Diez jornaleras marroquíes que sufrieron abusos en Huelva han denunciado al SAT, el sindicato del comunista Sánchez-Gordillo, por hacerlas trabajar de manera irregular, usarlas para promocionarse y apropiarse de dinero que les envió un compatriota, según informa este miércoles El País. Sus abogados destacan la "cosificación" que se ha hecho de las temporeras y argumentan que se trata de un caso de coacciones y delitos contra la esfera patrimonial de estas.
Las mujeres llegaron a España en abril. En ese mismo mes, el portal alemán Corrective.org y BuzzFeed News publicaron que las jornaleras habían sufrido abusos sexuales y laborales. Cuando saltó la noticia, se produjo un goteo de denuncias en cuarteles de la Guardia Civil, entre las que se encontraba la de estas diez marroquíes. Una de ellas, madre de dos hijos, contó cómo uno de sus jefes intentó besarla a la fuerza y bajarle el pantalón, mientras ella chillaba y lloraba.
En estas, el SAT abrazó la causa, comprometiéndose por escrito a asumir los gastos de manutención y alojamiento de las jornaleras de forma indefinida. El sindicato de Gordillo y Cañamero las escondió en un pueblo de Málaga mientras avanzaba el caso por la vía penal y laboral.
Sin embargo, tal y como cuenta el diario de Prisa, el representante sindical del municipio, José Blanco Burgos, ha sido denunciado por estas mujeres por aprovecharse de su trabajo y gastarse parte del dinero del que disponían estas para enviar a sus familias.
Los abogados de las jornaleras dicen que el sindicato sufragó gastos de las mujeres con recursos obtenidos a través del trabajo irregular de estas en el pueblo –en labores de limpieza o cuidado de ancianos, admite Blanco Burgos, aunque mantiene que acordó con ellas que las retribuciones irían a un fondo común para sus gastos–.
La situación se complicó en agosto. La asociación de abogados lanzó una campaña para recaudar fondos, un compatriota marroquí ingresó 3.000 euros para que las mujeres ayudaran a sus familias, y Blanco, que se registró como autorizado sin ser promotor de la campaña, sacó 1.380 euros. Los letrados le acusan de apropiarse, sin consentimiento, de un dinero que tenía un fin específico; él dice que los cogió para pagar el alquiler y los gastos de las mujeres.