En una sociedad democrática, el ascenso en la función pública debe estar fundamentado en el marco jurídico de un Estado de derecho. En la práctica, demasiados casos son ejemplos de que las escaladas político-profesionales son resultado "de las selecciones y nombramientos caprichosos de personal", ya sean parientes familiares o políticos. Así lo escribe Luis Escribano, funcionario de la Junta y opositor al régimen socialista, en El Demócrata Liberal, al exponer su investigación sobre el currículo de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Recuerda Escribano que es la Constitución de 1978 la que consagra el derecho fundamental de todos los españoles de "acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes" mediante convocatoria pública en la que se garanticen en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Sin embargo, afirma, "los Parlamentos y Gobiernos, estatales y autonómicos, con las diferentes leyes y reglamentos que han ido aprobando, han adulterado los principios esenciales y corrompido el sistema de selección y promoción de los empleados y cargos públicos, logrando que los derechos y libertades reconocidos como fundamentales dejaran de ser efectivos. Para colmo, en demasiados casos los Tribunales de Justicia no nos han otorgado a los ciudadanos el amparo necesario."
La consecuencia es que "el nepotismo constituye el elemento clave para construir cualquier sistema político corrupto, y lo ocurrido en Andalucía es la prueba patente de ello. Además, cuando se marginan los principios fundamentales en la selección y promoción de los empleados públicos, tanto en puestos básicos e intermedios como en puestos directivos, la corrupción se autoalimenta y crece sin parar, constituyendo lo ocurrido con la libre designación el más claro ejemplo de perversidad."
El caso del currículo de la ministra de Hacienda
Todo comenzó con una designación directa y a dedo para un puesto directivo sin méritos (antigüedad de unos pocos meses), en detrimento de empleados públicos que sí disponían de amplios y reconocidos méritos y con la opacidad necesaria que impedía detectar la operación.
María Jesús Montero Cuadrado nació en 1966, y estudió en la Universidad de Sevilla, obteniendo la Licenciatura de Medicina y Cirugía General, carrera que en aquellos años duraba 6 años. Por tanto, si inició la Licenciatura en 1984, debió de terminar la carrera en 1990. De hecho, estuvo presente en el XXV aniversario de dicha promoción. Ahora es ministra de Hacienda, pero no se le conoce ejercicio médico sino administrativo.
Si hay una tradición de médicos escritores en España, bajo el socialismo andaluz se ha inaugurado una nueva costumbre de facultativas consejeras de Hacienda, a pesar de que las formaciones técnicas de ambas disciplinas son bien diferentes.
De hecho, Carmen Martínez Aguayo, imputada en el caso ERE y amiga del asimismo imputado, José Antonio Griñán, siendo médica fue también consejera de Hacienda en Andalucía. Montero fue nombrada asimismo por Griñán, quien había sido viceconsejero de Sanidad de la Junta en la década de los 80 y luego ministro de Sanidad con Felipe González.
Siendo estudiante de Medicina, ocupó los cargos de presidenta de la Comisión de Marginación del Consejo de la Juventud de Andalucía,bajo un gobierno del PSOE con mayoría absoluta (1986-1988), y secretaria general de la misma Comisión (1988-1990).
La investigación de Escribano arroja que tuvo que presentar su solicitud para participar en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Función Administrativa del Estatuto de Personal no Sanitario dependientes del Organismo (BOJA de 29-05-1991). De hecho, obtuvo plaza de personal estatuario del citado cuerpo en mayo de 1994. En su tribunal estuvo su amigo, Juan Carlos Castro Álvarez, que luego sería nombrado director gerente del SAS y mantenido en el cargo por ella misma cuando fue Consejera de Salud.
No llevaba ni un año trabajando en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla como técnico administrativo no sanitario, cuando fue designada en 1995 como personal fijo con plaza en propiedad, en el puesto de subdirector médico del Hospital Universitario de Valme de Sevilla, por el Gerente Provincial del SAS de Sevilla, José Manuel Cabrera Rodríguez. Su nombramiento fue opaco y relativo a una convocatoria realizada dos años antes (1992) de que Montero fuera siquiera técnico del SAS.
En la convocatoria, que se refería a la provisión de puestos vacantes de carácter directivo que existan en la actualidad como para cualquiera otros que en un futuro pudieran producirse, e certificaba que "la selección se llevará a cabo por el sistema de libre designación" corriendo la evaluación por cuenta de la Dirección General de Personal.
