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La juez Ordóñez demuestra que el empantanamiento judicial de la corrupción en Andalucía tiene arreglo

En total hay más de 600 imputados y se está investigado el destino de 4.300 millones de euros de dinero público.

(Sevilla)
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Llegó al caso de las transferencias de financiación el pasado mes de junio y en sólo unos días cursó todas las diligencias solicitadas por la Fiscalía y algunas por la acusación particular del PP, además de encargar a la Guardia Civil, mediante la UCO, la investigación que puso en marcha el juez de refuerzo de la juez Alaya y luego de la juez Núñez Bolaños, Álvaro Martín, en 2016. Dos años después, la instrucción no había avanzado, pero Pilar Ordóñez, titular del juzgado de instrucción número 10 de Sevilla, ha demostrado que el empantanamiento judicial de los casos puede corregirse.

El caso de las transferencias de financiación, que trataba de investigar el uso de este mecanismo, considerado irregular cuando se refiere a gastos que no tienen que ver con el ente que las recibe sino con subvenciones y ayudas con el fin de evitar controles, estaba casi paralizado, pero no es el único.

Hace menos de dos semanas, ABC compuso un interesante resumen de estos casos, a los que hay que sumar otros que ya ni siquiera aparecen en los medios de comunicación. En total hay más de 600 imputados y se está investigado el destino de 4.300 millones de euros de dinero público. Ello explica por qué la Comisión Europea considera a Andalucía la región más corrupta de Europa.

Caso ERE

Suele creerse que el caso ERE se reduce al juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla sobre el procedimiento específico utilizado por la consejería de Empleo para allegar fondos a la Agencia IDEA, la pagadora final de las ayudas sociolaborales. Pero no es así. El descuartizamiento del caso, contrario el criterio de la juez Alaya que comenzó la instrucción, ha dado paso a casi 120 piezas separadas de la causa original. Siguen investigándose y hay 200 subvenciones pendientes de investigación. El caso de las transferencias de financiación era una de las piezas separadas.

Caso transferencias de financiación

Es una pieza de los ERE que estalló ayer cuando la juez sustituta de la juez Núñez Bolaños lo activó de manera decidida. Pendiente desde 2016, había estado casi paralizado hasta que el incidente de recusación impulsado por el PP apartó a Bolaños de la causa. Nada más llegar el pasado mes de junio, la nueva juez del caso comenzó a instruirlo de manera más que diligente. Su consecuencia ha sido la extensión de la sospecha de irregularidades en todas las transferencias de financiación efectuadas desde todas las Consejerías de la Junta a la Agencia IDEA.

Caso Avales

Es otro sumario, dividido en dos, que afecta también a la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía. Trata de clarificar la práctica de la Junta de dar avales y préstamos a empresas de manera sospechosa. Igualmente sospechosa es la tardanza en instruir de la juez Núñez Bolaños, cuya falta de diligencia ha sido criticada por el fiscal Francisco Sánchez Mellado que dijo con claridad que, desde 2016, el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente.

Caso Faffe

Más conocido por la existencia de las llamadas tarjetas sex-black, tiene como meollo de la investigación que realiza la juez Núñez Bolaños del uso de 828 millones de euros desde 2004 a 2011. La Fundación Andaluza para el Fondo de Formación para el Empleo fue un nido de enchufados del PSOE andaluz e iba a ser investigada por el Parlamento andaluz, pero la convocatoria anticipada de elecciones dio al traste con el intento. El gasto de dinero, supuestamente público, en puticlubes y otras juergas, ha sido el último escándalo que ha sacudido a la sociedad española.

Caso fraude de la formación para trabajadores

Están pendientes 18 procedimientos en diferentes juzgados de otro caso troceado que asimismo comenzó a instruir la juez Alaya. Nueve de ellos son piezas escindidas por la juez Núñez Bolaños. Es conocido que hubo cursos que no se impartieron, otros que se derivaron a empresas amigas del PSOE e incluso a las empresas del ex consejero de la Junta, Ángel Ojeda, con los despedidos de Delphi de por medio. Están investigados tres ex consejeros de la Junta, cuatro exdirectores generales, siete ex delegados de Empleo de la Junta en provincias y tres directores de Consorcios de la Junta.

Caso Invercaria

Contiene la presunta malversación de caudales públicos por parte de Invercaria, una empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, cuyo sumario también ha sido troceado. Es conocido que Invercaria inyectaba fondos en empresas sin contar con informes adecuados de su situación y que, cuando se descubrió el entuerto, sus responsables intentaron que sus técnicos confeccionaran informes a posteriori para justificar las ayudas. Unas grabaciones realizadas por uno de los técnicos a la presidenta de Invercaria dio paso al escándalo.

Caso Jeremie

Trata del destino de 185 millones de euros que gestionó entre 2007 y 2013 una empresa de la agencia IDEA, Soprea, siempre en todas las salsas de irregularidades de la Junta de Andalucía. Un informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional subrayó la presencia de presuntas ilegalidades en el manejo de los fondos europeos Jeremie. Tras tres años y debido a la falta de medios que la Junta no suministró, la juez encargada, Beatriz González, aún está en fase de análisis de la documentación.

Caso UGT

Consecuencia de la investigación de Libertad Digital, está siendo instruido por el juzgado de instrucción número 9 de Sevilla. Tiene 18 imputados, entre ellos dos exsecretarios generales de UGT Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. El caso está adobado de gastos vergonzosos con dinero público, desde mariscadas a maletines con la marca falsificadas, gastos de congresos y sesiones festivas en la feria de Sevilla, todo ello pagados por las subvenciones de la Junta.

Caso Avales II

A principios de 2014, la juez Mercedes Alaya inició una nueva línea de investigación por la concesión de avales de la Agencia IDEA a empresas seleccionadas a discreción. En la causa está imputado por prevaricación y malversación el exconsejero de Innovación, Martín Soler, y otros ex altos cargos de la consejería. La quiebra de empresas avaladas con fondos públicos ha empujado a la agencia IDEA a presentar un aluvión de demandas en los juzgados para intentar recuperar, hasta ahora con escaso éxito, parte de los 65,4 millones de euros perdidos en proyectos ruinosos.

Caso Unidades de Empleo

Cinco jueces de Sevilla, Córdoba, Almería, Jaén y Granada, investigan por fraude y prevaricación a siete ex altos cargos autonómicos por las subvenciones a 94 Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), con presencia de enchufados del PSOE, IU y los sindicatos "de clase", con el fin de para asesorar a emprendedores municipales. Entre los investigados por prevaricación y fraude en subvenciones está el exconsejero Antonio Ávila, imputado en otros casos.

Caso Bahía competitiva

Residiendo en el juzgado de instrucción 4 de Cádiz indaga desde 2011 el llamado Plan Bahía Competitiva que dirigía una de las primeras figuras del clan de Alcalá de los Gazules del PSOE gaditano, Antonio Perales. 21 millones de euros se esfumaron, con paraísos fiscales de por medio y una red de 40 imputados, con una ex delegada de la Junta de por medio.

Caso Marismas del Guadalquivir

Se pagaron Son 40 los millones de euros afectados por certificaciones falsas y facturas infladas en el proyecto con dinero europeo de modernizar la margen izquierda del Guadalquivir de la provincia de Sevilla. El juez de instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casilla, el mismo de Invercaria, imputó a seis ex cargos públicos de la Consejería de Agricultura y a otros 16 regantes y representantes de las empresas que ganaron un concurso, presuntamente amañado, para hacer las obras.

Y la lista no acaba aquí.

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