Pedro Sánchez no podrá sortear el veto del Senado a sus Presupuestos Generales del Estado. Así se decidió en la Mesa del Congreso donde, tras dos horas y media de reunión, se han votado los dos informes planteados por PP y Ciudadanos contra esta argucia legal de modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a través de una enmienda a la Ley de Violencia de Género que se tramitaba en la comisión de Justicia.
La presidenta, Ana Pastor, ha decidido elevar a votación los dos recursos en el citado órgano en el que PP y Ciudadanos tienen mayoría de 5 a 3, y ha decidido excluir la enmienda de la tramitación parlamentaria. Desestimó la petición de PSOE y Podemos de elevar la cuestión y solicitar un informe a los letrados de la cámara.
Fuentes del PSOE han manifestado su sorpresa y su enfado a este periódico porque "lo que estaba previsto es que la presidenta solicitara ese informe a los letrados" y se inhibiera de pronunciarse ya que "jamás la mesa grande ha tumbado la decisión de una mesa de comisión. Esto es muy gordo", avanzan.
Según fuentes parlamentarias, sin embargo, la estrategia ha sido la del "cazador cazado" ya que el PSOE llevó al pleno del pasado martes en el Congreso la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que pasó su primer filtro, con lo que "lo que ha hecho la presidenta es recolocar la enmienda donde debe estar"que es en la Ley que modifica y no en la de Violencia de Género.
Pastor y la legalidad
Al término de la reunión de la Mesa, la presidenta Pastor compareció ante los medios para defender la "legalidad" de su decisión "conforme a derecho" y citó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ampara a la Mesa para decidir la admisión o no a trámite de enmiendas que no respeten "la congruencia u homogeneidad con la ley que se tramita. "En este caso es claro que ni existía la relativa conexión con la ley que se tramite ni era congruente con su objeto ni con su espíritu tal y como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".
Pastor explicó que se trata de "una situación inédita" que circunscribió al ámbito de la Ley, y no al simple ejercicio del juego político. "De lo que les hablo es de un asunto de legalidad, yo no soy comentarista de apreciaciones personales. La presidenta del congreso actúa siempre con objetividad, conforme a al legalidad, dentro de la Constitución Española y conforme a derecho". Y se refirió a las amenazas de reprobación que, en un principio, amagó el PSOE con presentar y que hoy ha descartado porque "el reglamento no lo permite". "Puedo recibir amenazas pero a mí no me mueven del cumplimiento de la legalidad y de mis obligaciones como presidenta".
El representante de Ciudadanos en la Mesa, Ignacio Prendes, también compareció para defender esta legalidad de la decisión adoptada con mayoría 5 a 3 de PP y Ciudadanos. "Hemos tenido encima de la mesa los precedentes, hay antecedentes de que la Mesa de la cámara en un sentido parecido en que revoca las decisiones de una comisión, con lo que no es la primera ocasión". Y defendió que no se solicitara un informe a los letrados de la cámara tal y como solicitaban PSOE y Podemos porque "había suficiente documentación y la situación estaba suficientemente claro, no hacía falta prolongar más esta situación pidiendo informes".
Una visión antagónica a la defendida por la representante de Podemos, Gloria Elizo, quien anunció que "desde luego seguramente recurriremos al Tribunal Constitucional" una decisión que "no ha sido jurídicamente acertada" y sí "sorprendente" que ni siquiera "se haya considerado pedir un informe a los letrados". Lo más clamoroso de esta nueva bronca institucional de la Mesa fue el silencio del PSOE que anunció que harían pública una nota de prensa pero fue la única formación que evitó comparecer pese a ser quien encendió la llama de la polémica. Un PSOE que, en privado, se limita a decir que "esto es muy gordo" pero que todavía continúa fuera de juego.