Primer aniversario del asedio a una comitiva judicial en la consejería de Economía. El 20 de septiembre del año pasado, miles de personas se congregaron frente al edificio para intentar evitar un registro de la Guardia Civil. Con el paso de las horas, la situación se convirtió en desesperada para los agentes y la letrada judicial, que escapó por la azotea hasta un edificio contiguo. Tres agentes de paisano estuvieron a punto de ser linchados y hasta las siete de la mañana del día siguiente no abandonó las dependencias el último guardia civil de la comitiva.
El separatismo ha vuelto a la escena del golpe para conmemorar el aniversario. Grandes lazos amarillos y fotografías de los Jordis llenan la fachada de la sede de Economía y de la vicepresidencia de la Generalidad. Otra vez miles de personas, si bien no las cincuenta mil que se llegaron a congregar hace un año, han respondido al llamamiento de las organizaciones separatistas y el ejecutivo regional.
El presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha encabezado la concentración, organizada, igual que el año pasado, por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium. La filtración de algunos mensajes entre jueces que llamaban "golpistas" a los autores del intento de secesión ha sido el clavo ardiendo del día para Torra, que ha exigido la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y la anulación de todos los procedimientos que afectan a los separatistas.
La cocinera Ada Parellada y el exdiputado de la CUP David Fernández han leído sendas cartas de Jordi Sánchez, expresidente de la ANC, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium. "Dignidad", "coraje" y llamamiento a la "persistencia" entre gritos de que "els carrers seran sempre nostres". La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha insistido en que el año pasado en ese mismo escenario no hubo violencia, sino la típica muestra de civismo nacionalista.
Comienza el otoño
El separatismo ha entrado en la fase caliente que reclamaba Torra. Paluzie dice que el Estado es cada vez más débil, que no pudo impedir el referéndum del 1-O y que "volveremos a ganar y venceremos". "Se lo debemos a los presos y fugados", añade.
El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, insiste en la línea eufórica. "Fuerza" y "persistencia". Recuerda el intento del Estado de desactivar el referéndum y presume de que no lo lograron. "El Gobierno del PSOE y la ultraderecha de Vox sentarán en el banquillo de los acusados a hombres y mujeres demócratas", brama Mauri en el discurso de su vida. La gente jalea la intervención, mucho más larga e intensa que la de Paluzie.
El separatismo vuelve a estar en forma. Ha normalizado la prisión y las fugas de sus principales líderes y sus sustitutos comienzan a ser reconocibles por las bases. Superan en ardor dialéctico a sus mentores y reivindican la calle como palanca para acabar de derribar el Estado. Torra asiste complacido con otra chapa en la solapa, las caras de los Jordis. A su lado, el teniente de alcalde de Colau, Jaume Asens, la cara separatista del gobierno municipal.
Reivindican la reacción "popular" ante los registros judiciales e instan a la movilización permanente. Ha comenzado el ciclo de conmemoraciones separatistas. Las entidades separatistas con el apoyo de la Generalidad y los ayuntamientos han convocado cientos de actos previos al aniversario del 1-O. Quieren incrementar la tensión para condicionar el juicio a los golpistas. Tras el último y monótono "Onze de Setembre", la ANC y Òmnium han tratado de dar el do de pecho con el 20-S. Con la colaboración de los Comités de Defensa de la República (CDR) han cortado la Gran Vía y la calle Aragón y colapsado el centro de Barcelona.
Soberanía económica
Celebran la reconquista de la consejería de Economía y de la soberanía económica. La víspera del 20 de septiembre, el Gobierno había cortado el acceso de la Generalidad a sus cuentas bancarias tras negarse el entonces vicepresidente autonómico Oriol Junqueras a certificar semanalmente que no se destinaban recursos públicos al golpe de Estado. Horas después, la Guardia Civil irrumpía en varias consejerías y domicilios particulares, detenía a catorce altos cargos de ERC y se incautaba de material imprescindible para el referéndum como las cincuenta mil notificaciones de la Generalidad para los presidentes y vocales de mesa. Un año después, los separatistas vuelven a tener el control de los recursos públicos.
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart fueron los primeros en llamar a las barricadas. Puigdemont compareció horas después con todos los consejeros detrás para instar a la movilización ciudadana contra el mandato judicial. Colau también denunció el "ataque" al autogobierno. Todos los actores del proceso se dejaron ver en el asedio a la comitiva judicial (Lluís Llach, Tardà, Rufián, el exterrorista Bentanach, los Mossos por la República de la ANC, etc, etc.) mientras los jefes de la policía autonómica se negaban a facilitar la salida del edificio de la comitiva judicial. De madrugada, los guardias civiles que permanecían en el edificio tuvieron que atrancar la entrada principal de la consejería para evitar los intentos de derribar la puerta de los separatistas.
Los grupos y partidos separatistas se han reactivado. Continúa el enfrentamiento entre los partidarios de Puigdemont y los de Junqueras y ERC. Las entidades también están divididas. Nada nuevo en el bloque separatista, que exhibe colmillo callejero y discurso insurrecto. La única diferencia con relación al año pasado es que, en esta ocasión, no había una veintena de guardias civiles y una letrada de la administración de justicia acorralados.