El Gobierno va de farol. Amenaza a la Iglesia Católica con aplicar la Ley de Memoria Histórica para impedir el traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos a la Catedral de la Almudena en donde la familia Franco posee una propiedad privada en la cripta de la catedral y en donde está enterrada su hija, Carmen Franco. Se trata en realidad de un mecanismo de presión para que la Iglesia Católica en general y el Vaticano en particular accedan a mediar para convencer a la familia de cambiar la nueva ubicación de los restos mortales del dictador.
Según fuentes del Ejecutivo, "hay que leer entre líneas" el comunicado del Vaticano que supuso este martes un enorme varapalo. El Gobierno lo niega porque del escrito deduce dos mensajes. El primero, que la Iglesia "acepta la exhumación de Franco, que algunos ponían en duda, y lo hace por escrito". Y, segundo, que "el Vaticano está reconociendo que lo deseable es que no se inhume a Franco en la Almudena y se busque otro lugar".
El conflicto radica, según el Gobierno, en que la Iglesia no asume su papel de mediador y deja toda la responsabilidad en el Ejecutivo de Pedro Sánchez que se ha metido sólo en este asunto sin haber pedido la intercesión inicial de la Iglesia. Es el motivo por el que las fuentes consultadas han decidido lanzar la amenaza velada de que aplicarán la Ley de Memoria Histórica contra la Iglesia en el caso de que no paralice el entierro de Franco en el centro de Madrid exponiéndose a convertir la catedral madrileña en un centro de peregrinación de la extrema derecha.
Un mensaje que ha recordado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "No hace falta recordar que hay que cumplir con la Ley de Memoria Histórica porque es una ley vigente en nuestra legislación que contó con un amplio respaldo del parlamento. Cualquier actuación de cualquier institución se tiene que regir por la Ley de la Memoria Histórica".
Sin embargo, en el Gobierno son conscientes del "principio de jerarquía normativa" por el cual los acuerdos con la Santa Sede prevalecerían sobre la Ley de Memoria Histórica. Unos acuerdos que en su punto 5 del artículo 1 dejan claro que "los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes" y "no podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado. En caso de expropiación forzosa será antes oída la Autoridad Eclesiástica competente".
El Gobierno no quiere ni oír hablar de la ruptura del Concordato con lo que esperan que sea la propia Iglesia quien decida actuar. Miembros relevantes del Gobierno explican que "es la Iglesia quien tiene que arreglarlo y va a arreglarlo" porque "este Papa no se puede permitir que se entierre a un dictador en la catedral de la Almudena". Aventuran en el ejecutivo que "el papa Francisco va a interceder" para evitarlo. Pero este martes alardearon de un acuerdo con el Vaticano que la Santa Sede tardó apenas dos horas en desmentir.