Como jefe del equipo de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que hizo el denso informe para la juez Alaya, base de la acusación, Ángel Turrión dijo este lunes en la sesión del juicio de los ERE que "el cúmulo de deficiencias" detectadas en las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis de los expedientes de regulación de empresa (ERE) fraudulentos, hacen posible el menoscabo de los fondos públicos. Y añadió: "No digo que lo haya, pero existe riesgo de menoscabo de fondos públicos".
La apreciación es relevante puesto que el juicio que se sigue en Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta contempla delitos de prevaricación y malversación a causa del procedimiento específico empleado para conceder las ayudas investigadas en el periodo 2001-2010.
Pero lo más llamativo del día de ayer fue la contundente afirmación de Turrión subrayando que en las 270 ayudas analizadas e investigadas, no sólo no se cumplían los requisitos legales exigidos, sino que la Junta pagaba "el 90 por ciento del salario neto" del trabajador. En consecuencia, si el importe medio en las ayudas del Estado por los mismos motivos era 36.139 euros, en el caso de las ayudas de la Junta era de 66.401 euros. Esto es, casi el doble.
A la pregunta del fiscal sobre si las deficiencias halladas podrían causar menoscabo de los fondos públicos, Turrión dijo, y recoge Europa Press: "Sí, con el cúmulo de deficiencias que manifiesta la Intervención de la Junta, obviamente el menoscabo es posible. No digo que lo haya, pero existe riesgo de menoscabo de fondos públicos". Tal riesgo debía haber conllevado un informe de actuación de la Intervención General de la Junta, que nunca se elaboró.
El asunto es decisivo por cuanto los ex altos cargos de la Junta ha insistido siempre en que fue el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, el que a pesar de haber emitido 15 informes advirtiendo de las irregularidades, nunca remitió a los organismos de la Junta un informe de actuación que impidiese el procedimiento que ahora se juzga.
La Junta pagaba el doble que el Estado por las mismas ayudas
Igualmente quedó claro que, contra los criterios fijados en la Orden Ministerial de 1994, enarbolada por algunas defensas para justificar el procedimiento, las empresas beneficiadas por la Junta no cumplían el requisito de abonar el 60 por ciento del importe de las ayudas corriendo a cargo de la Administración el 40 por ciento restante. De hecho, en el caso de las ayudas concedidas por la Junta e investigadas por los peritos de la IGAE, el porcentaje aportado por las empresas era "mínimo".
Además, no se cumplían las condiciones de tener 60 años como mínimo y que la ayuda fuese el 75 por ciento de la base de cotización.
Turrión afirmó en la sesión que "no resulta creíble que no se hubiesen dado cuentas a los altos cargos de la Consejería de Hacienda de los problemas de presupuestación, máximo cuando los informes de la intervención alertan de irregularidades, en realidad ilegalidades".
Después, aseguró que si la Cámara de Cuentas y el Parlamento hubiese tenido "información precisa" de que Empleo concedía ayudas e IFA/IDEA pagaba "hubiera podido llegar a la conclusión de que el uso de las transferencias de financiación era inadecuado". Pero "se manejaba información ambigua, críptica, inconexa y con frases sin verbos, expresiones de indeterminación y términos genéricos, que no aclara en absoluto que la Consejería concedía y el IFA pagaba".
Como ejemplo, puso que en el texto articulado y el estado de gastos del Presupuesto "nadie podía tener certeza del que concedía y del que pagaba". Y precisó: "Se dice materialización de las ayudas, con lo fácil que es decir pagar. El castellano es un idioma muy rico", ha comentado. Las defensas arguyeron que "en términos jurídicos administrativos, es bastante claro e inequívoco" que materializar es pagar.