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El 'gesto político' del Gobierno a Torra será el 2 de noviembre: la Abogacía del Estado descartará el delito de rebelión

Es lo que pedían los independentistas: un pronunciamiento político que, de momento, sólo sugiere el Gobierno de Pedro Sánchez.

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El 'gesto político' del Gobierno a Torra será el 2 de noviembre: la Abogacía del Estado descartará el delito de rebelión
Carmen Calvo | EFE

Los separatistas llevan pidiendo un gesto político tanto en público como en privado desde hace meses. Un gesto que, en un principio, pretendían que fuera una instrucción o recomendación a la Fiscalía que el Ejecutivo se ha negado a hacer en público y ha explicado por qué en privado a los representantes de la Generalidad, con quienes se reúne en el marco de la comisión bilateral.

Pero la novedad llegó hace diez días cuando el entorno del independentismo en Madrid y Barcelona reconocía que no era posible la vía de la Fiscalía y que el "gesto político" podía llegar desde la Abogacía del Estado que actúa en representación del Gobierno, tal y como confirmaron fuentes de ERC y JxCat a Libertad Digital pocos días antes de la visita del líder de Podemos, Pablo Iglesias a la prisión de Lledoners.

Pues bien, el gesto político ya tiene fecha: el 2 de noviembre, el día en que expira el plazo del ultimátum de Quim Torra al Gobierno, según concretó el vicepresidente de la Generalidad, Pere Aragonés. Una fecha que avanzó este jueves la vicepresidenta, Carmen Calvo, en una entrevista en Onda Cero en la que avanzó que las calificaciones de la Abogacía, pero también de la Fiscalía, llegarán en torno al 2 de noviembre".

¿En qué sentido se pronunciará la Fiscalía? Pues las pistas que da el Gobierno son múltiples y apuntan a que la Abogacía, que actúa en nombre del Ejecutivo, descartará el delito de rebelión. Y así lo insinúan públicamente los miembros del Gobierno. Primero, la vicepresidenta Carmen Calvo, que pidió "adecuar el delito de rebelión a las situaciones actuales". Y segundo, en la sesión parlamentaria de este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien sugirió que el delito de rebelión no es aplicable al procés.

"En 1994, el señor Federico Trillo, diputado del PP, decía que la rebelión se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares", señaló Sánchez al final de su intervención en el pleno del debate del Consejo Europeo. Algo que se corresponde con la iniciativa que Sánchez propuso el pasado mes de mayo, antes de presentar la moción de censura que le llevaría a Moncloa, en la que pidió una reforma del Código Penal para "adecuar" el conflicto catalán el delito de rebelión que "exige un alzamiento público y violento".

Fuentes del Ejecutivo explican que lo que previsiblemente se produzca el 2 de noviembre es que la Abogacía del Estado sopesa actuar contra los golpistas por sedición y malversación pero no por un delito de rebelión que ya descartó la Justicia alemana provocando un problema político de gran magnitud para el Gobierno de Mariano Rajoy.

La medida de la Abogacía supone una doble cesión del Gobierno: primero, porque cumple con los plazos exigidos por los independentistas después de que la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, dijera que "el Gobierno de España no acepta ultimátums de ningún tipo". Y, segundo, porque, sin dar instrucciones a la Fiscalía, el Gobierno por el que la Abogacía actúa en su nombre, fija posición política de consideración negativa sobre un delito de rebelión que elevaría considerablemente las penas de los golpistas presos actualmente en prisión provisional.

La estrategia independentista

Como ya destacó Libertad Digital, fue hace una semana cuando los dos partidos independentistas, PDeCAT y ERC, pusieron en marcha la nueva estrategia para dirigir su presión a la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, como vía más posibilista para conseguir ese movimiento que reclaman hacia los encarcelados.

Fueron los del fugado Puigdemont, dirigidos por la portavoz del Gobierno de Quim Torra, Elsa Artadi quienes convencieron a los de Junqueras para pactar una jugada conjunta que consiguiese acorralar al Gobierno, para que a partir de ahora "no pueda seguir escondiéndose tras la defensa de la separación de poderes", como confirmó el pasado 11 de octubre el diputado Ferrán Bel en rueda de prensa en Barcelona.

Un gesto, el de la Abogacía del Estado que aunque a efectos procesales no vaya a significar un gran avance, a los separatistas les serviría para poder apuntarse un tanto ante los suyos porque han conseguido un gesto del Gobierno y a la vez, justificar en la calle, un posible voto afirmativo a los Presupuestos Generales del Estado.Una forma, para ellos, de volver a salvar a Sánchez y evitar unas elecciones que, tal y como admiten en privado, ni a ERC ni a JxCat ahora le convienen.

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