Andalucía vivió ayer un extraño suceso político. El PP había pedido, con apoyo de Podemos e IU, una comisión de investigación sobre el pago con tarjetas opacas de la Fundación Andaluza del Fondo de Formación para el Empleo en un prostíbulo sevillano. El PSOE, hasta ahora contrario a su constitución, decidió dejar de vetarla y por ello, no se debatirá sobre ella en el pleno del parlamento andaluz.
De hecho, en el reglamento del parlamento andaluz se dice con claridad que "si algún Grupo parlamentario manifestase su oposición a la creación de la Comisión, el Pleno decidirá tras un debate de los de totalidad, rechazándose su creación si se opone la mayoría de los miembros de la Cámara". Pero el PSOE finalmente no se ha opuesto.
La convicción sobre el adelanto electoral en Andalucía al próximo mes de noviembre se ha acentuado como consecuencia. ¿Por qué? Porque el PSOE no hubiera favorecido la constitución de esta comisión a menos que ya supiera que no iba a culminar, tal vez ni siquiera a empezar, sus trabajos. Es lo que ocurrirá si se convocan anticipadamente las elecciones andaluzas.
A partir de ahora, el presidente del Parlamento andaluz, el socialista Juan Pablo Durán tiene que dar los pasos necesarios para la creación de la comisión, pero estos pasos pueden tardar algún tiempo porque hay que consensuarlo todo, desde el presidente de la Comisión a sus componentes, pasando por el método de trabajo, los declarantes ante ella y la forma de extraer las conclusiones.
Pero en el artículo 51 del ya mencionado reglamento parlamentario se dice: "Son Comisiones no Permanentes las que se crean para un fin concreto. Se extinguen a la finalización del trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la legislatura". Esto es, de convocarse elecciones anticipadas, la comisión quedará extinguida. De consumarse esta opción, el PSOE se habría evitado el desgaste de un pleno sobre corrupción y tarjetas sex-black y neutralizaría la Comisión por extinción.
Es difícil de creer que el PSOE apoye una Comisión de Investigación sobre una FAFFE que, además del asunto del uso de las tarjetas en prostíbulos sevillanos, tendría que hacer frente a explicaciones sobre una relación interminable de socialistas y familiares colocados a dedo en la Fundación así como el uso de los fondos para la formación que, en parte, fueron a parar al exconsejero Ojeda y otros amigos.
El clima de adelanto electoral es ya clamoroso
No sólo por las profecías del PP y Podemos sobre su inminencia. Ni siquiera por las bravatas de Ciudadanos sobre el fin de su pacto con el PSOE, del que se acaba de acordar para amenazar con no dar su apoyo a Susana Diaz en los presupuestos para 2019. Ha sido el propio PSOE, a través de su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, el que ha admitido que si Ciudadanos no da su apoyo al proyecto presupuestario para 2019, la convocatoria de elecciones anticipadas es el único horizonte.
Lo que dijo Jiménez este miércoles es lo siguiente: "Ciudadanos se ha convertido en un factor de inestabilidad y aboca a la comunidad autónoma andaluza a unas elecciones anticipadas". Esto no tiene más remedio que ser considerado como la confesión sobre la inevitabilidad de dicha decisión, aunque trate de culparse a Ciudadanos.
Durante todos estos días, Ciudadanos ha acusado al PSOE, tres años y medio después de haberlos consensuado, de incumplir su pacto de gobierno, desde la eliminación de los aforamientos a la reforma de la ley electoral y la regeneración democrática. Se ha olvidado de leyes como la de Formación Profesional, también pactada en 2015.
En respuesta, en todos estos días, el PSOE ha aprovechado para denigrar a Ciudadanos y a sus líderes nacionales, Albert Rivera e Inés Arrimadas, a los que ha acusado de venir a imponer sus deseos a Andalucía, subrayando que son ellos los que, desconcertados por la irrupción de Pablo Casado y una supuesta recuperación del PP que les perjudicaría, los que tienen interés en terminar la legislatura.
