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El Gobierno también quiere limitar el aforamiento de jueces y fiscales

Pretende también reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

LD/Agencias
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El Gobierno también quiere limitar el aforamiento de jueces y fiscales
Apertura del año judicial | EFE

El Gobierno no sólo se plantea suprimir el aforamiento de ministros, diputados y senadores por actividades que no tengan que ver con el ejercicio estricto de su cargo, sino que también tiene intención de "precisar" el alcance del aforamiento de jueces, fiscales, Defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas.

La propuesta de reforma constitucional ha sido anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto organizado en Madrid con motivo de los primeros cien días de su Ejecutivo. Tal y como ha avanzado en su intervención, el aforamiento se suprimirá para miembros del Gobierno, diputados y senadores cuando se trate de asuntos que no tengan relación alguna con el ejercicio de su cargo. Para eliminar ese aforamiento deberán modificarse los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución.

Fuentes del Gobierno han avanzado que el Ejecutivo tiene también intención de "precisar" el aforamiento de otras personas que actualmente gozan del mismo privilegio como los jueces, fiscales e integrantes del Defensor del Pueblo o del Tribunal de Cuentas.

En este caso, según las mismas fuentes, será necesario cambiar otras leyes como la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Desde Moncloa han indicado que "próximamente" se presentará en el Consejo de Ministros la Ley de reforma constitucional para recabar los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial y que se pueda ser debatido en las Cortes con el objetivo de lograr "el mayor consenso" del arco parlamentario.

La reforma se realizaría por el procedimiento ordinario y requiere la aprobación de tres quintas partes del Congreso y del Senado. Según ha señalado Pedro Sánchez, el objetivo del Gobierno es que lograr que pueda estar lista en un plazo de 60 días.

La modificación de la Constitución no afectaría en principio a los cargos públicos de las comunidades autónomas, pero el Gobierno entiende que, una vez limitados los aforamientos en el texto constitucional, no tiene sentido que se mantengan en las autonomías, informa Efe.

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