El modelo andaluz de selección de medicamentos públicos, a través de una subasta, está teniendo consecuencias nefastas para los pacientes de esta comunidad.
Muchos de los fármacos sufragados por el Sistema Andaluz de Salud (SAS) no llegan a las farmacias porque los laboratorios a los que la Junta de Andalucía les ha otorgado la exclusividad de dispensación, en su mayoría procedentes de países como India o Vietnam, no tienen capacidad de producción suficiente.
Por otra parte, la calidad de los que llegan está siendo cuestionada por las asociaciones de pacientes y los profesionales sanitarios, que con este sistema han dejado de tener libertad de prescripción.
La lucha de Afarán
El 13 de diciembre de 2011, la Junta de Andalucía aprobó el decreto ley de Medidas Urgentes sobre prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que permitió al gobierno regional instaurar este sistema, a través del cual selecciona los medicamentos que tienen que ser dispensados de manera obligatoria en esta comunidad.
El modus operandi: como los precios de los principios activos son fijos, los laboratorios que participan en el concurso ofrecen al Servicio Andaluz de Salud una mejora económica en forma de aportación por unidad dispensada, y la Junta le otorga la exclusividad de dispensación al mejor postor. Sin embargo, al consumidor, el fármaco le cuesta lo mismo.
Farmacéuticos y profesionales sanitarios denuncian el afán recaudatorio del modelo, y también la falta de transparencia del proceso. "Esa es la madre del cordero, nadie sabe dónde va el dinero", espeta Teresa Martín, presidenta de Afarán (Asociación de Farmacéuticos de Andalucía).
No obstante, para los farmacéuticos, la más grave de las consecuencias de este sistema es el desabastecimiento. En abril, alcanzó el 54%. Porcentaje que se duplicó, en el mes de agosto. No podían dispensar ni siquiera paracetamol. Tanto fue así que incluso el Servicio Andaluz de Salud tuvo que reconocer que el suministro deficiente de medicamentos de las subastas superaba el 50%.
Por otro lado, la Junta penaliza al paciente andaluz con un catálogo de fármacos mucho más restringido que el que disfruta cualquier otro ciudadano español. En España, se pueden dispensar más de 10.000 medicamentos y en Andalucía 533, que –además– tienen que ser los procedentes de la subasta. Una situación que Teresa Martín denomina "gueto farmacéutico". En su opinión, es discriminatoria porque "rompe la equidad del Sistema Nacional de Salud".
Por ese motivo, en julio de 2017, Afaran registró una petición en el Parlamento Europeo para que se investigara el modelo de selección pública de medicamentos instaurado por la Junta de Andalucía. La Comisión de Peticiones admitió su solicitud y su presidenta, Teresa Martín, tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos ante los miembros de la Cámara. Pero, tras cuatro votaciones,el PSOE, junto con otros partidos de izquierdas, logró que se archivara en el mes abril.
En su opinión, fue una "decisión política". Por ello, el 1 de octubre de 2018, solicitaron la reapertura del examen de la petición en relación con la subastas de medicamentos. Un sistema que ha provocado que, a día de hoy, las farmacias andaluzas no dispongan de paracetamol, valium, parches para el dolor oncológico o pastillas para la tensión que les obliga a dispensar el gobierno regional.
Medicamentos low cost
La falta de efectividad de los medicamentos es la principal denuncia de los pacientes, que además tienen que sufrir constantes desabastecimientos y cambios de formato en sus tratamientos.
Alfredo de Pablos, coordinador general de la mesa del paciente de la Agrupación de desarrollo Málaga Accesible (que representa a cerca de 50 asociaciones de pacientes andaluzas y colabora con el Foro Andaluz del Paciente) expresa su preocupación por tres aspectos: la discriminación de los andaluces respecto del resto de españoles, las quejas de los pacientes sobre la efectividad de los fármacos que toman, y la falta de adherencia a los medicamentos por parte de la población más sensible: "Personas muy mayores a las que cambiarles la pastilla, el color, o el formato, supone un problema", explica.
Los profesionales sanitarios de atención primaria son testigos directos de que la acción terapéutica conseguida con muchos de los fármacos que obliga a dispensar la Junta de Andalucía no es la esperada. Juan Carmona, médico de familia y delegado del Sindicato Médico de Málaga para la comarca de la Axarquía, pide un estudio de biodisponibilidad sobre estos medicamentos. Esto nos permitiría saber "cuánto medicamento hay en sangre pasada media, hora, una hora, dos horas, cuatro horas… de tomártelo". En su opinión, es necesario porque "se han llegado a ver cosas inauditas, por ejemplo con las ampollas de Sulpirida (antes Dogmatil)".
La falta de controles de calidad sobre los medicamentos procedentes de la subasta que llegan a Andalucía están generando casos realmente alarmantes. Así ocurrió cuando los antipsicóticos entraron en la subasta. Según explica Carmona, las farmacias se vieron obligadas a cambiar los tratamientos a los pacientes y "se descompensaron todos". "Los psiquiatras no paraban de decirnos: por Dios, no mandéis antipsicóticos que no sean los que tienen prescritos (los de sus marcas habituales)", asegura. Otro caso de los que relata se refiere a los "fármacos en parches, antipsicóticos o para el corazón.... Los parches se despegaban. Y si el parche se despega, no se absorbe el medicamento y no hace su efecto".
Además, los pacientes andaluces se encuentran con un problema añadido al desabastecimiento de medicamentos procedentes de la subasta: los laboratorios excluidos de la misma y que fabricaban esos fármacos han dejado de abastecer a las farmacias andaluzas. El por qué, explica el Doctor Carmona, "es muy sencillo". Cuando los medicamentos entran en la subasta, los buenos laboratorios, nacionales o internacionales, dejan de mandarlos a Andalucía "porque saben que no los van a vender". En consecuencia, asevera, "hay muchos problemas de desabastecimientos" y "los medicamentos de marca de laboratorios buenos ya casi ni los olemos".
Los patronal de los laboratorios, en contra
La subasta de medicamentos tampoco cuenta con el visto bueno de Farmaindustria. La patronal de los laboratorios considera que no es un sistema adecuado para una política farmacéutica que debe plantearse con una visión estructural, a largo plazo, y con respeto a los derechos de los pacientes.
El director del Departamento de Relaciones con las Comunidades Autónomas, José Ramón Luis-Yagüe, encuentra tres razones fundamentales para su oposición al modelo: en primer lugar, porque seleccionar un único proveedor de un medicamento genera un riesgo real de desabastecimiento. De hecho, así está pasando. "Muchas veces los adjudicatarios no pueden cumplir con las obligaciones de suministro que han contraído con la Administración", explica.
En segundo lugar, "genera una situación de inequidad en cuanto a los pacientes y su acceso a los medicamentos. Cuando un médico prescribe por principio activo, el paciente tiene el derecho legalmente reconocido a elegir tratamiento. Si es la Administración la que elige qué medicamento se le va a dispensar, evidentemente se está vulnerando un derecho".
Y, por último, Farmaindustria considera que "las subastas rompen la unidad del mercado porque excluyen durante dos años a aquellos laboratorios que no han concurrido a la subasta, dándose además la paradoja de que, cuando hay desabastecimientos, cosa que ocurre con mucha frecuencia, son precisamente los laboratorios excluidos los que tienen que aportar la solución".
Entretanto, el Gobierno de Susana Díaz, lejos de buscar un sistema menos perjudicial para pacientes, médicos, farmacéuticos y laboratorios, ha convocado una nueva subasta de medicamentos, la tercera en lo que va de año.
