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Manifiesto de trabajadores de RTVE contra la purga soviética de Podemos y PSOE

Profesionales del Ente Público secundan un "manifiesto por la libertad" y piden la defensa de la verdad y la libertad para evitar las represalias.

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Profesionales del Ente Público secundan un "manifiesto por la libertad" y piden la defensa de la verdad y la libertad para evitar las represalias.
Sede de RTVE en Madrid | Archivo

Un grupo de trabajadores de RTVE denuncian el número de ceses y nombramientos afines que no se corresponden, aseguran, con la condición de provisionalidad de la administradora única. Exigen la culminación en plazo del concurso público para la renovación de RTVE ante evidentes planes dilatorios que no cumplen los parámetros de transparencia y neutralidad debidos.

Además, reclaman al parlamento y los partidos políticos una auténtica RTVE libre e independiente instándoles a evitar mediante un pacto de Estado la vulneración de los derechos de los ciudadanos, de los valores constitucionales y de los principios democráticos. Y alertan del silencio cómplice de los órganos de vigilancia ante un organigrama partidista cuya prioridad, afirman, son los cargos y el control editorial y no el servicio público neutral.

"Manifiesto por la libertad en RTVE":

RTVE ha sido y debe ser la expresión más objetiva de servicio público en España en materia audiovisual y digital de información, formación y entretenimiento. Su obligación legal es el reflejo de la pluralidad de la sociedad española dentro del marco de la Constitución, que garantiza los derechos e igualdad de todos ciudadanos. Por su estructura e implantación en el territorio nacional, ha de constituir un pilar fundamental viable del Estado y de la sociedad para que entre esos valores y principios constitucionales se preserve el derecho de los españoles a una información veraz, independiente, rigurosa y de calidad. El verdadero cometido de RTVE la convierte en elemento transversal mediático esencial de la democracia española. Y por tanto, adquiere un ineludible compromiso moral y ético con la verdad y la libertad que no se puede ver amenazado por los cambios políticos y su traslado a la radio y la televisión públicas de forma partidista.

La Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal ha sido retocada por decreto en dos ocasiones, hasta llegar al momento presente de incertidumbre e indefinición producto de una reforma apresurada de difícil aplicación que está derivando en alarma social por la naturaleza de su metodología política. Para renovar el Consejo de Administración de RTVE y la Presidencia, el Parlamento surgido de la legitimidad de las urnas abrió un Concurso Público que debiera culminar en otoño si bien corre el riesgo de ser abortado o cuando menos ralentizado en función del calendario y la conveniencia electoral.

La designación de una Administradora Provisional Única por decreto apelando a una presunta "pérdida de independencia y al final del mandato anterior" ha facilitado una cascada de ceses y nombramientos en departamentos estratégicos que ronda el centenar, y que son claramente contradictorios con la vocación de provisionalidad con la que se ha justificado política, mediática y socialmente tan radical cambio. Máxime si tenemos en cuenta que en dicho periodo interino no está representada una RTVE de todos y se ignora la proporcionalidad en su concepción y origen. Para ello se requirieron hasta ocho plenos en Congreso y Senado confeccionando un inicial Consejo de Administración a la carta que dejaba fuera a una parte mayoritaria de la sociedad española y usurpaba las competencias de designación de la Cámara Alta. Con una votación sorpresa sobre la que desde algún grupo parlamentario se expresaron "dudas razonables" quedó frustrada esa maniobra dando lugar al nombramiento de una Administradora Provisional Única que ha procedido junto a su equipo afín a la elaboración de un organigrama diseñado a la medida. De tal manera que nos encontramos con una dirección provisional que ejerce de única al hacer recaer sobre si misma competencias del Consejo de Administración inexistente, sin colegiación, poco representativa y sin filtro alguno. Una Administradora Única que ignora su provisionalidad y que ha acometido unos cambios de tal profundidad que son de dudosa higiene democrática y plantea numerosos inconvenientes de recorrido jurídico.

En consecuencia, este MANIFIESTO POR LA LIBERTAD EN RTVE se abre al apoyo de quienes dentro y fuera de RTVE creen en la necesidad de una auténtica radiotelevisión pública libre, independiente y plural, más allá del partidismo y de la ideología o de las denuncias de parte por supuesta "manipulación o malas prácticas". Con ello reclamamos la culminación en plazo del Concurso Público para que se subsanen y reparen en los tres meses previstos legalmente las anomalías de este proceso, pues lo contrario sería una vulneración de los derechos de los ciudadanos, de los valores constitucionales y de los principios democráticos. Y exigimos que los órganos de seguimiento, desde el Parlamento y la Comisión de Control de RTVE a otros internos y externos, se mantengan vigilantes y no callen ante lo que muchos consideran un "atropello" innecesario dado el periodo de renovación por Concurso en la que estamos inmersos. Del mismo modo instamos a que las instituciones, los partidos políticos, asociaciones de profesionales , grupos vinculados al periodismo y la comunicación y ciudadanos de toda condición y pensamiento tomen en consideración este Manifiesto para hacer de RTVE el objeto de un verdadero Pacto de Estado por el bien común y el interés general de la sociedad española, algo que por las formas en las que se ha llevado a cabo el proceso descrito consideramos no cumple hasta ahora los parámetros de transparencia y neutralidad debidos. Y al mismo tiempo invitamos a que se denuncien los casos de "represalia" que están circulando en los ámbitos profesional y personal con la finalidad única de hacer puramente democrática dicha renovación de RTVE en defensa de la verdad, de la libertad y demás derechos de los ciudadanos garantizados en la Constitución de 1978.

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