Una gran parte de los Mossos d'Esquadra está harta de la utilización política del cuerpo por parte de la Generalidad. Se quejan de que el gobierno de la Generalidad da órdenes que después no asume y ponen como ejemplo la instrucción para retener e identificar a los ciudadanos que retiran propaganda separatista de las calles y espacios públicos.
El consejero, Miquel Buch, así como su segundo, Brauli Duart, expresidente del consejo de administración de TV3, y el director general de la policía catalana, Andreu Martínez, también exdirectivo de la televisión autonómica, se han desentendido por completo de la investigación emprendida por la Fiscalía sobre las identificaciones a los "quitalazos", lo que ha encrespado los ánimos de unos agentes que se sienten desbordados por la supuesta falta de efectivos (en la actualidad hay 16.500 mossos) y porque todavía no han cobrado las horas extras del despliegue para el 1-O del año pasado.
Tampoco están satisfechos con el escaso entusiasmo con el que sus mandos políticos han defendido la actuación de los mossos de la comisaría de Cornellá (Barcelona) que repelieron a tiros el ataque de un hombre de origen argelino armado con un cuchillo.
Según informa El Periódico, una iniciativa gestada a través de un grupo de telegram denominado MosS.O.S ha cristalizado en la convocatoria de una manifestación secundada por todos los sindicatos del cuerpo y que se llevará a cabo el 17 de septiembre frente a la consejería de Interior. Además, los mossos están llamados a no hacer más horas extras, si bien los impulsores de esta medida afirman que no boicotearán a los compañeros que decidan no secundar la protesta y se apunten a las horas extras.
A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, las autoridades separatistas no cuentan con el favor de los Mossos, cansados de las promesas incumplidas y de la propensión de sus mandos políticos a tirar la piedra y esconder la mano, actitud que se puso de manifiesto también durante la visita del Rey con ocasión del primer aniversario del 17-A. El consejero Buch ordenó dejar la pancarta contra el monarca en la fachada del edificio de plaza de Cataluña para luego dar traslado en la Audiencia Nacional del incidente por si podía ser constitutivo de un delito de odio.