El caso de las facturas y contabilidad falsas de UGT Andalucía, con presunto fraude sobre las subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a la formación, fue destapado por Libertad Digital en junio de 2013. Tras la Operación Cirene de la Guardia Civil, hubo detenidos e instrucción judicial del presunto caso de corrupción. Uno de los pasos del juzgado número 9 de Sevilla fue pedir un informe pericial al Interventor delegado de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, Luis Ayala Gallo, un alto cargo, pues, de la Junta de Andalucía.
Tres años más tarde –el encargo data del 5 de marzo de 2015-, el perito, que alega no haber tenido tiempo ni documentación suficiente para completarlo, ha entregado un informe parcial que sólo trata 11 de los 32 expedientes de subvenciones de la Junta al sindicato y concluye que el fraude asciende ya a 5.384.099,49 euros, aclarando que seguramente la cifra será más elevada.
El grupo Joly, que ha tenido acceso al informe pericial, informa de que el "posible fraude opera en la aplicación del dinero de la subvención, o bien para una finalidad distinta para la que se concedió o bien en la imputación de gastos no subvencionables o elegibles, todo ello con el ánimo defraudatorio que la legislación penal exige".
El perito, interventor de la Junta, se refiere a los supuestos "mecanismos defraudatorios" que habría utilizado la organización sindical: el denominado rapel –un descuento por el que se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por éste y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato–; el bote, figura con la que se elaborarían presuntamente facturas simuladas que pasaban a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros y siempre previo pago de esas facturas; y todo lo relacionado con los alquileres de aulas, instalaciones y oficinas entre Soralpe S. L. e IFES-Andalucía, una fundación perteneciente al propio sindicato que se encargaba de la realización de las acciones formativas.
Curiosamente, el perito admite no haber podido cuantificar el fraude resultante del sistema del "bote" por falta de datos sobre el período desde 2009 a 2011. Por si fuera poco, el perito cree que la ejecución de algunas de estas prácticas no tiene que ver legalmente con UGT-A sino con el Instituto de Formación y Estudios de Andalucía, aunque ésta sea una fundación dependiente de la UGT.
De todos modos, advierte en su informe que no parece que exista una correspondencia entre el modo de instrumentar jurídicamente la ejecución de las acciones formativas –a través de las subcontrataciones– y su reflejo en las cuentas justificativas en las que se imputan otros gastos".
Igualmente, señala que los gastos imputados con carácter general "no se corresponden a gastos vinculados a la ejecución de las acciones formativas y, desde luego, a quien las ejecuta, que no son otros que las entidades subcontratadas" por lo que "aparecerán siempre gastos correspondientes a UGT-A en una diversidad propia de los conceptos de esta categoría de gastos: coste de personal interno y externo, gastos de mantenimiento, de servicios generales –luz, limpieza, telefonía, etcétera–, junto a otros de difícil calificación como gastos de asesoramiento legal o asesoramiento contable que tienen difícil encaje como gastos subvencionables en cualquier caso".
No se cumplía la orden reguladora en cuanto a la "obligatoriedad de solicitar tres presupuestos cuando los gastos sean superiores a unas determinadas cuantías, cuantías que en todos estos expedientes se sobrepasan sobradamente en muchos casos".
Tres años después de haberle sido encargado, el perito admite que sólo ha analizado 11 de los 32 expedientes, que en otros tres no tiene acceso a la documentación o que en uno de ellos la Junta ha pedido el reintegro por la totalidad del dinero. Esto es, tres años después el informe pericial no está completo e incluso le parece imposible al perito elaborarlo completamente por no disponer de la necesaria documentación, que, al parecer, no le ha sido facilitada por la propia Junta de Andalucía.