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La pancarta contra el Rey puso en jaque la seguridad de los asistentes al homenaje a las víctimas del 17-A

La delegación del Gobierno reacciona, exige explicaciones a los Mossos y afirma que la Policía pidió su retirada sin éxito.

La delegación del Gobierno reacciona, exige explicaciones a los Mossos y afirma que la Policía pidió su retirada sin éxito.
La plaza de Cataluña con la pancarta al fondo | EFE

La Delegación del Gobierno en Cataluña ha reaccionado a la negativa de los Mossos y el Ayuntamiento de Colau a retirar la pancarta contra el Rey que ha "presidido" el acto de homenaje a las víctimas de los atentados islamistas del 17-A. En una nota de prensa emitida horas después del acto, la Delegación asegura que recibido "numerosas muestras de preocupación por una posible vulneración de las garantías de seguridad". La "vulneración" era la pancarta de quince metros de longitud que se colocó en una fachada de la plaza de Cataluña.

A pesar de que ya han pasado horas del "evento", la nota de prensa utiliza el tiempo presente: "Esta pancarta ocupa buena parte de la fachada del edificio, impidiendo el control de varias ventanas con vistas directas al acto, lo que puede dificultar la plena seguridad del acto y poner en riesgo a las propias víctimas, a SSMM Los Reyes y a las más altas autoridades del Estado presentes".

Según el comunicado oficial, "la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía en Catalunya ha exigido la retirada de la pancarta debido al espacio ciego de seguridad que generaba, pero dicho requerimiento ha sido desatendido".

A pesar de que la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, ha asistido a los dos homenajes "institucionales" a las víctimas, es la subdelegada de Barcelona, Montserrat García Lloveras, en calidad de delegada accidental quien ha enviado una carta al director general de la Policía de la Generalitat y al Comisionado de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona en las que pide "información" sobre "las garantías de seguridad que debían ofrecer en el acto de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona del 17 de agosto de 2017".

"El control de las alturas"

Respecto a los Mossos, la subdelegada afirma que "los Mossos d’Esquadra se comprometieron a asumir el control de las alturas del acto de homenaje a las víctimas en Barcelona, y que lo hicieron en una Junta de Seguridad celebrada el 14 de agosto". Y en cuanto al comisionado municipal, le pregunta "si la instalación de la pancarta ha sido solicitada o no por quienes la hayan desplegado y si se ajusta a las ordenanzas municipales".

La Delegación del Gobierno adopta un perfil bajo. La subdelegada se dirige a dos "técnicos", uno de los Mossos, Andreu Joan Martínez i Hernández, exdirectivo de TV3, y otro del Ayuntamiento, Amadeu Racasens, exdirector de la Escuela de Policía de Cataluña, donde se forman los Mossos y las policías locales. La seguridad de cientos de personas ha estado en riesgo porque los Mossos han abortado la retirada de la pancarta cuando ya se habían descolgado por la fachada dos agentes del servicio de rescates de montaña de la policía autonómica. Eran las cuatro de la madrugada. Habían recibido la contraorden de no molestar. El departamento de Interior le pasaba la pelota al Ayuntamiento, competente en materia de paisaje urbano.

Entre las excusas aportadas por fuentes municipales y autonómicas, que la pancarta colgaba de una propiedad privada de un millonario independentista, que el "piso" no había sido "okupado" y que el propietario había dado su permiso. La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, agradecía la labor de los dos "activistas" que habían defendido la "libertad de expresión". Durante una hora, la seguridad de los familiares de las víctimas, de los Reyes, los políticos y los asistentes al acto ha estado seriamente comprometida, según se desprende de la nota de la Delegación en Cataluña del Gobierno que preside Pedro Sánchez.

El Ejecutivo socialista puso en manos de los Mossos la seguridad en los actos de homenaje y según se desprende de la nota de su delegación, el operativo ha constituido un auténtico fiasco que ha puesto en riesgo la seguridad de cientos de personas.

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