Eso es lo que se desprende de algunas perlas que se han deslizado en estos días durante las sesiones del juicio que tiene lugar en la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, dos expresidentes incluidos. De la actitud inicial de acusar a los peritos de la Intervención General del Estado, que han mostrado las numerosas legalidades, y acusarles de parcialidad, han pasado a tener que admitir algunos hechos que no benefician precisamente a sus defendidos.
La perla más llamativa fue la que lanzó al estanque judicial el catedrático Juan Antonio Carrillo, perito de la exconsejera de Hacienda investigada, Carmen Martínez Aguayo. En el transcurso de una intervención, destaca La Razón, que afirmó que el Instituto de Fomento de Andalucía, luego Agencia IDEA, no podía conceder ayudas sociolaborales. El problema es que tanto el IFA primero como la Agencia IDEA después fueron los organismos que intervinieron en tales ayudas y en su pago.
Ahora, la contrariedad que sufren algunos de los acusados, sobre todo los vinculados a las Consejería de Empleo y Hacienda, es explicar cómo unos entes de la Junta que no podían conceder ayudas, las gestionaban y pagaban y por qué no se detuvo algo que no podía hacerse.
No se quedó ahí el mencionado perito. Más grave es su disertación acerca del origen de todo el caso de los ERE que da a conocer ABC. Dijo en el juicio que el sistema de ayudas de los ERE comenzó con "un apretón de manos" entre el presidente de la Junta y los responsables de los sindicatos y la patronal andaluza que luego se plasma en un "acuerdo político" de concertación social.
Además, en su afán de defender a los exconsejeros de Hacienda de la Junta –Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo– llegó a manifestar sorpresa ante algunos de los documentos de la Junta y las modificaciones presupuestarias y afirmó que los ex consejeros tenían el "grifo" del dinero pero que la "llave" que lo abría la tenía el ex Interventor General del Estado. El problema es que cuando los diferentes Interventores señalaron la irregularidad de los procedimientos utilizado, ninguno de los exconsejeros cuidó del "grifo" ni lo inutilizó.
Trataba así de volver a la teoría de que la culpa de todo el entramado de los ERE era del ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, por no haber emitido un informe de actuación, olvidándose de que había emitido hasta 15 informes denunciando las irregularidades y que sostiene que él no podía confeccionar un informe de actuación.
Otra perla significativa fue el reconocimiento del perito que defiende a José Antonio Griñán, Juan Zornosa, de que las ayudas sociolaborales que están en la base del proceso judicial, debieron fiscalizarse. La cuestión es que realmente no se fiscalizaron debido, precisamente, a haberse cambiado el procedimiento habitual de subvenciones al sistema de "fondo de reptiles" que late bajo toda la instrucción del caso.
En ello coincidió el perito contratado por la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, Juan Ramallo, pero cuando fue preguntado por la Fiscalía sobre el por qué Griñán no hizo nada al respecto conoció la irregularidad en diferentes informes, dijo que él "sólo había mirado el periodo de Álvarez", anota La Razón.
Con todo, dieron la impresión de no poder desmontar la tesis central de los peritos de la Intervención General del Estado, sostén de la instrucción de la juez Alaya y de todo el caso ERE incluías las piezas separadas, quienes destacaron que ni hubo norma alguna para la concesión de las ayudas ni se siguió el procedimiento habitual establecido. Es más, se alteró el procedimiento legal para impedir las fiscalizaciones molestas de la Intervención, en sus diferentes niveles. Para conseguirlo, se pasó de considerar las ayudas como subvenciones a incluirlas en el paquete de "transferencias de financiación", algo ilegal.
Por si fuera poco, su portavoz, Ángel Turrión, destacó que el cambio de procedimiento no buscaba la "agilidad" de las ayudas como han aducido las defensas –porque era más lento y complejo–, sino eludir los controles previos a su concesión. Subrayó que todas las ayudas, menos unas cuantas, fueron concedidas a empresas, no directamente a trabajadores, y que, de ellas, más de las dos terceras partes, no tenían relación alguna con un ERE ni con prejubilaciones.