El Partido Popular quiere la repetición del juicio por la Época Primera de la Gürtel. No se conforma con la condena como responsable civil a título lucrativo –la formación como persona jurídica se benefició de los delitos, pero no participó– por la sospecha en relación al Tribunal que enjuició el caso en la Audiencia Nacional. En concreto, por la "apariencia de parcialidad" de José Ricardo de Prada que, según el criterio de la formación, habría ayudado para el cambio de Gobierno a favor del PSOE.
El recurso de casación contra la sentencia recuerda que la ministra Dolores Delgado ha elegido recientemente a este juez "como uno de los cuatro miembros externos de la Comisión para Restablecer la Justicia Universal". También que varias de las partes cuestionaron antes de la redacción del fallo "la suficiente imparcialidad subjetiva" de José Ricardo de Prada por su "conocida amistad" con Baltasar Garzón, el primer instructor de la causa inhabilitado por las escuchas a los imputados y que, según el excomisario de las cloacas José Manuel Villarejo, cocinó la investigación de la trama.
El PP pretende que los condenados, entre ellos el cabecilla Francisco Correa y quien fuera tesorero del partido Luis Bárcenas, se sienten otra vez en el banquillo. Entre otros motivos, porque entienden que el Tribunal se extralimitó en el objeto sujeto a práctica de prueba cuando incluyó en la sentencia afirmaciones sobre la Caja B.
En un escrito que supera los cien folios presentado ante el Tribunal Supremo, sostiene que esos fragmentos "han tenido una enorme trascendencia política" y que la nueva sentencia "omita todo hecho del Partido Popular y toda la calificación del mismo que sea ajena al objeto propio de la causa de evaluación de su participación a título lucrativo", es decir, sea absolutoria.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó al PP a una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo. Se benefició de actos electorales de 2003 que sufragaron las empresas del grupo Correa en los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Una decisión que contó con el voto discrepante del presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado.
En cuanto a la contabilidad paralela, el PP cree que ha sufrido un "auténtico juicio paralelo carente de toda garantía y toda justificación". Reprocha al tribunal su actitud impropia porque atribuyó a la formación de forma "directa e indirecta la comisión de, al menos, dos importantes delitos: cohecho pasivo y financiación irregular". Concluye que "esta contabilidad oculta, frente a lo afirmado en la sentencia, era inexistente".