El Defensor del Pueblo, el histórico dirigente del PSOE Francisco Fernández Marugán, tiene desde este jueves sobre su mesa un prolijo informe de Ciudadanos con documentación sobre la proliferación de los símbolos independentistas, fundamentalmente lazos amarillos, en el espacio público, tanto en edificios oficiales como en playas, parques y fiestas municipales.
Un texto de unas cuarenta páginas (muchas de ellas fotos de lugares con esos lazos) que le entregaban el portavoz parlamentario del partido naranja, Juan Carlos Girauta, firmante del documento, y la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas.
"Hemos reflejado en nuestro informe que hemos acudido al Síndic de Greuges, que es una figura que existe a nivel catalán, y que se ha manifestado claramente a favor del procés, a favor de los que están en el Gobierno de la Generalitat, y nos sentimos absolutamente indefensos", manifestaba Arrimadas tras el encuentro, que fuentes del partido naranja califican de muy "cordial y fructífero" asegurando, además, que el Defensor de ha comprometido a investigar la denuncia. "No es poco" afirmaba en privado un dirigente naranja.
Preguntada por la tensión creciente en Cataluña, Arrimadas afirmaba que "claro que hay que recuperar la convivencia" pero matizaba: "Lo que no voy a aceptar es que se diga que quien quita un lazo es quien rompe la convivencia. No, quien rompe la convivencia es quien dice que más de media Cataluña no es Cataluña, porque son españoles viviendo en Cataluña, que es lo que ha hecho Torra; quien rompe la convivencia es quien ocupa el espacio público y los edificios públicos con ideología política; quien rompe la convivencia es quien dice que se va a seguir saltando las leyes, y que hay que atacar al Estado; quien rompe la convivencia es quien no quiere recibir al jefe de Estado de tu país. Esas son las personas, esa es la ideología que ha roto la convivencia".
La exclusión del castellano
La cuestión lingüística merece un capítulo aparte en el escrito presentado por los de Albert Rivera al Defensor del Pueblo. Después de recordar las competencias en materia educativa del Gobierno de Cataluña, el texto afirma que "el castellano no puede dejar de ser lengua vehicular y de aprendizaje y no puede ser excluido de la educación".
Además, denuncia y enumera las "actuaciones tendentes a la sistemática exclusión del castellano del sistema educativo" entre las que cita la no fijación de un porcentaje mínimo de castellano o la "exclusión y negación del derecho a solicitar y recibir la enseñanza pública con el mínimo de horas lectivas (25 por 100) en castellano".