La propia Montero, siendo ya consejera de Salud del gobierno Chaves, aplicó el mismo sistema para nombrar a empleados allegados y fue la aprobación y aplicación de su Decreto 75/2007 uno de los puntos denunciados en la jurisdicción penal por la Asociación "Justicia por la Sanidad", presidida por el famoso Spiriman, pendiente de resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla. Según la Cámara de Cuentas de Andalucía tal normativa era un obstáculo para la plena aplicación de los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación que –entre otros–, deben presidir la selección de personal directivo de los centros sanitarios.
En 1998, tras tres años de experiencia en el Hospital de Valme, llegó el siguiente nombramiento, un puesto en la Subdirección Médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, concretamente la Subdirección Médica del Hospital Duques del Infantado y Área.
Curiosamente, en aquel momento la Directora Gerente del SAS era Carmen Martínez Aguayo, antecesora suya en la Consejería de Hacienda y artífice del blanqueo de la administración paralela de la Junta, la Faffe entre otros entes, integrándola en la administración pública andaluza.
Tras su nombramiento en el Hospital Virgen del Rocío, María Jesús Montero entró a formar parte de la Comisión de Dirección del mismo y de su Junta Facultativa como vocal, junto a los otros cuatro subdirectores médicos. Luego vino su nombramiento definitivo como subdirectora gerente del Hospital Virgen del Rocío.
Subraya Escribano que parecía que Montero estaba "predeterminada" como candidata a ocupar dicho puesto incluso antes de que se abriera el plazo de presentación de solicitudes, como se confirmó posteriormente. Así, por Resolución de 10-07-2001, su amigo, el director gerente del SAS, Juan Carlos Castro Álvarez, acabó nombrándola definitivamente en el citado puesto, tomando posesión del puesto el 16-07-2001. Por aquel entonces el consejero de salud era Francisco Vallejo Serrano, imputado en el caso ERE.
Un año después, fue nombrada viceconsejera de Salud mediante el Decreto 235/2002, de 17 de septiembre (BOJA de 21-09-2002), estando Francisco Vallejo Serrano de consejero de Salud en la VI Legislatura (2000-2004). Posteriormente, María Jesús Montero fue nombrada consejera de Salud por el presidente Manuel Chaves, en la VII Legislatura (2004-2008), tomando posesión el 25 de abril de 2004, así como en la VIII Legislatura (2008-2012).
Hasta 2008, mantuvo a Juan Carlos Castro como director gerente del SAS, y en 2008, promovido por María Jesús Montero, fue nombrado director-gerente del SAS José Luis Gutiérrez Pérez, otro amigo, que ocupó el cargo hasta 2014.
En abril de 2009, tomo posesión de la Presidencia de la Junta José Antonio Griñán Martínez, entonces consejero de Economía y Hacienda. María Jesús Montero seguiría como consejera de Salud, y Carmen Martínez Aguayo, otra médico, era nombrada consejera de Economía y Hacienda (en la remodelación de 2010 fue nombrada como consejera de Hacienda y Administración Pública).
En la Legislatura IX (2012-2015), en la que IU y PSOE conformaron el Gobierno andaluz, María Jesús Montero tomó posesión el 5-05-2012 como consejera de Salud y Bienestar Social, y Susana Díaz como consejera de la Presidencia e Igualdad.
Tras la dimisión del expresidente Griñán y quedar Susana Díaz como presidenta de la Junta, nombró a María Jesús Montero consejera de Hacienda y Administración Pública, cargo que ocupó hasta su traslado a Madrid.
Juan Carlos Castro Álvarez, junto a otros cargos del SAS y de la Consejería de Salud (María Jesús Montero Cuadrado, María José Sánchez Rubio, Aquilino Alonso Miranda, Marina Álvarez Benito, José Luis Gutiérrez Pérez, José Manuel Aranda Lara, Rafael Burgos Rodríguez y Celia Gómez González), figuran como posibles responsables en la denuncia presentada por laAsociación Justicia por la Sanidad, por la presunta comisión en sus actuaciones de los delitos de prevaricación continuada y nombramientos ilegales.
Sin embargo, la denuncia fue inexplicablemente archivada inicialmente por un Juzgado de Sevilla sin practicar diligencias algunas de investigación. Dicho archivo ha sido recurrido, y está pendiente de resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla.