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El juicio de los ERE: la fase testifical da paso a la crucial fase pericial

Una vez completadas las declaraciones de los acusados y de los más de 120 testigos, el juicio de los ERE entra esta semana en una fase decisiva.

(Sevilla)
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La fase pericial es importante, o menos, según el tipo de proceso de que se trate. En el caso de los ERE, la fase pericial es contemplada por las defensas como el arma fundamental al postular que el procedimiento de las transferencias de financiación era adecuado y legal, mientras que el ex interventor general y cuatro interventores más de la propia Junta consideraban el "fondo de reptiles", como se llamó a su configuración concreta, algo irregular cuya anomalía se advirtió en numerosas ocasiones.

El meollo esencial de la nueva fase del juicio va a ser este punto, pero además las defensas van a tener que emplearse a fondo contra el famoso informe de la Intervención General del Estado que han intentado que sea eliminado del procedimiento.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo de control gubernamental dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, afirmo en su informe de diciembre de 2013 que la Junta de Andalucía había prescindido "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". El informe, encargado por la jueza Mercedes Alaya sigue siendo la base fundamental de la acusación por lo que, por ejemplo, la defensa del expresidente José Antonio Griñán ha batallado porque sea excluido del juicio.

Según esta y otras defensas, el informe se refiere a materias jurídicas que fue elaborado por personas que no tenían conocimientos suficientes de Derecho. La misma Junta de Andalucía, que en vez de actuar como acusación actuaba en favor de las defensas como subrayó la propia Audiencia Provincial, encontraba en el informe de la IGAE numerosos errores jurídicos.

Una vez completadas las declaraciones de los acusados y de los más de 120 testigos y tras siete meses de sesiones, el juicio de los ERE entra esta semana en una fase decisiva y de las de mayor trascendencia para el proceso. En un juicio de una elevadísima complejidad técnica como es el de los ERE, los informes periciales son fundamentales a la hora de instruir al tribunal sobre la materia.

Se avecina, pues, una batalla campal entre los tres experimentados peritos de la Intervención General del Estado y la fiscalía, que asumió su informe, y los seis peritos aportados por las defensas, todos ellos catedráticos y expertos de alto nivel. Pero, además, hay que tener en cuenta el papel de la fiscalía anticorrupción que interrogará a unos y a otros en defensa de su acusación a los 2 procesados.

El papel de la Intervención General del Estado es tan fundamental que la juez Núñez Bolaños la apartó de la investigación de las ayudas de formación concedidas al grupo Prescal, vinculado a Ángel Ojeda Avilés, exconsejero andaluz de Hacienda entre 1987 y 1990, quien recibió 52,6 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía para impartir cursos, de los cuales 33,3 millones fueron para formar a extrabajadores de Delphi, contó ABC en 2016.

Los tres peritos designados por el órgano fiscalizador del Estado que estaban realizando cientos de informes sobre empresas beneficiarias de subvenciones de los ERE –coordinados por Ángel Turrión Macías–, fueron sustituidos por otros pertenecientes a la Junta de Andalucía con la excusa de que no disponían de tiempo para tal tarea.

En concreto, en calidad de peritos fueron citados por el tribunal Jesús Ruiz Ayúcar de Merlo, que no asistirá por enfermedad, Ángel Turrión Macías, Rosa María Hernández Antón y Eduardo Vilaseca Sánchez, de la Intervención General del Estado, a propuesta de la Fiscalía, acusaciones y las defensas de los exconsejeros José Antonio Viera, Francisco Vallejo y exviceconsejeros José Salgueiro y Jesús María Rodríguez Román.

La defensa del exconsejero Antonio Fernández, ha elegido a José Ignacio López González. Nueve defensas han solicitado la pericial de Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Martínez. El perito Juan Ramallo Massanet ha sido propuesto por seis de las defensas. Por su parte, la defensa de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo ha propuesto la pericial de Juan Carlos Carillo Donaire y Juan de Dios Jiménez Aguilera. Faltan además por dos peritos de la Dirección General de Seguros, propuestos por las acusaciones y las defensas de Viera, Vallejo, Salgueiro y Rodríguez Román.

Hasta ahora no puede decirse que las sesiones testificales del juicio hayan beneficiado a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados. Termina hoy mismo con la declaración del ex director del Servicio Andaluz de Empleo, Antonio Toro y la declaración leída de la ex letrada jefe de la Cámara de Cuentas, Margarita Regli, que se encuentra indispuesta, y ha significado un golpe importante a la posición de las defensas.

Uno de los elementos relevantes de la fase testifical ha sido la renuncia a la declaración de numerosos testigos reclamados por las defensas. El exconsejero Antonio Fernández renunció al testimonio del exdirector de Formación para el Empleo, Juan Manuel Fuentes Doblado, investigado, por cierto, en una pieza de los cursos de formación.

Las defensas del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán o los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez, renunciaron al testimonio de Soledad Córdova, ex directora de Trabajo en el Ministerio, investigada en otra pieza de los ERE referente a la Faja Pirítica de Huelva.

También se ha renunciado al testimonio del exdelegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, del exdiputado Ramón Díaz, del senador José Caballos, o de los exaltos cargos Isabel de Haro, José Andrés Rodríguez o Sonia Salgueiro. El hecho de la mayoría estuviera imputada y ante la obligación de decir la verdad en el juicio de los ERE, todos fueron cayendo.

El más importante de los testigos que fue citado la pasada semana fue el interventor adjunto de la Junta, Luis Hinojosa, que reconoció que las ayudas sociolaborales no se fiscalizaban, que los consejeros del Gobierno pudieron parar pero no pararon las subvenciones de los ERE, que según su criterio, el procedimiento era "absolutamente irregular" y que era imposible fiscalizar las ayudas.

Es más, afirmó que la irregularidad del procedimiento consistía en que se usaba una transferencia de financiación para financiar la actividad propia de la agencia IDEA, pero, en realidad, lo que se pagaba era una subvención otorgada por la Consejería de Empleo. Es decir, se había falseado el destino y sentido de la transferencia de financiación.

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