Es la misma ministra de Justicia autora del siguiente comunicado, en relación a la demanda que presentó Carles Puigdemont contra Pablo Llarena, según el escrito, por la vulneración de sus derechos a un juez imparcial, al honor y a la presunción de inocencia: "La demanda presentada en Bruselas incluye referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función".
El comunicado evidenciaba que el Gobierno ponía condiciones a la defensa del magistrado que instruye la causa contra el proceso separatista en el TS. Ignoró el informe de Abogacía del Estado acreditando que las declaraciones del juez "no son ajenas al legítimo desempeño de su función".
Citada en el Congreso para que diera las oportunas explicaciones, Dolores Delgado ha sostenido la versión opuesta. Sin leer, ha establecido al inicio tres "cuestiones esenciales": que "el gobierno y esta ministra han entendido que esta demanda civil era una demanda instrumental. Pretendía cuestionar la actuación jurisdiccional de España y hacerlo ante los tribunales belgas". Que "todo lo que ha hecho el gobierno de España y esta ministra ha sido en defensa de la soberanía de jurisdicción, de los intereses del Estado". Y, por último, que han "estado en plena sintonía con el Consejo General del Poder Judicial", es decir, con los mismos jueces que clamaron en bloque contra su proceder: "A sus peticiones hemos respondido desde el minuto uno".
"Lo que no se podía permitir es que allí en Bélgica se utilizase una demanda civil que contiene unas expresiones de un magistrado que hace en un determinado evento pero que están absolutamente imbricadas en el procedimiento de manera que se cuestionaba la soberanía de jurisdicción".
Entonces, ¿por qué descartaron al principio defender a Llarena por el fondo de la demanda? "Porque sería reconocer a los tribunales belgas la posibilidad de revisar los actos de nuestros jueces. Y era una demanda instrumental". Sobre el comunicado, Delgado entiende que "no hay una contradicción", solo "una forma en esa nota que faltaba o que sobraba".
La demanda instrumental
Delgado ha repasado los momentos clave de esta historia. Desde que Carlos Lesmes, presidente del TS y del CGPJ, dirigió una carta al ministerio con la cuestión, pasando por un informe del Alto Tribunal que desaconsejaba la personación directa de España en el procedimiento de Bruselas porque "podría interpretarse como una renuncia a la inmunidad de jurisdicción", hasta la recomendación de contratar a un abogado que representara allí los intereses de nuestro país con un seguro que cubriera las hipotéticas costas.
Bélgica expresó que "hoy en día no existe en la jurisprudencia una posición definida sobre la inmunidad del juez cuando España no comparece en su voluntad al Tribunal". No había garantía de que el juez belga de oficio lo admitiese: "Si España no se presentase, ese tribunal podría considerar que renuncia a la inmunidad de jurisdicción".
La ministra ha descrito una reunión entre todas las partes: Justicia, el CGPJ, la Abogacía del Estado y el Tribunal Supremo. Y ha contado cómo, sin dudar y aunque dijo lo contrario, en plena coincidencia con la Abogada General, tomó la decisión de acudir a Bruselas solo para invocar la inmunidad de jurisdicción de España, "lo que suponía defender a Llarena".
Ha definido lo que para ella es una "demanda instrumental": "Se sometía a escrutinio lo que España estaba instruyendo en otro juzgado de otro país". Y, para terminar, ha justificado la lentitud de la reacción por "prever escenarios internacionales, defender nuestra integridad jurisdiccional y hacerlo bien para no tener ni un solo 'pero' en un tribunal internacional".