenazado en plena calle. El relato separatista califica de "comandos de ultraderecha" a las personas que protestan por la propaganda separatista en los espacios públicos. Quienes se atreven a retirarlas se comportan como "terroristas", llegó a decir Puigdemont. En cambio, el consejero de Interior, Miquel Buch, califica como "ejercicio de libertad de expresión" acosar a un juez a la salida de un restaurante. En la última ficción separatista, agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional y "comandos de ultraderecha" se dedican a amedrentar y a agredir a los nacionalistas y a coartar la libertad de expresión del pueblo catalán. Asignan a Arrimadas el papel de autora intelectual.
El incidente entre el "fotógrafo del proceso" Jordi Borràs y un policía nacional de paisano y la denuncia de dos diputados de ERC que acusan a otro agente de haberlos insultado al pasar por delante de la comisaría de Vía Layetana en Barcelona han sido la excusa del presidente de la Generalidad, Quim Torra, para enviar una carta a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, en la que le exige que el Ejecutivo adopte medidas contra las "agresiones" de agentes a ciudadanos.
Esos dos casos más un mensaje en Twitter de un guardia civil que ponía en duda la versión de Borràs son para Torra motivo de una gran preocupación que expresa a Cunillera para que se la traslade a los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña. "Actuando como miembros de unos cuerpos que tienen por legítima función la seguridad y defensa de los ciudadanos, lo que hacen es justificar conductas contrarias a la convivencia ciudadana", acusa Torra en su carta. También pide saber qué medidas disciplinarias se van a adoptar.
En el primero de los casos, Borràs y el policía se han cruzado sendas denuncias y la Policía Nacional esperará al resultado del juicio para adoptar si procede las medidas que exige Torra. Preguntado al respecto el consejero de Interior, Miquel Buch, ha afirmado que si el acusado fuera un mosso, el departamento también esperaría al fallo judicial para aplicar el reglamento.
En cuanto a los diputados de ERC, se trata de Jenn Díaz y Josep Maria Jové, este último investigado por la organización del referéndum ilegal. Días después de los hechos, ambos presentaron una denuncia en la que acusan a un agente de uniforme de haber escupido al suelo y haberles llamado "hijos de puta" al pasar por delante de la comisaría.
Nueva organización separatista
En paralelo, la CUP ha anunciado la creación de los "Comités de Solidaridad Antifascista", unos grupos cuya misión será la de impedir la retirada de propaganda separatista de los espacios públicos. Según la formación antisistema, el departamento de Interior de la Generalidad no hace nada para contener el presunto auge de la extrema derecha. Acusan también a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de "instigar a comandos de ultraderecha". La CUP montará los nuevos comités en las localidad donde gobierno y asegura que actuarán "de manera no violenta pero firme y contundente". La formación confía en que tales grupos se formen también en los municipios gobernados por el PDeCAT o ERC.
Amenazar a Llarena, "libertad de expresión"
El consejero de Interior, Miquel Buch, niega las acusaciones de la CUP y en declaraciones en la radio de Godó ha dado un paso más al calificar de "ejercicio de libertad de expresión" el acoso al juez Pablo Llarena a la salida de un restaurante de la Costa Brava. También ha censurado que la Policía Nacional tomara declaración por esos a un individuo de los Comités de Defensa de la República (CDR). Además, ha cargado contra Ciudadanos en los mismos términos que los antisistema. "Les pediría que se animen a condenar todas las agresiones porque tienen tendencia a condenar sólo un tipo de agresiones", ha manifestado el consejero.
Arrimadas ha respondido a la CUP que "es un honor ser señalada por los totalitarios". También se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje de Twitter: "Que Sánchez siga mirando hacia otro lado y siga diciendo que lo que pasa en Cataluña es normal es, sencillamente, indignante".
La última agresión
Precisamente este jueves, el secretario de la agrupación de Sociedad Civil Catalana (SCC) en Lérida, Oriol Casanovas, ha sido víctima de una agresión en plena calle. Según SCC, "Casanovas se encontraba en la Calle Mayor repartiendo unos 'flyers' de un restaurante y justo en ese momento el agresor le ha cogido por el cuello, sin que se diera cuenta porque estaba de espaldas a él, y le ha agredido físicamente dándole una bofetada con la mano abierta en la cara. Justo a continuación el agresor le ha amenazado diciéndole que vaya con cuidado porque hay más gente que sabe quién es y lo que hace".
La organización no nacionalista ha emitido una nota en la que denuncia que "el hecho de que los gobiernos secesionistas catalanes no representen al conjunto de la ciudadanía y realicen acciones cuyo objetivo es imponer su forma de pensar, eleva considerablemente las probabilidades de que se den situaciones como la que ha sufrido el secretario de la entidad en Lérida.
SCC está en el punto de mira del separatismo desde que organizara las dos grandes manifestaciones en Barcelona a favor de la unidad de España el pasado octubre. La consigna de los medios públicos y subvencionados es catalogarla de extrema derecha. Ningún partido nacionalista ha condenado la agresión contra el miembro de Sociedad Civil Catalana.