Llamó poderosamente la atención que, después de todo, de que denunciara mil y una veces la intervención contaminada de Baltasar Garzón como cocinero del caso Gürtel, Francisco Correa pidiera el indulto para el juez inhabilitado en el turno de la última palabra al final del juicio. El líder confeso de la trama, con todo perdido, se posicionó del lado del primer instructor que, más allá de las cintas del comisario de las cloacas José Manuel Villarejo, salió inhabilitado porque ordenó la instalación de micrófonos con los que grabó de forma ilegal e invasiva, vulnerando los derechos de los investigados, las conversaciones entre los presuntos corruptos y sus abogados.
Correa es hoy el único de los condenados por la Época Primera del caso Gürtel que no está preparando una querella conjunta contra Garzón. El resto plantea una nueva por prevaricación, el mismo delito por el que fue inhabilitado 11 años, a raíz de la cinta que reproduce el almuerzo que mantuvo con Villarejo, su amiga íntima la hoy ministra de Justicia y entonces fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado y otros 3 altos mandos de la Policía. A su juicio, evidencia que el instructor tuvo un interés directo en que la causa recayera en su juzgado, el nº5. El excomisario revela que "preparó" el inicio del procedimiento con el magistrado y Juan Antonio González, agente de la confianza del entonces ministro socialista del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.
"Comimos Balta, Juan Antonio, el Oli –José Luis Olivera, jefe de la Udef– y yo, preparando lo de la Gürtel, en agosto [de 2008], o sea, justo cuando al día siguiente admitía él el tema", se oye decir a Villarejo en esa grabación.
Guillermo Ortega, nulidad y excarcelación
La Audiencia Nacional repartió un total de 251 años y un mes de cárcel entre 29 de los 37 acusados por el caso Gürtel. La pena más elevada fue para Francisco Correa –51 años y once meses de prisión– y la segunda recayó sobre Guillermo Ortega –38 años y tres meses–. Quien fuera alcalde de Majadahonda, condenado por el cobro de comisiones a cambio del amaño de adjudicaciones de contratos públicos para a las empresas de la trama, ha solicitado su libertad de forma provisional.
Actúa a la luz de las grabaciones del excomisario Villarejo que, según el recurso de su letrado, demuestran que Garzón habría "urdido" para hacerse cargo de la causa. Insiste en que Ortega "no ha tenido ni un proceso ni un juicio justo" porque el que fuera instructor previó anteriormente el desenlace de la investigación.
Marcos Molinero ha remitido el escrito remitido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Considera vulnerado "el derecho fundamental que todos los ciudadanos tienen al juez ordinario predeterminado por ley". La grabación refleja "nuevos indicios solventes" de lo denunciado durante todo el procedimiento.
"Baltasar Garzón presuntamente urdió (previamente a recibir la querella proveniente de la Fiscalía Anticorrupción el 6 de agosto de 2008), con la Fiscalía y altos mandos policiales la forma y manera de construir una causa penal contra el Partido Popular, utilizando para ello las relaciones de este partido político con las empresas de don Francisco Correa Sánchez", concluye el escrito de siete páginas.