Este miércoles se ha celebrado un encuentro entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas sobre el colapso en los juzgados especializados en cláusulas suelo. Las CCAA invitadas han sido aquellas con competencias en materia de Justicia: Cataluña, País Vasco, Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja.
El encuentro, presidido por Carlos Lesmes y en el que se acordó mantener los juzgados tras admitir los problemas que se están viviendo en algunas regiones, ha irritado a la Generalidad de Cataluña: su representante ha denunciado que ha sido vetada por llevar un lazo amarillo.
Según ha denunciado el gobierno catalán, la directora general del departamento de Justicia, Montse Muñoz, que iba a intervenir por videoconferencia, no pudo hablar por negarse a quitarse el lazo que simboliza el apoyo a los presos golpistas.
La consejera de Justicia, Ester Capella, ha remitido una carta al presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, a la que ha tenido acceso Efe, para expresar su "perplejidad e incredulidad por la discriminación por motivos ideológicos" que, en su opinión, ha sufrido la representante de la Generalidad.
Fuentes citadas por Efe apuntan que el CGPJ no dejó hablar a Muñoz después de solicitarle telefónicamente que se quitara el lazo amarillo, con el fin de garantizar la "neutralidad" del encuentro. Una vez se había efectuado la conexión por videoconferencia desde la reunión del CGPJ, en que era visible la imagen de la directora general y la subdirectora que la acompañaba, un responsable del gabinete de Lesmes llamó al departamento de Justicia y advirtió de que Muñoz debía quitarse el lazo amarillo que llevaba en la solapa.
Según fuentes del departamento de Justicia, en total fueron tres las llamadas telefónicas para instar a la directora general a quitarse el lazo y, ante la negativa de ésta a hacerlo, acabaron desconectando la videoconferencia.
Un portavoz del CGPJ consultado por Efe precisó que, en dichas llamadas, se pidió a la consejería que su representante no llevara el lazo amarillo, al entender que se trataba de un encuentro "técnico" en el que era importante garantizar la "neutralidad", por lo que resultaba improcedente lucir cualquier tipo de símbolo con significación política, especialmente con un proceso judicial todavía abierto.