La juez Pilar Ordóñez, del juzgado de instrucción número 10 de Sevilla, que investiga las transferencias de financiación de todas las consejerías del Gobierno andaluz al ente público IFA (hoy IDEA), ha pedido datos de todos los fondos enviados a este ente y de su personal desde el 2001 al 2011. Así lo informaba la agencia EFE en la tarde de hoy.
El caso es realmente espectacular puesto que en el caso ERE sólo se investigaban los pagos por ayudas sociolaborales procedentes en su mayoría de la consejería de Empleo, pero ahora se investigarán todos los pagos de la Agencia Idea en todas las Consejerías de la Junta. Y esto, como es sabido, ocurre en plena precampaña electoral.
Se da la circunstancia de que la juez Pilar Ordóñez se ha hecho cargo del caso de estas transferencias mientras se resuelve la recusación del PP para apartar de la causa a la juez María Núñez. Recuérdese que la juez Núñez Baños fue apartada provisionalmente del caso debido a las sospechas que el PP tenía sobre su parcialidad en el caso de la instrucción de algunos asuntos relacionados con la agencia IDEA, que era el ente pagador de los ERE mediante el mecanismo, considerado irregular por los peritos judiciales, del uso de transferencias de financiación.
Su recusación fue la consecuencia de que la juez Núñez Bolaños impusiera una fianza de 30.000 euros al Partido Popular para admitir su personación en el caso de IDEA, lo que fue considerado un exceso incluso por la Audiencia Provincial.
Posteriormente, se supo que su cuñada, María Guija, hermana de su marido Julio Guija, íntimo amigo del exconsejero de Justicia, Emilio de Llera, como ella misma, trabajaba precisamente en el departamento de control de finanzas de la actual agencia IDEA, antes IFA. A pesar de este parentesco, la juez Núñez Bolaños siguió con su instrucción sin que trascendiera la relación.
Esta recusación, que ha tenido como consecuencia su apartamiento provisional del caso de la agencia IDEA, está pendiente de resolución. La juez Núñez Bolaños alegó que no tenía relación alguna con su cuñada pero la relación suscita dudas.
Como consecuencia de esta recusación, la juez Núñez Bolaños fue apartada del caso y sustituida en la instrucción por la juez Pilar Ordóñez. Se ha sabido ahora que el pasado 1 de octubre, hace quince días, la juez encargó a la Guardia Civil, como ya hiciera la juez Alaya, como fuerza investigadora de los hechos.
Además, y este ha sido el motivo del revuelo, solicita en su providencia del pasado día 1 una prueba documental que deberá ser remitida por la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía para que, en 45 días, "emita certificación de todas las transferencias de financiación de explotación o de capital y finalistas acordadas y realizadas por las distintas consejerías de la Junta de Andalucía a IFA-IDEA", desglosados por consejerías, años, programas y aplicaciones presupuestarias.
Esto es, estamos ante una investigación general de la Agencia IDEA, un elemento capital de la conocida como Administración paralela de la Junta de Andalucía, donde son contratados sus empleados al margen del procedimiento administrativo fijado para los demás empleados públicos y funcionarios.
Precisamente una de las cosas que exige la juez Ordóñez en 45 días es disponer de un "organigrama de todo el personal adscrito a la Dirección de Finanzas de IFA-IDEA, incluyendo el personal de la Unidad de Control Interno, durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2011, ambos inclusive, con especificación del puesto de trabajo que desempeñan y las funciones que tiene atribuidas". Ahí, naturalmente, deberá salir el nombre y funciones de la cuñada de Núñez Bolaños, María Guija.
Pide también la juez indicar el centro directivo al que corresponden, del 2000 al 2011, así como los calendarios de pagos aprobados por la Tesorería de la Junta y los documentos acreditativos de las transferencias hechas a IFA/IDEA.
