En estos días, ha estallado el caso de las transferencias de financiación por la ágil instrucción Pilar Ordóñez, sustituta, provisionalmente, de la juez Núñez Bolaños, apartada del caso hasta la resolución de incidente de recusación presentada por el PP. La Fiscalía de Sevilla, a través del fiscal delegado de Anticorrupción, Fernando Soto, cree que no hay motivo para la recusación de la juez Bolaños, por lo que la macrocausa de las transferencias de financiación recibidas por el IFA/IDEA continuaría siendo instruida por la discutida juez.
Sólo unos días después de que la nueva juez practicara diligencias que han puesto patas arriba a la Junta de Andalucía –petición de certificaciones de todas las transferencias de financiación realizadas a la agencia IDEA desde todas las Consejerías de la Junta y desde 2001 a 2011–, publica Diario de Sevilla y todo el grupo Joly que la Fiscalía ha presentado un escrito en la Audiencia rechazando la recusación de la magistrada implicada, por lo que deduce que lo más probable es que la juez Bolaños vuelva a instruir el ya escandaloso sumario.
Aunque ello ocurriera, ya no puede detenerse, salvo actuación expresa de la juez Bolaños, la providencia de la juez Ordóñez que fija 45 días de plazo para que la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta emita un informe de "todas las transferencia de financiación, de explotación o de capital y finalistas acordadas y realizadas por las distintas Consejerías de la Junta a IFA/IDEA", desglosados por Consejerías, anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2011.
Es sabido que el PP esgrimió que la cuñada de la juez Bolaños era personal de control financiero de la Agencia Idea para solicitar su recusación. El fiscal Soto niega que haya motivos para la recusación de la juez por cuanto María Guija, hermana de su marido, Julio Guija, no tenía posibilidades de influir en las subvenciones que gestionaba la Agencia.
Si la Audiencia atiende la petición del fiscal Soto, el caso de las transferencias y financiación, que la juez Bolaños desatendió desde que fue abierto por su juez de refuerzo, Álvaro Martín, en 2016, volvería a sus manos. El Mundo destaca hoy ese abandono de la instrucción durante dos años, abandono que fue denunciado públicamente por la propia fiscalía anticorrupción y subrayado por la Audiencia.
Esto ocurre mientras las defensas de los 22 ex altos cargos de la Junta en el juicio por el procedimiento específico usado en el caso de los ERE, recrudecen su ataque a la consideración de irregularidad que los peritos judiciales de la Intervención General del Estado atribuyen al uso de las transferencias de financiación.
Naturalmente, todo el caso de los ERE y el de las transferencias de financiación depende de que el tribunal de la Audiencia que preside el juez Juan Antonio Calle admita o no que el uso de las transferencias de financiación realizadas a la agencia IDEA y el uso que esta les dio posteriormente para pagar subvenciones y ayudas encubiertas –el fondo de reptiles del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero–, es un procedimiento irregular como sostienen la Fiscalía, los interventores generales de la propia Junta, los peritos judiciales y ala acusación particular ejercida por el PP.
Llamativo resulta en el asunto, no la posición de las defensas que, lógicamente, tratan de hacer ver que tales transferencias eran legales y habituales, sino la posición del diario El País que, en una pieza a recordar, expuso su opinión de que el uso de estas transferencias era habitual en todas las administraciones y no ilegal.
Pudo leerse en El País el pasado 13 de marzo de 2014: "El mecanismo de pago de los ERE se basa en las transferencias de financiación, un instrumento de pago habitual de las Administraciones, pero cuyo uso por parte de la Junta de Andalucía para abonar los expedientes entre 2000 y 2010 la juez Mercedes Alaya considera ilegal. Las transferencias de financiación suponen un procedimiento de ejecución presupuestaria para agilizar los pagos, en ocasiones a costa del control sobre estos movimientos de fondos." Los ex interventores generales de la Junta de Andalucía que han intervenido en el juicio son de la opinión contraria.
"Tráfico de coincidencias" en la Fiscalía de Sevilla
Como ya hemos puesto de manifiesto en otras ocasiones, el "tráfico de coincidencias" no cesa en Andalucía. La coincidencia significativa en este caso es que sólo días antes de la toma de posesión (23 de octubre) del recién nombrado fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo –tras haber superado en la votación correspondiente al fiscal Javier Rufino, muy bien valorado y con excelente currículo profesional–, tiene lugar la negativa de la fiscalía a admitir la recusación de Bolaños.
Recuérdese que el nuevo fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, es muy amigo del exconsejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, amigo personal, a su vez, de la juez Bolaños y de su marido, Julio Guija.
Además, el nombre del nuevo fiscal jefe de Sevilla saltó a los medios de comunicación el pasado mes de mayo. Siendo entonces fiscal jefe de Huelva, Arévalo decidió, con sorpresa manifiesta en los juzgados de Huelva y escándalo del juez del caso pedir el archivo del caso del fraude de la formación tras haber apoyado su instrucción durante años. Con esta decisión, se libraban de sospechas, en caso de prosperar, un conjunto de imputados, algunos de ellos bien próximos al PSOE de Huelva y especialmente, al número 2 de Susana Díaz en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez.
El "cambiazo" del fiscal Fernández Arévalo fue escandaloso porque tras haber ejercido como acusación pública en el caso del fraude de la formación en la provincia, solicitaba el sobreseimiento provisional de la pieza principal de la causa porque no consideraba "constitutivos de delito" los hechos investigados por la Policía Nacional en la operación EDU por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos.
Su metamorfosis judicial tuvo respuesta en el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva que acordó remitir la causa de los cursos de formación al superior jerárquico del fiscal Fernández Arévalo para que informara si finalmente sostenía o no la acusación en la pieza principal, ya que consideraba "injustificado" que el fiscal pida el archivo "cuando meses antes había solicitado la confirmación del auto que especificaba los indicios de delito contra los acusados".
Pero hay otras coincidencias que permiten considerarlo cercano a los círculos de poder del PSOE andaluz. Su esposa, Pilar Sepúlveda García de la Torre, fue propuesta por el PSOE – según algunas fuentes directamente por Susana Díaz–, como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Durante años, fue presidenta de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales de Andalucía (AMUVI), una asociación de mujeres sin ánimo de lucro de ámbito andaluz a la han llegado centenares de miles de euros en subvenciones procedentes de diversas fuentes de apoyo económico, sobre todo de la Junta de Andalucía.
Abundando hay que subrayar que su cuñada, María de los Ángeles Sepúlveda García de la Torre, doctora por la Universidad de Sevilla, licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Legal y Forense y experta en malos tratos y violencia de género, victimología y mediación familiar.
Recuérdese que el marido de la juez Núñez Bolaños, Julio Guija, es un alto cargo de los Institutos de Medicina legal y Forense, precisamente en Sevilla, donde obtuvo la dirección del ente provincial gracias, según publicó El Demócrata Liberal, a un "aupamiento" derivado de sus relaciones con el PSOE y la Junta de Andalucía.
En 2015, su cuñada fue nombrada directora general de Violencia de Género, tras una larga carrera que había comenzado con la gestión de la empresa cooperativa agrícola Hermanos Sepúlveda (1988-1994). Luego fue la secretaria de AMUVI que presidía su hermana y luego muchas otras cosas.