Más trampas a la Justicia. Jordi Turull ha comparecido ante el Tribunal Superior de Cataluña por un delito de alzamiento de bienes. Está imputado con su esposa Blanca Bragulat, a la que habría cedido casi 100.000 euros de su patrimonio de cara a un eventual embargo por la responsabilidad civil derivada del referéndum ilegal del 1 de octubre y el resto de acciones con las que el separatismo desafió a España.
El exconsejero de Presidencia ha alegado que la cesión a su mujer se produjo porque temía por su salud, en concreto porque le diagnosticaron una apnea de sueño, no porque temiese posibles embargos. Ha apoyado su versión en que entonces siquiera formaba parte del Gobierno catalán y en que hicieron testamentos recíprocos. La declaración de Turull ha comenzado a las 9.11 y concluido poco antes de las 11H. Su mujer, que ha declarado a continuación, ha llegado a la sede judicial acompañada de sus abogados Jordi Pina y el también exconsejero Francesc Homs.
La Fiscalía Superior de Cataluña se querelló a finales de mayo porque apreciaba en la donación un "evidente propósito y finalidad de intentar eludir el futuro embargo de su patrimonio" a consecuencia de los procedimientos judiciales abiertos. Según la querella, Turull efectuó el 8 de junio de 2017 una "donación pura y simple" ante notario a su esposa de la mitad indivisa de una vivienda de la que él era propietario al 100% en Parets (Barcelona), y de su mitad de la cuenta corriente común, operaciones por un valor total de más de 96.000 euros.
El juez que instruye la causa, José Francisco Valls, citó al exconsejero autonómico y a su esposa el próximo 8 de octubre. Emitió tres providencias una vez firme el auto de admisión de la querella presentada por Fiscalía. Para la comparecencia de Turull, que permanece en prisión incondicional procesado por rebelión y malversación en la causa contra el proceso separatista, un oficio al Centro Penitenciario de Lledoners, desde donde ha sido trasladado con cuatro agentes de los Mossos como escoltas. Además, solicitó al Parlamento de Cataluña certificado que acredite si el exconsejero ostenta la condición de diputado autonómico, así como "la declaración de bienes que hubiera presentado y los cargos que desempeñó durante 2017".
El magistrado reclamó las hojas históricas-penales de ambos querellados. Requirió a la Delegación de Hacienda de Barcelona que remitiera copia de las declaraciones de IRPF de 2016 y 2017 de los querellados, así como declaración de patrimonio de las citadas anualidades, si se presentaron. También solicitó al Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona testimonio de la querella inicial de la acusación particular VOX y del auto de admisión correspondiente, que sustancia las diligencias previas.