En 30 días exige a la agencia IDEA que elabore y remita al juzgado "un cuadro resumen de los gastos propios o pagos por cuenta de terceros realizados con fondos provenientes de transferencias de financiación de las distintas consejerías de la Junta" en el mismo periodo y con el mismo desglose, excluyendo las relativas a los programas 22E y 31L (el famoso fondo de reptiles) de la Consejería Empleo cuyas transferencias de financiación se investigan en el caso ERE.
Igualmente que envíe los acuerdos de su Consejero Rector o sus máximos responsables (presidente, director general o secretario general) acordando los pagos hechos con esos fondos recibidos "y, en su caso", las resoluciones de la consejería u órganos mixtos que los ordena o del "Consejo de Gobierno que los ratifica, cuando fuese necesario", junto con los informes jurídicos y económicos preceptivos.
También da 60 días para que remita al juzgado una relación del personal de apoyo a la Intervención General de la Junta en el ente, incluyendo todo el personal interno y externo adscrito a la Intervención Delegada de Control Financiero Permanente, en el mismo periodo y con el mismo detalle de puesto y funciones de cada uno.
El PP: la corrupción tras 40 años del PSOE es endémica
Así lo ha dicho la secretaria general del PP-A, Loles López, en relación con la investigación judicial sobre la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). En su comunicado ha recordado que en el año 2011, en el marco de la investigación del caso ERE, en la que el PP-A está personado, el PP remitió al juzgado un estudio de las transferencias de financiación de la agencia IDEA entre 2001 y 2010, que alcanzaron la cifra de 4.315 millones de euros, que equivale a cinco veces el montante global usado en el caso ERE.
"El tiempo y la Justicia, como ha ocurrido en otras ocasiones, volverán a dar la razón a las denuncias que ha venido haciendo el PP y a dejar en evidencia la corrupción sistémica de los gobiernos socialistas en Andalucía", ha manifestado López y recoge Europa Press. Ha recordado que cuando en 2016 el juzgado número 6 de Sevilla abrió diligencias por un presunto delito masivo en la financiación de la agencia IDEA, "Susana Díaz dio orden a su gobierno para salir en tromba a insultar al PP, al que acusaron de manipulación".
"Lo que tenemos ante nosotros es un fondo de reptiles descomunal, una 'caja negra' a la que llegaba dinero de todas la Consejerías para gastarlo evitando los controles y la fiscalización de la Intervención de la Junta", añade, señalando especialmente a Susana Díaz que "pasará a la historia como la presidenta que tapó la corrupción y que obstaculizó a la Justicia en sus investigaciones".
El caso llevaba dos años paralizado
La causa ya no está paralizada gracias a la juez Ordóñez y lleva camino de convertirse en un caso cinco veces más importante, desde el punto de vista del dinero público, que el de los ERE. Si el caso ERE tiene su límite en unos 850 millones de euros, el caso de la agencia IDEA, si se trata en su conjunto, puede superar los 4.300.
Precisamente fue la propia juez Núñez Bolaños la que, al referirse a las peticiones del PP sobre la instrucción, dijo que "de instruirse como insistentemente solicita el PP, podría convertirse en una causa de dimensiones" mayores que la de los ERE, en la que los "afectados" serían "personalidades políticas de signo contrario al partido que ejerce la acusación popular". O sea, del PSOE.
"Marcha lentamente", dijo la Audiencia Provincial sobre la instrucción que dirigía la juez sucesora de Mercedes Alaya en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla sobre la Agencia de Innovación y Desarrollo de la Junta de Andalucía IDEA, implicada en el caso de los ERE, el de la formación y otros. El PP afirmó sin embargo que la instrucción llevaba dos años casi totalmente paralizada en mayo de este año y calificó los hechos de un posible delito de "retardo malicioso".
Pero no fue sólo el PP el que estaba extrañado de la inacción de la juez. La propia Fiscalía denunció la parálisis de la instrucción desde octubre de 2017. Es más fue el propio fiscal del caso el que dijo en marzo que desde que Alaya abandonó la instrucción "el avance ha sido prácticamente inexistente".