Dolores Delgado conoció las infracciones que habría cometido José Manuel Villarejo como comisario. Ella era fiscal y no denunció los métodos supuestamente ilícitos de la persona con la que compartió, al menos, comida y cervezas, sino que calló aún a sabiendas de que esa información confidencial se utilizaba luego en inteligencia.
De igual forma que su íntimo amigo Baltasar Garzón, hoy juez inhabilitado por otro caso de negligencia profesional –escuchó de forma irregular a los abogados de los investigados en el caso Gürtel que él mismo instruía– su comportamiento se acerca a la figura de la omisión del deber de perseguir delitos. Villarejo confesó a la actual ministra de Justicia en el famoso almuerzo con altos mandos que estableció una suerte de prostíbulo con la que sonsacaba información a empresarios y políticos.
Delgado jamás movió un dedo contra lo que el comisario, investigado por extorsión, llamaba "información vaginal". Es más, aplaudió el "éxito garantizado" de Villarejo.
El Código Penal prevé una pena de inhabilitación especial para cargo público por un periodo de entre seis meses y dos años a "la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables". El Ministerio de Justicia ha rehusado a aclarar si Delgado denunció los hechos. La titular de la cartera no dará su versión sobre los hechos hasta la comparecencia en el Congreso del día 10.
La ministra ejercía entonces como fiscal en la Audiencia Nacional, con la condición de funcionaria pública como el resto de los comensales: además del juez instructor del mismo órgano Baltasar Garzón, el Director Adjunto de la Policía Nacional Miguel Ángel Fernández Chico y los comisarios Gabriel Fuentes y Enrique García Castaño.
El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal apareja una sanción económica para quien tuviere conocimiento de "delito flagrante" y no lo pusiera en conocimiento "inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo".