El Gobierno quiere que se vote en Cataluña pero sobre la base de un nuevo estatuto, que tendría como referencia el que fue en parte declarado ilegal en 2010 por el Tribunal Constitucional. "Queremos dialogar y resolver una crisis política. El hecho final tiene que ser una votación", dijo este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la cadena SER. "Un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterrminación" ni la independencia, matizó el jefe del Ejecutivo.
El Gobierno tiene en mente su propia hoja de ruta y su propio proyecto para ese referéndum que llamaría a las urnas a los ciudadanos catalanes para superar la anulación del Estatuto de 2006. "Cataluña tiene un Estatuto que no votó", es el nuevo argumentario gubernamental en clave catalana repetido este lunes por el presidente del Gobierno y su ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Por eso, los planes del Ejecutivo son enmendar la plana al Constitucional y rescatar los artículos declarados inconstitucionales hace hace ocho años. Preguntado por Libertad Digital por esta cuestión, el también secretario de Organización del PSOE explicó que "cuando nos planteamos levantar los obstáculos del estatut hay algunos artículos que no afectaban a la Constitución sino algunas leyes que se pueden modificar".
Una "agenda" que pretende llevar a las reuniones de la comisión bilateral que comenzará a echar andar en el mes de septiembre a través de las mesas de trabajo sectoriales con la Generalidad y que irán de la mano de la promesa de "reducir la conflictividad" con Cataluña y retirar algunos de los recursos de inconstitucionalidad presentados sobre leyes autonómicas."Lo importante es poder hablarlo", dijo Ábalos después de que Pedro Sánchez prometiera en la cadena SER que el Ejecutivo "no se levantará de la mesa de las comisiones con independencia de lo que diga el gobierno catalán".
Reuniones de trabajo, en materia de inversiones, infraestructuras o política social, en las que tiene puestas muchas esperanzas el Gobierno en la medida en que sirvan para aparcar la independencia y hablar de "los problemas reales de los catalanes". El Gobierno reconoce tanto en público como en privado estar "muy preocupado" por el "delirio" independentista en la medida que hay "una ruptura de la convivencia" y el ejecutivo de Quim Torra amenaza con volver a la unilateralidad y el incumplimiento de la Ley.
Lejos de encontrar reproches en el Gobierno de España, el gabinete de Pedro Sánchez manda mensajes conciliadores y gestos de acercamiento. Junto a la voluntad de recuperar el estatut declarado ilegal, el Gobierno incorpora múltiples gestos como la convocatoria de un Consejo de Ministros previsto para el mes de octubre en Barcelona o la reunión, también en la Ciudad Condal entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el catalán, Quim Torra.