La Ley vasca de abusos policiales evalúa, entre otros, a los posibles damnificados de este tipo de prácticas. A instancias del Sindicato Unificado de Policía, el Gobierno de Mariano Rajoy interpuso un recurso contra la creación de una "comisión de evaluación" que se encarga de los interrogatorios a presuntas víctimas y de la investigación de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos que no fueron condenados por la Justicia. A su juicio, esta iniciativa pretendía sustituir políticamente la actuación de los tribunales.
Como parte de la negociación para el apoyo a la moción de censura con el PNV –y con el trasfondo de los presos de ETA–, Pedro Sánchez retiró el recurso a su llegada a la presidencia. El propio SUP ha anunciado ahora una demanda que formalizará en septiembre ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que, a su vez, eleve la cuestión al Tribunal Constitucional y éste la declare "inconstitucional".
El sindicato estudia también emprender acciones legales contra el Gobierno socialista por un delito de prevaricación, "al retirar el recurso contra un precepto que consideran ilegal". Cuentan con el apoyo de las principales asociaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Asociación de Ertzainas, Familiares Víctimas del Terrorismo y Covite.
Los querellantes se reunirán la primera quincena de septiembre en Vitoria con la vista puesta en un pacto. Entienden que las modificaciones acordadas por las Administraciones central y vasca para poder retirar la impugnación son "meramente semánticas", porque el contenido del texto apenas varía.