Los demás partidos, PP, Podemos e IU, convencidos desde hace tiempo de que las elecciones anticipadas convienen a ambos partidos, PSOE y Ciudadanos, han destacado sus contradicciones, se han referido a la ornamentación teatral de las acusaciones mutuas y han denunciado la intención de Ciudadanos de simular ser oposición a un cortijo socialista, que llevan blanqueando tres años y medio, como gráficamente expuso Teresa Rodríguez.
Las elecciones anticipadas interesan a Cs y a Díaz
Desde hace tiempo, se ha establecido una relación entre sentencia del juicio de los ERE y convocatoria anticipada de elecciones. Según esta tesis, el PSOE teme que la sentencia no tenga más remedio que condenar a algunos de los ex altos cargos de la Junta, tal vez a algún expresidente y detallar en qué consistieron sus delitos. Con esta piedra en la mochila electoral, los riesgos serían muchos. Por ello, adelantar es vencer o, si se prefiere, perder menos.
Pero incluso aunque la sentencia, como parece, pudiera dilatarse en el tiempo hasta incluso junio de 2019 y eludir así todo procedimiento electoral anticipado o no, el PSOE andaluz está interesado en tal adelanto.
Por una parte, está el imparable descenso del voto socialista en las anteriores elecciones. Ciertamente, Susana Díaz ganó las elecciones en 2015, pero con tendencia descendente de voto. En 2012, el PSOE obtuvo 47 escaños con 1.523.465 votos y en 2015, mantuvo los 47 diputados con 1.409.042 sufragios. Si continúa la tendencia, animada por las críticas a la gestión socialista en sanidad y otros campos, la victoria de Susana Díaz podrían ser tan precaria que el régimen andaluz del 82 podría tambalearse.
Por la otra, está la necesidad de Susana Díaz de no perder visibilidad nacional, algo que podría no ocurrir de celebrarse conjuntamente elecciones generales y andaluzas. La hostilidad de numerosos socialistas andaluzas a las políticas y figura de Pedro Sánchez podría ampliar el universo de la abstención perjudicando a ambos, sobre todo a la trianera.
También está en asunto de las elecciones municipales, crucial para el dominio socialista en Andalucía. La intervención sistemática de Pedro Sánchez en las candidaturas municipales y en la vida municipal andaluza vía Delegación del Gobierno en Andalucía, hace necesario que alcaldes y concejales socialistas exhiban en público sus preferencias, condicionando de ese modo las listas del futuro.
Finalmente, está la situación de la oposición popular, la de Podemos e IU y la del propio Ciudadanos. El PP, a pesar de la irrupción inesperada de Pablo Casado, tiene un mal candidato en la persona de Juan Manuel Moreno y en Andalucía aún no se han zurcido los desgarros producidos por las elecciones primarias. Los pronósticos hasta ahora daban un pésimo resultado, 23 escaños, 27 menos de los que consiguió el PP en 2012.
Podemos e IU, enzarzados en debates internos con sus respectivas direcciones, han decido concurrir conjuntamente porque los sondeos hasta el momento les daban un retroceso importante en la región de hasta cinco escaños. Con un resultado de 15 escaños entre ambos y a la baja, sería difícil influir de manera eficiente sobre el gobierno saliente.
Ciudadanos, hasta ahora amables socios de gobierno, tenía grandes expectativas en Andalucía hasta el punto de que podrían haber superado al PP de Rajoy en votos y escaños. 23 o más escaños se les ha llegado a suponer. Pero la llegada de Pablo Casado ha cambiado el escenario y cualquier repunte electoral del PP en una campaña electoral inteligente, podría atascar las aspiraciones de Ciudadanos.
Por todo ello, las elecciones anticipadas convienen a Susana Díaz y a Ciudadanos.