La UCO, el servicio especializado de la Guardia Civil en investigación, pidió hace once meses a la Junta que le remitiese los movimientos de las 13 cajas fuerte, 13 nada menos, que la Fundación Andaluza para el Fondo de Formación para el Empleo (Faffe) tenía en su sede oficial. Contrasta este comportamiento con la apariencia de la Junta de exigir la declaración de su exdirector Fernando Villén, el titular de las tarjetas conocidas como "sex-black" por su uso en varios prostíbulos.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si el dinero destinado a los parados andaluces y a la formación de los trabajadores se dedicaba realmente a tal fin, o a otras cosas. No era una bagatela porque en los años de funcionamiento ante de ser extinguida por la Junta en 2011 manejó nada menos que 828 millones de euros.
Tras los numerosos hechos que desacreditaban el comportamiento de la Faffe, desde la contratación irregular de personal con enchufismo evidente o las ayudas al exconsejero Ángel Ojeda en el caso Delphi, se descubrió el uso de varias tarjetas black que usaron dinero público en prostíbulos, comilonas y juergas.
Se supo que la Faffe tenía a su disposición una serie de cajas, 13 en total, en la sede central de Sevilla y en sus sedes provinciales andaluzas. Cuatro estaban en la sede oficial de Sevilla y las nueva restantes en las provincias. Según testigos, algunas eran cajas fuertes donde se guardaba dinero en metálico. Pero a día de hoy, la Junta de Andalucía, como destacan hoy El Mundo y ABC, lleva 11 meses sin entregar al Juzgado los movimientos de estas 13 cajas.
La importancia de esta información es decisiva para determinar, por ejemplo, si el dinero pagado y cargado en las tarjetas "oscuras" en puticlubes, cargos anulados posteriormente y sustituidos por pagos en efectivo, salió del bolsillo de los ex responsables de la Faffe o si salió de tales cajas, además de otras cosas.
Es sorprendente que la Guardia Civil pidiera los movimientos de estas cajas hace ya dos años y cinco meses, el 13 de julio de 2016, y que la juez Núñez Bolaños, la sustituta de la juez Alaya en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, no tramitara la petición hasta el 27 de noviembre de 2017, tras la insistencia de la Fiscalía y de la acusación del PP. Pero la Junta no ha entregado nada hasta el momento.
El caso Faffe: un escándalo descomunal
Vinculado al caso de la formación, pero sólo en parte, el caso de la Fundación conocida como "el fondo" por los militantes socialistas, es junto con los ERE y el fraude de la formación, uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos tiempos por volumen de dinero cuando menos: 828 millones de euros, manejados desde 2004 a 2011.
Libertad Digital dio numerosas informaciones desde hace muchos años sobre esta Fundación en su investigación sobre la "tela de araña" andaluza. Se corre el riesgo de reducir el caso al uso de las tarjetas sex-black, pero el escándalo es mucho más importante y tiene muchas ramificaciones.
Dirigida por Fernando Villén, un alto dirigente del socialismo gaditano, a cuya dirección siempre estuvo especialmente vinculado Manuel Chaves y su mano derecha, el pretoriano del clan de Alcalá, Luis Pizarro, la Faffe fue el epicentro del poder del régimen socialista en el mundo de los parados andaluces y en las estructuras internas del PSOE andaluz.
Dicho en román paladino, la Faffe servía para "colocar" o no a desempleados de los municipios andaluces según las indicaciones de las direcciones locales o provinciales del PSOE e igualmente, para servir de alojamiento laboral a militantes socialistas y familiares que ya no tenían posibilidades de seguir cobrando sueldos públicos.
ABC resume hoy algunos contenidos del escándalo. La Fundación, según la Cámara de Cuentas de Andalucía, efectuó 8.844 contrataciones irregulares, de los que al menos 200 eran primos, amigos, cuñados y conocidos del PSOE y sindicatos, algunos «con tareas improductivas», según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Recuérdese que Faffe dejó casi 50 millones de euros en ayudas para formación sin justificar y que subvencionó cursos disfrazados de contratos laborales para que 1.500 empleados despedidos por la fábrica de Delphi en Puerto Real cobraran ilegalmente el paro, según un informe de la Inspección de Trabajo. En el caso está imputado el ex consejero de la Junta, Ángel Ojeda.
Es más, es que todo lo ocurrido en la Faffe estuvo gestionado por una plantilla de personal que había sido contratada al margen de los procedimientos habituales para el ejercicio de la labor de funcionarios, esto es, por la llamada "administración paralela" de la Junta.
Además de los gastos recientemente conocidos en prostíbulos, hay que recordar otras comilonas más antiguas donde el jamón de bellota y los langostinos eran platos habituales.
El Parlamento andaluz aprobó la constitución de una Comisión de Investigación sobre esta Fundación pero la convocatoria electoral anticipada por parte de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, la ha anulado. Habrá que ver si tras la constitución del nuevo gobierno y del nuevo Parlamento, la Comisión de Investigación vuelve a reconstituirse.